La voz del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, avanzó sobre el auditorio Felipe Vallese, cuya remodelación en 2008 incluyó un cieloraso acústico: “No es posible que un gobierno que se dice peronista, que habla de distribución equitativa de la riqueza, permita esta discriminación de los trabajadores y sus hijos”.
Los topes salariales eran antiguos y no hacía falta ganar mucho, sólo contar con aumentos por la inflación, para quedar fuera del rango que podía cobrar el beneficio de la asignación familiar; muchas personas, además, habían entrado en el grupo que pagaba “ese maldito impuesto a las ganancias”, agregó. Una de las herramientas que empleaba en su pelea con el oficialismo era la desactualización de eso valores. “No puede ser que no haya una respuesta. ¿Es un gobierno democrático o un gobierno autoritario?”, preguntó aquel martes 12, cuando anunció que la CGT haría una movilización para reclamar ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
El 26 de junio los gremios irían al Inadi a denunciar que “el gobierno discrimina a los niños porque no les paga a miles de trabajadores las asignaciones familiares”, razón por la cual “muchos chicos tienen que salir a trabajar o a pedir limosna”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no le respondió: Moyano hablaba como parte de la interna de la CGT, en la cual ella apoyaba a sus adversarios, y además estaba ocupada con uno de los mayores anuncios de su gestión: el programa de viviendas Pro.Cre.Ar.
En el Museo del Bicentenario, junto al autor del proyecto, el Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Axel Kicillof, prometió créditos de hasta $ 350.000 para construir o comprar casas y departamentos a estrenar, que beneficiarían a las personas de 18 a 65 años con tasas variables y plazos largos, de 240 y hasta 360 cuotas. Ante “la falta de política hipotecaria por parte de la banca privada”, Cristina Kirchner dijo que su gobierno aumentaba “la apuesta del Estado a un modelo de crecimiento e inclusión social”.
El dinero saldría de la Anses y cubriría unos 100.000 primeros créditos, que se estimaba que generarían empleo en un momento en que la incertidumbre cambiaria afectaba a muchos sectores. Como la propiedad inmueble se valoriza, el Programa de Créditos Argentinos creaba un espacio para los pesos que no se podían convertir en dólares.
Al mismo tiempo, en la Facultad de Derecho de la UBA un homenaje a Esteban Righi —convocado varios meses antes, como a cualquier otro antiguo profesor de mérito— facilitó la primera declaración pública del ex procurador general desde su renuncia. Ante un auditorio topérrimo, que incluyó a supremos como Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, el ex canciller Jorge Taiana, la decana Mónica Pinto y el presidente del bloque radical de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, Righi calificó de “infamia” la denuncia de Amado Boudou. Al comienzo del Caso Ciccone, el vicepresidente había acusado de tráfico de influencias a Righi —quien moriría en 2019, cuando Boudou estaba detenido— y sus familiares en su estudio jurídico.
Mientras los ruralistas terminaban su cese de comercialización en protesta contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires (y el nacional, de paso), a modo de tregua para esperar una invitación al diálogo, Daniel Scioli decidía el retiro de 200 comisarios de la Policía Bonaerense. “No es una purga”, se apresuró a declarar ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal. Aunque días atrás se había realizado otra marcha contra la violencia y la corrupción policial —una marcha de kirchneristas, había sido— Casal insistió en que era algo burocrático, para jubilar a los que tienen más de 30 años de servicio y refrescar la Bonaerense.
El presidente de la Asamblea Legislativa de Malvinas, Gavin Short, anunció que en 2013 se haría un referéndum para que la población de las islas expresara si quería continuar bajo el Reino Unido: “Ciertamente no tenemos ningún deseo de ser regidos por el gobierno de Buenos Aires; ese hecho es obvio para todo el que visita las islas y nos escucha”, dijo, anticipando el resultado del año siguiente: 1513 votos por el sí y 3 por el no.
Telecom dejó a 12 provincias —entre ellas Cordoba y Santa Fe— sin teléfonos fijos ni móviles y desconectados de la red. Un corte en la red de fibra óptica de la empresa reveló que no había previsión para esos casos. Millones de personas se quejaban por la incomunicación, pero el cardenal Jorge Bergoglio tenía otro motivo de indiganción: la muestra Las reliquias de Juan Pablo II camino a la santidad organizada por el Museo del Vaticano y el Museo Arquidiocesano de Cracovia, tenía una entrada de $50. “Los fieles que deseen orar y pedir a Dios por la intercesión del beato sumo pontífice delante de sus reliquias deberán abonar”, dijo en un comunicado. Involucrar los bienes del papa polaco en un acto comercial “causa escándalo”.
La tradición blusera argentina perdió a su mayor impulsor, el músico Adrián Otero, quien murió en un accidente de automóvil en la autopista, mientras viajaba de rosario a Córdoba. Cuatro años antes había dejado Memphis, la banda que había compartido con Daniel Beiserman, Alberto García, Emilio Alfano, Eduardo Anetta, Fabián Prado y Emilio Villanueva para seguir solo. Había editado Imán y estaba por sacar su segundo álbum, El jinete del blues.
La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina entregó los premios Cóndor: la Mejor Película fue Las acacias, de Pablo Giorgelli; el Mejor Director, Carlos Sorín por El gato desaparece; por las actuaciones en protagónicos fueron distinguidos Beatriz Spelzini y Luis Luque, mientras que Claudio Rissi lo fue en reparto.
Por primera vez Los Pumitas pasaron a las semifinales del Mundial Sub 20 al ganarle a Escocia 17 a 12 en Ciudad del Cabo. En Buenos Aires, Gabriel Milito, que había regresado a Independiente, su primer club, luego de ganar títulos de importancia en España —la Liga, la Copa del Rey (2009), el Mundial de Clubes—, anunció que se retiraría al término del campeonato Clausura.
En Rusia, donde pocos días antes Vladimir Putin había promulgado una ley para hacer más graves las restricciones a las manifestaciones políticas, miles de opositores marcharon por la avenida Sjarov de Moscú para protestar por los resultados de las elecciones que le dieron un tercer mandato al presidente. “Paz a las cabañas, guerra a los palacios” fue el eslógan de Sergei Udaltsov, del Frente de Izquierda, quien había sido citado por el Comité de Instrucción Penal justamente en el horario de la marcha, e ignoró el truco con el que muchos contrarios a Putin fueron demorados.
Por la nueva ley, la marcha no podía extenderse más allá de las 6 de la tarde ni reunir a más de 50.000 personas. Fue la segunda movilización contra el presidente luego de la del 6 de mayo, en vísperas de su nueva asunción. Como era feriado por el Día Nacional de Rusia, Putin participó de un acto al mismo tiempo.
SEGUIR LEYENDO: