Cómo es la situación actual de las leyes contra el bullying en América Latina

“Dejen de intimidar, excluir y marginar a un compañero por cualquier medio y en todo lugar”: la sentencia del juez Hugo Alejandro Sánchez Martínez, de Paso de la Patria, ciudad argentina, cerró en abril de 2023 un juicio calificado como histórico en América Latina. La orden del magistrado llegó a tres adolescentes que atormentaron a un chico, en clase y en redes sociales, durante años. Fue el primer paso que se dio en los juzgados contra el bullying.

En la región, siete de cada 10 niños son víctimas en las aulas, de acuerdo a los registros de Diálogos del Sur. Por la misma naturaleza de la intimidación que reciben a diario —insultos, golpes y exclusión— no suelen hablar del tema. El país con más casos registrados de esta violencia y acoso escolar es México, donde el 70% de los menores han experimentado agresiones, según la ONG Bullying Sin Fronteras.

Las autoridades de distintos países han reconocido el problema que se origina en las escuelas cuando algunos niños reciben agresiones físicas y psicológicas de sus compañeros. A consecuencia del bullying pueden desarrollar ideas suicidas, conforme a la revisión que realizó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Ante este panorama, los diferentes gobiernos de la región han desarrollado legislaciones para erradicar este tipo de acciones contra los derechos de los menores. El fallo histórico de Argentina mostró cómo implementarlas.

Desde el 2011, algunos países aprobaron legislaciones para combatir la violencia en las escuelas. Perú cuenta con la ley 29.719, cuyo objetivo es erradicar el acoso escolar, prevenirlo y ofrecer atención especializada a las víctimas. Ecuador y República Dominicana, donde se lo considera una “falta muy grave”, tienen leyes enfocadas al mismo propósito. Estos países pusieron en marcha sus normas desde 2011. Alrededor de la región hay 16 países con jurisdicción contra este problema.

En Argentina, el proceso para combatir el bullying tuvo que esperar a legislarse. El primer paso fue la Ley 26.892, vigente desde 2013, con la que se estableció la obligación de promover una convivencia pacífica en la resolución de problemas. Además, la provincia de Buenos Aires contribuyó en la lucha contra el acoso escolar al promulgar la Ley 14.750 en 2015, que permite a las instituciones educativas investigar e intervenir en casos de violencia entre alumnos.

Bolivia, Colombia y El Salvador también adoptaron medidas similares a las de Buenos Aires entre 2015 y 2017. En ese periodo, Honduras fue el país centroamericano que se destacó por intentar erradicar la violencia ejercida a través de medios digitales y redes sociales, como se explica en el decreto No 96 contra el acoso escolar o bullying.

Uruguay se une a la lista de países que previenen el maltrato psicológico y físico en los centros educativos con la ley 19.098, en la que se aplican medidas de detección de la violencia en las escuelas, privadas y públicas, hasta la educación secundaria. Este objetivo se repite en la legislación de Paraguay. La diferencia entre ambas naciones es que en esta última las reglas estipulan sanciones a docentes, instituciones educativas y alumnos involucrados en actos violentos o discriminatorios.

Aunque el acoso escolar sea la prioridad, Panamá adoptó acciones para prohibir el hostigamiento de cualquier índole en ámbitos educativos y laborales, de acuerdo a la Ley 7 de 2018. En complemento a esta medida, el gobierno creó campañas de concientización y apoyo a las víctimas.

En Brasil, el bullying representó una preocupación a nivel nacional. Desde noviembre de 2015, las autoridades emprendieron el Programa de Lucha contra la Intimidación Sistemática (bullying). La ley No. 13.185 también contrarresta el ciberbullying establecido sin recurrir a castigos para los agresiores. En su lugar, se proponen mecanismos alternativos para fomentar la paz y cambiar el comportamiento hostil.

El caso de Chile se distingue debido a la creación de los Comités de Buena Convivencia Escolar, cuya presencia en las instituciones educativas es obligatoria debido a la Ley Nº 20536. Respecto a las sanciones hacia los alumnos que ejerzan violencia contra otros, se menciona la cancelación de la matrícula y la expulsión del plantel. También se castiga a los docentes que incurran en las mismas conductas.

En México, el Programa Nacional de Convivencia Escolar se adoptó en las primeras escuelas desde el 2016 y contaba con un manual sobre cómo lidiar con casos de bullying. Al igual que Brasil, esta medida ha recomendado usar métodos pedagógicos para evitar que los niños incurran en ataques violentos como fomentar actos de generosidad y buscar líderes que inspiren gentileza entre los alumnos. Además, con las reformas de 2017 a la Ley General de Educación, el artículo 74 hace obligatoria la asesoría gratuita para las víctimas de violencia escolar y acoso. La finalidad de este servicio en las escuelas es ofrecer vías legales para traer justicia a cada caso en particular.

Nicaragua no dispone de leyes específicas contra el bullying pero desde 2018 tiene una red nacional de consejerías de las comunidades educativas. Su fin es prevenir las situaciones de agresión en las escuelas. El único recurso legal del que disponen para realizar esta tarea es el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por último, Costa Rica comenzó con campañas gubernamentales. En 2011 el Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos buscaba promover la igualdad y el respeto en las aulas. En 2016 sus iniciativas se convirtieron en una ley que castiga el bullying con despidos para los docentes que lo permitan. El segundo país que comenzó con programas sociales es Guatemala, pero en 2022 entró en vigor el decreto contra el bullying que estipuló el 2 de mayo como el Día Nacional contra el Acoso Escolar; sin embargo, carece de sanciones específicas.

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