Quien tenga un hijo, sobrino, hijo de amigo o vecino que en 2020 se haya visto privado de la posibilidad de asistir al colegio, sabrá cuánto los niños necesitan del contacto con los pares, de aprender bajo la mirada del amigo y de la convivencia con sus similares.
Las clases presenciales finalmente se reanudaron desde el 17 de febrero en la mayor parte del país y mientras bares, restaurantes y casinos siguen recibiendo a su público sin mayores restricciones, las escuelas cuentan con rigurosos protocolos para el ingreso y permanencia de los estudiantes en ellas.
Es que en pos de cuidar la salud de todas las personas de riesgo que concurren a los establecimientos educativos en el marco de la pandemia por COVID-19, la normativa del Ministerio de Educación establece que “están exentas del deber de asistencia las siguientes personas incluidas en los grupos de riesgo: mayores de 60 años de edad, excepto que sean considerados ‘personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento’, embarazadas, personas con enfermedades respiratorias crónicas (por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo), personas con enfermedades cardíacas, personas con inmunodeficiencias y estados de inmunodepresión, personas con diabetes, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses y personas con enfermedad hepática avanzada”.
Si bien el protocolo es claro y no habla de prohibición de concurrir sino que dispensa del deber de hacerlo a quienes padecen esas enfermedades, ocurre que el reglamento otorga a cada escuela la potestad de “adaptar el protocolo de acuerdo a las características del edificio”. Y ahí es cuando se genera un vacío legal en el que todo queda librado a la voluntad de cada institución.
Pappo es un niño de Trenque Lauquen, que padece diabetes tipo 1 desde los dos años. Concurre a segundo grado en un colegio privado de ésa localidad bonaerense. El mismo al que asiste desde sala de tres. Y hoy se encuentra siendo víctima de una “pseudo legalidad” -porque un protocolo no tiene peso de ley- que pretende dejarlo fuera de la posibilidad de compartir con sus pares el año de clases de manera presencial, tal como lo hace el resto de sus compañeros.
Luz es su mamá, y mediante un posteo en su cuenta de Instagram que se volvió viral, hizo público lo que le pasaba a su hijo: la escuela a la que asiste le impide hacerlo de manera presencial por su condición de diabético. “Su mochila carga los mismos cuadernos que las de sus amigos, pero su mochila es mucho más pesada”, comenzó a escribir la mujer en el texto que acompaña una foto del niño de espaldas, en simbología de lo que ella siente que le hace el sistema educativo a su hijo: le da la espalda.
“Aunque las sociedades pediátricas de todos los rincones del mundo digan que un niño con diabetes tipo 1 no encuadra entre los pacientes de riesgo, a nadie le importa -continuó Luz-. Entre los listados y protocolos él es un número más”.
En diálogo con Infobae, Luz contó que “venía escuchando que en colegios a los chicos que tenían alguna condición de salud les decían que no podían pasar, pero él arrancó las clases el lunes con normalidad”. Fue después de la clase que le dijeron que Pappo no iba a poder concurrir al establecimiento por su diabetes.
El martes tuvieron reunión de padres y al finalizar, la mujer entregó a las autoridades un certificado de su pediatra y de su endocrinólogo autorizando al menor a concurrir a clases presenciales, junto con una nota en la que ella y su marido, como padres, se hacían cargo de la decisión. Además, les hicieron llegar documentación con aval científico de diferentes sociedades de diabetes de la Argentina y del mundo en la que se asegura que los niños con diabetes tipo 1 no deben ser considerados personas de riesgo para COVID-19. Pero no fue suficiente: el miércoles el representante legal del colegio les dijo que habían enviado todos los papeles a la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) y que hasta tanto el organismo se expida que el niño no vaya al colegio.
“Nos dijeron que no es un tema personal con Pappo, pero que ellos no pueden hacer nada contra de lo que les digan desde Inspección”, relató Luz. Y ella se encargó de hacerle saber a la institución (de la que prefirió no dar el nombre) que como papás, si su pedido no prosperaba estaban dispuestos a presentar una medida autosatisfactiva y judicializar el tema.
“Está médicamente avalado por sus médicos para ir; sé que estoy peleando por lo correcto y yo tengo el deber como mamá de enseñarle a mi hijo que las injusticias hay que pelearlas”, subrayó.
Luz contó que “con terapia desde hace un año”, el niño había logrado aceptar su enfermedad y entender que “siempre y cuando se cuide y calcule bien su insulina podría llevar una vida normal”.
Para la médica pediatra especialista en nutrición y diabetes, Miriam Tonietti (MN 54752), “el protocolo habla del derecho a no asistir y no de la obligación de no asistir”.
“Un niño con diabetes que tiene un buen control está en las mismas condiciones de riesgo que sus pares sin diabetes y por lo tanto puede asistir a clase de manera presencial”, aseguró la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) ante la consulta de Infobae, quien sin embargo aclaró que “no todos los colegios son iguales ni están acondicionados de manera tal que puedan garantizar las condiciones de aislamiento, higiene y ventilación”. Así y todo, para ella, “la escuela no puede evaluar el control metabólico del chico”.
Y tras señalar que “los chicos que no tienen problemas en el tratamiento de su patología de base tienen que ir al colegio”, Tonietti reconoció que “hacer una generalización acerca de que todos los chicos con diabetes tienen que ir, es complicado”. “Depende del chico, de la concepción del control metabólico que tengan los padres, de si está avalado por su médico y luego si están dadas las condiciones en el establecimiento”, consideró.
“Nunca una enfermedad infecciosa es sólo el agente que la causa -analizó Tonietti-. Ante el mismo agente, a un niño feliz, que tiene acceso a una nutrición adecuada, un entorno cuidado y amoroso es probable le haga más daño una conducta de aislamiento que incorporarse a una escuela con recaudos. La angustia por no ver y compartir con los pares aumentará más los riesgos de que el chico se enferme”.
Al mismo grado que Pappo va Salva, uno de sus mejores amigos, a quien hace tres años trasplantaron de riñón y si bien está autorizado por su equipo médico a asistir al colegio de manera presencial también le comunicaron que no puede ir.
“Me desilusiona mucho, como mamá me da impotencia, por momentos me siento una leona que iría contra todos y en otros me parece que no me queda energía”, se sinceró Luz sobre cómo vive ella la situación.
La Constitución Nacional establece en su artículo 14 que todos los habitantes de la Nación argentina gozan del derecho de enseñar y aprender. Y si bien desde las instituciones educativas se esfuerzan por aclarar que la virtualidad no implica de ningún modo la ausencia de educación, la Convención de los Derechos del Niño habla del derecho a la igualdad de toda índole, así como del derecho a una protección especial para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable, o el derecho a recibir comprensión y amor por parte de la familia y la sociedad, entre varios otros que hacen ver a las claras que en el marco de la pandemia y bajo el argumento de proteger la salud de las personas se pasan por alto cuestiones igual de importantes si del equilibrio integral del ser humano se trata.
Infobae intentó comunicarse con el Ministerio de Educación bonaerense, pero al momento del cierre de esta nota no había obtenido respuesta.
Las repercusiones al posteo de Luz no se hicieron esperar, y muchos de sus seguidores replicaron el caso en sus historias, con el hashtag #informarseparanodiscriminar. Uno de los que se sumó fue el artista Milo Lockett, quien grabó un video solidarizándose con el pequeño y pidiendo a las autoridades que le permitan volver al colegio.
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