El PRO tenía que renovar autoridades en la ciudad de Buenos Aires, su distrito más importante, y había decidido presentar una lista de unidad. Esa voluntad, sin embargo, no logró la desaparición mágica de las internas —la principal, entre la diputada Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta— y fueron necesarios dos pedidos de prórroga a la justicia electoral.
Michetti había renunciado a la presidencia de PRO CABA para sumir la vicepresidencia de PRO Nación. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, pensaba en las elecciones de 2015 e imaginaba las legislativas de 2013 como un buen entrenamiento: imaginaba a Michetti encabezando la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires y a Rodríguez Larreta convirtiéndose en senador por la ciudad. Pero Michetti quería quedarse en la ciudad, donde el partido era fuerte. Esas tensiones se filtraron en la discusión de cargos, que derivó en 48 horas de intensidad a partir de aquel miércoles 13.
Desde el punto de vista del michettismo, Rodríguez Larreta quería quedarse con todo: presidente y vice del Consejo Directivo y titular de la Asamblea General. El funcionario porteño, además, había hecho el truco de enviar dos negociadores en lugar de uno para que representaran sus intereses y los de su discípula, María Eugenia Vidal, por entonces vicejefa de Gobierno, y la dupla acumulara así más cargos. Los analistas políticos veían, en cambio, que esa separación indicaba que también se abría una interna entre Vidal y Rodríguez Larreta.
Lo cierto es que Martín Borrelli (Michetti), Eduardo Macchiavelli (Rodríguez Larreta), Federico Salvai (Vidal) y Fernando de Andreis (en representación de Marcos Peña) no lograrían consensuar la lista aquel día. Nadie cedía. Sólo el viernes llegarían a presentar una nómina que terminó por hacer feliz a Rodríguez Larreta, quien quedó como nuevo presidente de PRO CABA. Vidal quedó como primera vice y Michetti como segunda vice, y la asamblea recayó en un aliado del larretismo, Francisco Quintana.
El plan de viviendas que el gobierno acababa de anunciar era un boom: las consultas superaban las expectativas. Se iba a financiar con recursos de la Anses, que cuenta con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para gastos y programas como Pro.Cre.Ar. Con inmejorable sentido de la oportunidad, la Corte Suprema emitió una resolución por la cual intimaba al titular de la Anses, Diego Bossio, a presentar un informe sobre cómo se emplea el FGS, cuánto atraso registra en el pago de fallos judiciales por jubilaciones y cuáles son los nombres de los beneficiarios que el gobierno consideraba que cobraban en exceso.
La causa aparente era una demanda que ya tenía tres años, hecha por un grupo de jubilados mediante la Defensoría del Pueblo, para extender a todos los reconocimientos de dos sentencias por las cuales se ajustaron las cifras de cobro y se pagaron retroactivos. La causa de fondo, las presiones del gobierno para cambiar el régimen de jubilaciones de privilegio, restringir ajustes y retroactivos y hacer que los jueces pagaran el impuesto a las ganancias.
Un año antes la Anses había brindado “un informe insuficiente sobre el pago de sentencias”, según la resolución. En realidad, la Anses había repondido que no podía asumir los gastos de ajuste y retroactivos sin caer en “un déficit estructural” Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni (Carmen Argibay estaba enferma y con licencia) pedían ahora que actualizara las cifras y completara la información faltante. En particular cómo se usan los millones del FGS, de los que ahora dependía el programa estrella del gobierno.
El blue continuaba estable, $5,89-$5,93, pero el retiro de depósitos en dólares no menguaba. Ya eran unos USD 65 millones en lo que iba de la semana: menos que los USD 110 millones diarios de la primera semana de junio, pero todavía muy alto para que el Banco Central pudiera mejorar sus reservas y cumplir con los bancos europeos.
“Debatir es defender el modelo sindical”, se titulaba, con muchas mayúsculas de énfasis, la solicitada que firmaban algunos de los nombres más importantes de la CGT como Jorge Viviani, Gerardo Martínez, Héctor Daer, Oscar Lescano y Armando Cavalieri. O sea, todo el antimoyanismo.
El texto publicado en la sección política del principal medio de papel expresaba la “preocupación por la ilegalidad y falta de transparencia del proceso electoral” que sentían 20 de los 35 miembros del consejo directivo de la confederación; unas eleccioners digitadas “por una minoría del movimiento obrero”. Camino a las elecciones del 12 de julio, la interna ardía y los opositores a Hugo Moyano parecían amenazar con la fractura. “El personalismo debe ser reemplazado por el amplio consenso” y “la nueva conducción debe surgir de un debate plural y democrático”, agregaron.
El texto no elude alusiones a la posible fractura de la CGT: “Como representantes de la mayoría del movimiento obrero, tenemos la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos necesarios para mantener la unidad, por ello reclamamos un proceso electoral que respete la legalidad y asegure la participación de todos”.
Aquel miércoles Moyano les contestó desde el Club del Progreso, donde llegó como invitado de honor: “El único lugar del que no se vuelve es la traición”.
Insistió en la legalidad de la convocatoria a elecciones en la CGT: “La impugnación no tiene sentido. Es inaceptable la denuncia que hacen los otros sectores”. Según el secretario general, “las cosas se hicieron como corresponde” y sus adversarios ocultaban su debilidad con esos gestos: “Van a perder, por más que digan que tienen todos los delegados. Ellos tienen miedo de perder”. También denunció que el gobierno estimulaba la división: “Sería el avance sobre una de las pocas instituciones que quedan en pie del país”.
Uno de los miembros más encumbrados del club, el ex presidente Fernando de la Rúa, no se contó entre los 120 invitados: iba a salir esa noche, como invitado especial de la Confederación Demócrata Federal que se presentaba en la Asociación de Criadores Pur Sang. Luego de su renuncia durante la crisis de 2001, De la Rúa se había retirado de la política. Todavía procesado en varias causas —una de ellas, los muertos por la represión el 19 y 20 de diciembre— sonrió cuando lo aplaudieron y se sentó a su mesa.
En la Universidad de Buenos Aires Susana Trimarco recibía un doctorado honoris causa “por su valiente trabajo contra la trata de personas” y en el Congreso, dos comisiones de la Cámara de Diputados abrían camino al debate sobre una ley que incluyera en el Plan Médico Obligatorio (PMO) la fertilización asistida, de manera tal que quedara a cargo de las obras sociales, las prepagas o la salud pública. En San Fernando, en un terreno removido para una construcción, unos niños dejaron de jugar cuando encontraron un tambor en el que se veían huesos.
Había tres, encontraron los peritos del Cuerpo Médico Forense. Parecían rellenos con cal y sellados con cemento. Los organismos de derechos humanos presumieron que serían desaparecidos durante la dictadura: las estimaciones de su antigüedad indicaban eso y eran iguales a otros ocho tambores hallados en 1989 en la zona, con varias víctimas de la represión ilegal, entre ellos Marcelo Gelman Shubaroff, hijo del poeta Juan Gelman.
Fue el inicio de una serie de hallazgos en esa tosquera. Entre ellos estaban los restos de dos diplomáticos de la embajada de Cuba en Buenos Aires, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández y Jesús Cejas Arias, secuestrados en agosto de 1976 y vistos por última vez en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. En aquel entonces la agencia AP había recibido una carta manuscrita que decía “Nos dirijimos a usted para por este medio comunicar que hemos desertado de la embajada para gozar de la libertad del mundo occidental”. Entre los restos también se encontraron los de María Rosa Clementi de Cancere, empleada de la embajada, y Ricardo Manuel González, estudiante de derecho.
Un total de 42 ataques en Bagdad, Kirkuk y Mosul causaron 72 muertos chiítas y más de 200 heridos. Desde enero no había violencia de esta magnitud en Irak: 20 coches bombas coordinados con otras explosiones en 18 provincias del país.
En el Festival de Cine de Tokio El sorprendente Hombre Araña, con Andrew Garfield como Peter Parker, tenía su première mundial; se estrenaría semanas más tarde para recaudar casi USD 758 millones en el mundo. Y en el teatro El Círculo, de Rosario, el Conjunto Pro Música Antiqua comenzaba los festejos de sus 50 años con un programa de Haendel.
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