De qué manera puede influir en el caso de los documentos clasificados de Trump una jueza designada por él

Jack Smith, el fiscal especial que dirige la investigación de los documentos del ex presidente Donald Trump, prometió que trataría de que hubiera “un juicio rápido”. Pero eso dependerá de la jueza Aileen Cannon, que ejercerá un poder considerable sobre los tiempos, las pruebas y el jurado.

El año pasado, Cannon, designada por Trump, interrumpió por un tiempo la investigación de los documentos al emitir fallos que favorecían al ex mandatario cuando impugnó el allanamiento que hizo el FBI en Mar-a-Lago, su club y residencia de Florida, antes de que un tribunal de apelaciones conservador dictaminara que ella nunca tuvo autoridad legal para intervenir.

Está por verse cómo actuará ahora que toda la atención se centra otra vez en ella. Tampoco se sabe cuál será alcance de su participación antes del juicio: no preside la audiencia inicial de Trump el martes y podría remitir algunas mociones previas al juicio a un juez magistrado que trabaja bajo sus órdenes. Pero veamos con mayor detalle de qué manera podrían afectar el caso sus decisiones como jueza que preside el juicio, ya que ella decidiría qué puede incluirse y qué no.

Desde hace mucho tiempo, Trump ha tratado de implementar la estrategia de tratar de retrasar los procedimientos judiciales en su contra para que corra el tiempo. Si el juicio puede aplazarse hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, él u otro candidato republicano podría ser electo presidente y cerrar el caso.

“Creo que el Departamento de Justicia hará todo lo que esté en sus manos para presentar el caso lo antes posible, pero será un reto presentarlo antes de que estemos bien adentrados en las primarias”, comentó Brandon Van Grack, ex fiscal federal que ha trabajado en casos complejos relacionados con seguridad nacional y documentos clasificados.

Agregó: “Estos temas son de enorme importancia para entender por qué hablamos de un caso que podría influir en una elección… y no solo en las elecciones generales”.

Antes de que comience el juicio, es casi seguro que habrá extensas discusiones a puerta cerrada sobre el uso de pruebas clasificadas, un asunto regulado por la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por su sigla en inglés). El objetivo de esta ley es reducir las posibilidades del llamado chantaje gris en los casos penales relacionados con la seguridad nacional, en los que los acusados amenazan con revelar secretos confidenciales a menos que los fiscales retiren los cargos contra ellos.

Un posible problema: que el gobierno tenga que revelar los 31 documentos clasificados que son la base para los 31 cargos contra Trump por retención ilegal de secretos de seguridad nacional. El contenido de estos es una prueba clave para determinar si se trata del tipo de información protegida por la Ley de Espionaje.

La CIPA establece procedimientos judiciales para proteger en ocasiones información sensible del público, entre los que se incluye censurar algunos documentos o cambiar algunos resúmenes. Sin embargo, los abogados defensores pueden argumentar que necesitan que se discuta la totalidad de sus contenidos en la sala abierta para que el juicio sea justo.

Si Smith obtuvo el consentimiento de la comunidad de inteligencia para usar los 31 documentos con base en garantías de que los mantendría alejados de una difusión pública más amplia, cualquier fallo de Cannon que exija que se muestren en audiencia pública podría llevar al gobierno a retirar algunos de los cargos basados en esos documentos.

También puede suceder que los abogados defensores de Trump argumenten que el gobierno está obligado a entregar material clasificado relacionado en la fase de “descubrimiento” de pruebas y que quieran usar parte de esos documentos para abrirlos en el tribunal. Cualquier parte puede apelar las decisiones de Cannon en relación con estos asuntos antes del juicio, lo cual crearía oportunidades adicionales para retrasar el proceso.

Durante la exposición de los cargos de que Trump obstruyó la labor del gobierno para recuperar los documentos e hizo que uno de sus abogados emitiera una declaración falsa al Departamento de Justicia, los fiscales federales describieron las interacciones de Trump con su equipo jurídico. Entre ellas, que, al parecer, sugirió destruir documentos clasificados y ocultó a sus abogados que había ordenado sacar cajas de archivo de un almacén tras una orden judicial.

Por lo general, los fiscales no pueden citar a los abogados defensores ni obligarlos a testificar o entregar notas sobre su cliente. En virtud del privilegio abogado-cliente, la confidencialidad de tales discusiones y trabajo está protegida.

Ese privilegio tiene por objeto proteger los derechos de las personas que tienen problemas por un posible delito cometido en el pasado. La gente necesita poder hablar de manera honesta con sus abogados sobre lo sucedido para entender sus opciones. Eso sería imposible si lo que la gente admitiera pudiera utilizarse en su contra como prueba ante un tribunal.

Pero hay una excepción: cuando las comunicaciones entre abogado y cliente forman parte de delitos continuados o futuros. Si los jueces creen que hay pruebas suficientes para activar esta “excepción de delito-fraude”, confirmarán una orden que obligue a los abogados defensores a aportar pruebas sobre lo que ellos hablaron con sus clientes.

Durante la investigación, la jueza Beryl Howell, del Tribunal del Distrito de Columbia, dictaminó que la excepción era aplicable y obligó a los abogados de Trump a facilitar información al gran jurado. Pero Cannon no está sujeta a las decisiones de Howell en relación a qué información debería presentarse a un jurado.

Durante las mociones previas al juicio, si los abogados de Trump piden a Cannon que suprima las pruebas para proteger el privilegio abogado-cliente y ella lo hace, los fiscales podrían apelar, pero eso retrasaría aún más el caso.

Paul Rothstein, catedrático de Derecho de la Universidad de Georgetown y especialista en procedimientos penales, comentó que si la jueza difiriera una decisión hasta después de que el juicio haya iniciado, los fiscales podrían interrumpir el juicio y tratar de apelar con una táctica extraordinaria y poco frecuente llamada escrito de ‘mandamus’ (una acción legal que se presenta en un tribunal para obtener una orden que obligue a una acción).

Trump y su equipo de abogados han señalado que arremeterán contra los fiscales y los investigadores. Eso podría significar mociones previas al juicio para desestimar los cargos basados en cualquier alegato de que los fiscales incurrieron en mala conducta, por ejemplo, al presionar indebidamente a los testigos o llevar a cabo un juicio vengativo y selectivo.

Es habitual que los acusados presenten este tipo de alegatos y es habitual que los jueces los analicen por un momento y los desestimen. Los criterios para determinar una infracción son muy estrictos. Pero si Cannon admitiera estos reclamos, podría exigir información a los fiscales, celebrar audiencias y, en esencia, someter a juicio a los investigadores antes de que Trump se enfrente a cualquier jurado.

Los fiscales y los abogados defensores tendrán un cierto número de recusaciones “perentorias” en las que pueden solicitar que alguien no forme parte del jurado sin fundamento alguno. Pero también tienen un número ilimitado de recusaciones de posibles jurados “por causa” si pueden señalar indicios de que esas personas son parciales. Cannon tendrá el poder de aceptar o rechazar cualquier recusación “por causa”, lo que podría inclinar la composición del jurado.

Después de que la fiscalía y la defensa presenten pruebas, la defensa puede presentar la llamada moción de la Regla 29 para solicitarle a Cannon que absuelva a Trump de uno o más de los cargos, con el argumento de que las pruebas de los fiscales fueron deficientes.

Podría hacerlo de dos maneras: absolver a Trump de inmediato o dejar que el asunto pase al jurado y luego dictar una sentencia absolutoria únicamente si el jurado, por el contrario, quisiera declararlo culpable.

© The New York Times 2023

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