Hace 10 años: esto pasaba el 30 de mayo

Las FARC, que en febrero habían anunciado que dejarían de secuestrar civiles, aunque los acuerdos de paz no lograron abrirse paso hasta 2016, liberaron al periodista francés Roméo Langlois, colaborador de Le Figaro y France24, a quien mantuvieron cautivo 33 días. “No necesitaba de esta experiencia para conocer el conflicto armado ni la guerrilla”, dijo Langlois, que tenía ya 10 años como corresponsal en Colombia. Excepto el hecho de haberlo “retenido por un mes cuando estaba herido, todo el resto fue muy bien”. Agregó: “No me puedo quejar”.

El periodista acompañaba a una unidad militar en un operativo antidroga en Caquetá cuando las FARC atacaron al grupo y dejaron cuatro militares muertos y siete heridos. Langlois se convirtió en uno de los 9.000 secuestrados que se le atribuyen a las FARC, de un total de aproximadamente 37.000 que hubo durante el conflicto colombiano.

Una misión humanitaria de la Cruz Roja lo esperó, junto con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba y un enviado del gobierno francés de François Hollande, Jean-Baptiste Chauvin, en el pueblo de San Isidro, controlado por la guerrilla. De allí iría a Bogotá, y de Bogotá a París. Actualmente, Langlois cubre la guerra en Ucrania.

En los Estados Unidos Bob Dylan recibía la Medalla de la Libertad de manos del presidente Barack Obama y en Roma Benedicto XVI culpaba a la prensa por las peleas internas que reflejaban las Vatileaks —“Se han multiplicado las deducciones, amplificadas por algunos medios de comunicación, ofreciendo una imagen en la Santa Sede que no responde a la realidad”, dijo el papa que terminaría por renunciar—, pero los argentinos apenas miraban las noticias internacionales: trataban de encontrar el modo de comprar dólares luego de que la AFIP limitara el acceso a las divisas para viajar.

Muchas personas habilitadas para hacerlo llegaban a los bancos y les decían que sus formularios estaba en orden pero sus nombres todavía no aparecían en la base de datos, o que el Banco Central no había emitido un código de autorización (que resultó no ser necesario). En cualquier caso, no les podían vender a precio oficial; otras no lograban que la web de la AFIP los autorizara o encontraban una pantalla que les indicaba que lo intentaran seis meses más tarde.

El blue subía —estaba a $5,88 para la compra y $5,90 para la venta, mientras el dólar BCRA seguía a $4,45-$4,49— y en los tribunales se presentaban los primeros recursos de amparo. Algunos argumentaban que tenían obligaciones en divisas; otros sentían que se había violado su derecho a la intimidad.

Sergio Schoklender declaró en la causa por Sueños Compartidos, el programa de construcción de viviendas de Madres de Plaza de Mayo, y acusó a la presidenta de la institución, Hebe de Bonafini, y a su hija, Alejandra Bonafini. El ex apoderado de la fundación, imputado y detenido entonces, explicó que “las direcciones financiera y contable se encargaban de cumplir las órdenes o requerimientos desmedidos de Bonafini, las Madres, sus hijas y sus acólitos”.

Además de defender el programa (”generó puestos laborales, viviendas y mejores condiciones de vida para la población de sectores marginales”, dijo al juez Norberto Oyarbide) negó que se hubieran desviado fondos del Estado. Él cumplía con los requerimientos del consejo de administración de la fundación, que era responsabilidad de Hebe de Bonafini, agregó. Y entonces habló sobre la hija, que debía declarar ese mismo día.

“No existieron irregularidades con respecto a los subsidios recibidos por la fundación”, comenzó. “La única irregularidad que podría existir fue que la mayoría de los subsidios eran gestionados por María Alejandra Bonafini, quien era funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y, a su vez, contratada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También, por disposición de su madre, tenía un contrato con un sueldo alto en la fundación”.

Alejandra Bonafini negó que hubiera gestionado los subsidios, pero quedó imputada por una operación inmobiliaria confusa con Meldorek, la empresa de Schoklender.

En el Senado, durante el informe de cuatro horas que brindó sobre la marcha del gobierno, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, negó que el Estado tuviera contratos con la imprenta Ciccone, que desde el veloz levantamiento de su quiebra y su venta a The Old Fund estaba en el centro de un escándalo que involucraba al vicepresidente Amado Boudou. Sin embargo, en el expediente judicial del caso estaba presentado como prueba un contrato entre la imprenta y la Casa de la Moneda.

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó un aumento del 53% en las denuncias por ataques asociados al género días antes de que ese miércoles quedara detenido Daniel Lagostena, acusado por “homicidio simple en concurso real con aborto, en el contexto de violencia familiar y contra la mujer”. Era el sospechoso principal —actualmente está confirmada su condena a 22 años de prisión— por el femicidio de Erica Soriano, embarazada de ocho meses.

El cadáver nunca apareció, pero otras pruebas señalaron que el hombre, de personalidad obsesiva y controladora, con celos intimidatorios y explosiones violentas, no sólo había matado a la mujer dos años antes sino que se había deshecho del cuerpo, en principio con ayuda de al menos dos personas.

Otros casos de violencia de género se trataban en esos días: el caso sobre la desaparición de Marita Verón en Tucumán, en 2002, que expuso la trata de personas y la explotación sexual, y el de Wanda Taddei, otra víctima de terrorismo doméstico muerta en 2011 por las quemaduras que le provocó el ataque de su pareja, Eduardo Vázquez, músico de Callejeros actualmente con prisión perpetua.

En la provincia de Buenos Aires, las presiones por el revalúo de la propiedad rural que impulsaba el gobernador Daniel Scioli causó la fractura del bloque del radicalismo en la Legislatura. Siete diputados, de las corrientes de Ricardo Alfonsín y su aliado Gustavo Posse, perenne intendente de San Isidro, se oponían sin más; pero contra lo que había resuelto la UCR bonaerense, el titular de la bancada, Ricardo Jano, afín a Leopoldo Moreau, dijo que daría quórum a cambio de algunas modificaciones al proyecto. Detrás de él quedaron otros cuatro legisladores.

Boca evitó ir a juicio por algunas irregularidades en su estadio a cambio de distribuir $200.000 entre escuelas y hospitales. El cargo principal era una broma a River Plate, que desde el año anterior estaba en Primera B: se había permitido el ingreso al estadio de hinchas con carteles que decían “Promoción 2011″ e “Hijos nuestros”. Luego del arreglo, el equipo le ganó por penales a Central, el líder de la primera B que le había sostenido un empate de 1-1, y quedó con posibilidades de ganar tres campeonatos: Libertadores, Clausura y Argentina.

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