Los paros aislados de los camioneros comenzaron con los empleados del transporte de caudales y se sintieron especialmente en ciudades del interior como Córdoba y Rosario y en los cajeros automáticos que no están dentro de un banco sino en centros comerciales, estaciones de servicio o supermercados. El secretario general de Camioneros en Rosario, Marcelo Dainotto, se disculpó con los ciudadanos porque “lamentablemente están quedando sin plata varios cajeros”, mientras participaba de las movilizaciones frente a las puertas de Prosegur, Brink y Maco.
En Buenos Aires, Pablo Moyano, número 2 del sindicato que paraba por un aumento salarial del 30%, se reunía en la sede del gremio, en Constitución, con delegados de las distintas ramas del transporte para establecer cuál pararía cuándo. Los días siguientes, se decidió, serían los camiones de combustible y los de mercadería para los supermercados.
En el fondo reverberaba la pelea de Hugo Moyano con el gobierno, del que había sido aliado y al que ahora enfrentaba, en público pero también en casa: había acusado a algunos ministros de “comprar dirigentes sindicales” en la oposición a su mando en la CGT. “Estamos pidiendo, además, una compensación por el robo que les hace el Estado a los trabajadores cobrándoles impuesto al trabajo por ganancias”, agregó Moyano hijo.
La posibilidad de que la recolección de basura se interrumpiese en un feriado como el siguiente 20 de junio afectaría a la ciudad de Buenos Aires y varios municipios de la provincia. El correo postal y el reparto de diarios y revistas serían los siguientes. La propuesta de los empresarios, del 18% en tres cuotas, estaba muy lejos del objetivo sindical. El paro iba a seguir.
Discretamente, la AFIP eliminó de su sitio la opción de compra de divisas para ahorro. Las opciones principales, a las que tampoco se podía acceder fácilmente, eran viajes y adquisición de bienes.
La ola de retiro de dólares seguía: si antes de las restricciones los depósitos privados en bancos eran de USD 15.000, en los 20 días anteriores se había esfumado la tercera parte, según información del BCRA. El blue cerró la semana apenas un centavo debajo de la apertura el lunes: $5,89.
Paraguay entraba en una gran crisis institucional que terminaría con el gobierno de Fernando Lugo. En Curuguaty, una localidad al nordeste de Asunción, 17 personas murieron en una toma de tierras del empresario y político colorado Blas Riquelme. Las relaciones del gobierno de Lugo con los campesinos sin tierra estaban en mal estado, pero con miras a las elecciones siguientes se intentaba reconstruirlas. La toma, que aquel viernes 15 cumplía tres semanas, no beneficiaba esos planes.
En el territorio, el fiscal Jalil Rashid, ex abogado de Riquelme, encabezó el operativo de 400 policías, con caballos y francotiradores. La orden la había dado el Ministerio del Interior, aunque la policía sabía que los campesinos estaban armados y había pedido más inteligencia antes de entrar. Lo que al comienzo pareció ser un caso más de asesinato de campesinos en relación a la propiedad de las tierras —durante los años de Alfredo Stroessner y bastante después se otorgaron irregularmente 7,75 millones de hectáreas, según la Comisión de Verdad y Justicia— derivó en un juicio político express que destituyó a Lugo.
Tras la muerte de 11 campesinos y siete policías se habló de un presunto grupo insurgente, que nunca se comprobó, y al mismo tiempo que los trabajadores rurales eran torturados en la cárcel de Tacumbú, el presidente forzó la renuncia de su ministro del Interior, Carlos Filizzola. Pero la situación política ya estaba fuera de su control: él manifestaba su “absoluto respaldo” a las fuerzas de seguridad mientras los dirigentes campesinos hablaban de una masacre coreografiada, la oposición lo responsabilizaba por haber garantizado la toma sin proteger la vida de los policías y sus aliados liberales le cobraban la distancia que se había creado entre ellos.
El miércoles 20, con el voto de 76 legisladores, entre ellos los de la coalición política que había llevado a Lugo al poder, se aprobó la propuesta colorada de juicio político; hubo un solo no y tres ausentes. Los liberales del vice Federico Franco, quien completaría el mandato de su ex compañero de fórmula, renunciaron al gabinete. El 22 de junio el Senado encontró a Lugo culpable y lo destituyó. Riquelme murió dos meses más tarde y fue homenajeado en el mismo Congreso.
Barack Obama, que finalmente había roto el empate en las encuestas que lo medían contra su competidor en las elecciones, el candidato republicano Mitt Romney, conmovió a la comunidad hispana —la primera minoría del país, muchos de los cuales son votantes— con una medida inesperada: por decreto otorgó a más de 800.000 jóvenes indocumentados un estatus legal temporario que les permitiera regularizar su situación y aspirar a la residencia.
Además de suspender “de inmediato” las deportaciones para los menores de 30 años que hubieran ingresado al país en la infancia y la adolescencia, es decir sin capacidad legal para decidir, creó esta figura de permiso transitorio para el grupo llamado dreamers: gente que se crió en los Estados Unidos, que a duras penas habla un castellano doméstico. “Pónganse en su lugar: imaginen que hicieron lo correcto toda su vida, estudiaron duramente, trabajaron duramente y, de pronto, tienen que afrontar la amenaza de deportación a un país del que no conocen nada”, dijo Obama.
El demócrata, que sería reelegido, aclaró que no era “una solución permanente” al problema migratorio: por entonces se estimaba en casi 11 millones a los inmigrantes sin papeles. “Esto no es una amnistía. No es una inmunidad. No es un camino a la ciudadanía”.
Entre otras condiciones, los jóvenes debían ser estudiantes o graduados o haber prestado servicio militar; no podían tener antecedentes penales ni haber dejado impuestos impagos. Con ese permiso de trabajo obtendrían el documento básico para armar un camino legal de residencia, el número de seguridad social, y a partir de ahí podrían buscar otras opciones para establecerse legalmente en el país al que pertenecían.
En Argentina era el Día Nacional del Libro y una estación del subte E cambiaba su nombre por el de un escritor de algunos títulos muy famosos: Rodolfo Walsh. A pocos metros de donde fue secuestrado por las fuerzas de la represión ilegal que lo convirtieron en un desaparecido en 1977, en la parada de San Juan y Entre Ríos la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro hizo el rebautizo en un acto al que fueron Lilia Ferreyra, la viuda del autor de Operación masacre y Un kilo de oro, su hija Patricia y el historiador Osvaldo Bayer, entre otros.
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