Como resultado de los desechos industriales volcados por empresas pesqueras de manera constante en las provincias de Chubut y Santa Cruz, se encendió una alarma entre los vecinos de la Patagonia y ambientalistas que presentaron dos denuncias penales con el objetivo de poner fin a una problemática de más de 30 años.
Dos situaciones puntuales fueron los disparadores para la reacción de los patagónicos sobre el daño ambiental sufrido en la región:
El primer episodio sucedió en la laguna del Corfo, que ocupa un espacio de entre 10 y 15 hectáreas, y está ubicada en el Parque Industrial de Trelew, Chubut, cuando sus aguas amanecieron teñidas de rosa y, a pesar de que se informó que el color desaparecería en pocas semanas, esto no sucedió. Incluso, luego de varios meses, la situación se agravó y el color de la laguna se transformó en un morado intenso.
El ingeniero ambiental y virólogo Federico Restrepo indicó a la agencia AFP que el color rosado tenía que ver con la presencia de sulfito de sodio, utilizado por las fábricas de pesca locales para conservar los langostinos para su exportación. “La ley requiere que las fábricas traten los desechos de pescado que contienen sulfito de sodio, que es un químico antibacteriano, antes de tirarlos”, aclaró.
Además, vecinos denunciaron olores nauseabundos y proliferación de insectos, entre otros daños al medioambiente.
La segunda situación que generó preocupación fue advertida por ambientalistas de Puerto Deseado, que encendieron las alarmas por el peligro que corren las colonias de pingúinos Magallanes y Penacho Amarillo, por el altísimo nivel de contaminación de la Ría de Deseado, lugar en donde las pesqueras realizan sus volcados que, denunciaron, son ilegales.
Estos episodios fueron la antesala de las denuncias judiciales por la presunta comisión de delitos contra el medioambiente, por parte de las empresas pesqueras que no tratan sus residuos y los vuelcan ilegalmente en las aguas patagónicas.
Una de las denuncias fue presentada por un vecino de Puerto Deseado ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medioambiente (UFIMA). La otra se presentó en Comodoro Rivadavia ante la justicia provincial.
Estas presentaciones buscan que se investigue el posible delito de daño ambiental y en ambos casos, la incorrecta gestión y volcado indebido de efluentes a un cuerpo líquido receptor.
La denuncia realizada en Puerto Deseado está acompañada por muestras de laboratorio tomadas de las aguas y de la cual surge que existe un exceso de materia orgánica, grasas y aceites y valores fuera de los límites de lo permitido.
Ambientalistas de Puerto Deseado hace tiempo que vienen advirtiendo la situación en la Ría, ya que presenta una tonalidad anaranjada en sus aguas. “El muestreo y análisis de laboratorio de los efluentes industriales pesqueros que se vuelcan en el agua de la Ría superan los límites permisibles establecidos en la norma de los parámetros: DBO5 (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), grasas-aceites, sólidos sedimentables y nutrientes”, afirmó a Infobae la licenciada en Protección y Saneamiento Ambiental Débora De Monte, experta en medioambiente del lugar. y Agregó: “además las muestras analizadas arrojaron valores alarmantes de bacterias coliformes, lo que resulta una prueba química irrefutable que habla del estado de afectación del agua y resulta gravoso para el equilibrio del ecosistema del lugar”.
Aclaró que en Puerto Deseado son aproximadamente nueve las pesqueras que vuelcan sus efluentes sin tratamiento hace más de 30 años en esa zona, “lo hacen sobre la Ría que es considerada una reserva natural intangible”.
Para ella, la solución de esta problemática debería pasar por los entes de control ambiental. “Es necesario hacer cumplir la ley, sobre todo porque esto ocurre hace tanto tiempo”, agregó. Sin embargo, consideró que también la población de Puerto Deseado debería actuar para mejorar la situación. “Creo que es necesaria una mayor participación ciudadana. Los ciudadanos de Puerto Deseado deberían exigirle a los funcionarios y empresarios de la ciudad que cumplan con la ley. A pesar de que generan mano de obra, pero los líquidos residuales caen directamente sobre la población. los empresarios pesqueros, en caso de no poder innovar deberían tratar sus efluentes con operadores habilitados“, explicó.
Detalló que lo más alarmante es que ocurre a escasos metros donde la gente va la playa y se pone a nadar; donde se realizan actividades náuticas. Por eso aclaró que no sólo afecta a los pingüinos y a la fauna sino que es un riesgo para la salud de la población. “Los resultados de laboratorio muestran relaciones de bacterias que ponen en peligro principalmente la salud de los niños que frecuentan esas playas”, concluyó.
Entre las principales consecuencias que describió la ambientalista se encuentran infecciones por microorganismos patógenos, modificación de la vida acuática por disminución del oxígeno disuelto, generación de olores desagradables y alteraciones estéticas por la presencia de espumas, turbidez y color en el cuerpo de agua receptor de los efluentes.
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