Cuando hablamos de "conciencia ambiental" nos referimos lisa y llanamente al entendimiento o comprensión que se adquiere sobre el impacto de los seres humanos sobre el ecosistema. Especialmente el impacto negativo.
Las actividades diarias ligadas a la creación de bienes y de productos, se han vuelto fatalmente destructivas en virtud de un consumismo desenfrenado que empuja a la sociedad a comprar, usar y tirar sin medir consecuencias.
La conciencia ambiental debe desarrollarse y construirse desde varios planos pero uno de los más importantes tiene su foco en las políticas públicas que los Estados deben establecer y hacer cumplir. Sin orientación ni controles a la codicia empresarial, la capacidad que le queda a la humanidad, desde lo individual, es muy poca.
En la Argentina el Día Nacional de la Conciencia Ambiental se celebra cada 27 de septiembre. Esa fecha fue instituida en 1995, en recordatorio de la tragedia ocurrida en 1993 en Avellaneda en donde siete personas murieron intoxicadas por gas cianhídrico, un tóxico formado por la unión de sulfuros y cianuro que habían sido arrojados irresponsablemente por dos empresas a los sistemas de desagües.
Quiso el destino -o la causalidad- que en septiembre de 2016 el Día Nacional de la Conciencia Ambiental se conmemorara en medio de la crisis desatada por una empresa minera que derramó un millón y medio de litros de sustancia cianurada a la cuenca del río Jáchal en la provincia de San Juan.
Con semejantes antecedentes no se puede dudar: es bueno que la conciencia ambiental se instale y se acreciente en todos y cada uno de los individuos de una sociedad. Pero si no la posee el Estado, regulador y controlador de los estropicios que pueden causar la codicia y el afán de lucro, la pelea por un planeta más sano arranca con una derrota.
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