Desigualdad estructural, violencia y racismo: cómo afecta la pandemia a los pueblos originarios en la Argentina

Con la expansión del virus COVID-19, la declaración como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el consiguiente Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) implementado a partir del 20 de marzo de 2020 en la Argentina, se está generando una notoria transformación en la población en general, en todas las relaciones sociales y cotidianas, con impactos sumamente profundos y definitorios ante la situación de pobreza y precariedad social, en particular.

El párrafo anterior refleja una de las conclusiones del informe Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina, un documento elaborado por más de 100 investigadores de diferentes ámbitos académicos del país, con participación de casi 30 equipos de investigación y 12 universidades nacionales y dependencias del CONICET.

Dentro de los sectores más golpeados por el confinamiento se encuentran los pueblos originarios. Según se aclara en el estudio, “esta coyuntura agrava la situación de desigualdad socioeconómica, la irregularidad en la posesión de las tierras que habitan, la histórica invisibilización, estigmatización y, en ocasiones, criminalización asociada a su condición sociocultural”, subraya el informe.

“El ASPO constituye una medida por demás necesaria para evitar la expansión del virus COVID-19, evitando una cantidad de contagios y muertes mucho mayor, cuya consecuencia inmediata ha sido -además de una profunda transformación en todas las relaciones sociales y cotidianas- la paralización del empleo y una abrupta retracción de los ingresos de los integrantes de los pueblos indígenas –en gran medida informales,influyendo radicalmente en su economía comunitaria”, agrega.

“Cabe destacar que el contexto actual implica una marcada ‘divisoria de aguas’ entre aquellos que cuentan con un ingreso fijo mediante un salario y otros que no lo poseen. La pérdida abrumadora de ingresos –producto de la paralización de buena parte de las actividades y la ausencia (o drástica disminución) en la circulación de personas afecta severamente a los pueblos indígenas”, amplía el informe.

Esta iniciativa partió de la necesidad de complementar y sumar diversas experiencias a un primer informe presentado el 15 de abril, abocado a visibilizar las problemáticas y situaciones experimentadas por diversas comunidades y pueblos originarios en este contexto de pandemia por COVID-19. En este nuevo documento participaron más de 100 investigadores de diferentes ámbitos académicos del país, casi 30 equipos de investigación y 12 universidades nacionales y dependencias del CONICET.

El informe se elaboró de manera colaborativa, mediante la recopilación y sistematización de datos por parte de diversos equipos que poseen vínculos previos al ASPO con distintos pueblos indígenas del país; aunque no constituye un censo, ni tiene pretensiones de exhaustividad. A pesar de las limitaciones para concretar este trabajo en un plazo tan acotado y con herramientas restringidas, se han podido relevar situaciones de aproximadamente treinta pueblos originarios de la Argentina. Por ello, este resultado se irá ampliando a futuro.

En diálogo con Infobae, Sebastián Valverde, antropólogo, investigador del CONICET y docente de la UBA especializado en pueblos indígenas contó: “Se conformó un estudio gigantesco, con una dinámica de mucha interacción entre distintos investigadores, más de cien participantes, algo a destacar en este contexto de pandemia y con pocos antecedentes. Por la situación de emergencia, quisimos relevar la situación de las comunidades indígenas en este particular contexto”.

“El informe se dividió en dos etapas, dos relevamientos, con participación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de La Plata”, explicó Valverde y agregó: “Se reveló en la situación de pandemia, llamando desde las casas con celular, teléfono fijo y por mail, a la mayor parte de los pueblos originarios de la Argentina, un porcentaje muy importante y en una proporción muy representativa”.

Respecto a los resultados obtenidos, el antropólogo precisó: “Por un lado hay una exacerbación del racismo, de la discriminación y de la desigualdad que históricamente está planteada y en el contexto de la pandemia se agravó, porque hay abusos de diferentes agentes privados, muchas veces también de las instituciones públicas, de empleados, hospitales, policía, Poder Judicial, que se aprovechan en algunos casos de una desigualdad que ya está construída y la agravan”.

“Por otro lado hay una situación que tiene que ver con una dificultad muy grande en lo económico, considerando el nivel de precariedad que hay entre los pueblos originarios en el aspecto económico, por eso creemos que han sido claves los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional a partir del otorgamiento de ingresos como los derivados del programa Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cobro de pensiones, las tarjetas alimentarias y el reciente Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otros”, agregó Valverde.

En otro pasaje de la entrevista advirtió: “Si en el conjunto de la población hay una situación de informalidad del 44%, en los pueblos originarios esta cifra puede subir a un 60, 70 y a veces un 80% dependiendo del lugar y a veces más también”.

Una dinámica que se viene dando en este complejo escenario, se asocia con la profundización y exacerbación de situaciones de racismo, discriminación, violencia verbal y física hacia los integrantes de los pueblos originarios, a través de acciones arbitrarias, y/o graves abusos por parte de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad, asumiendo en algunos casos características sumamente conflictivas y traumáticas.

Para Valverde, “esta desigualdad histórica debe ser revertida, teniendo en cuenta que también existe una dificultad muy grande sobretodo en las comunidades rurales para acceder a la educación a la distancia, inclusive a los servicios de salud”.

El relevamiento también puso el foco respecto a las poblaciones que ya estaban en una situación muy complicada hace tiempo y el coronavirus agravó sus realidades: en el noroeste argentino, con las dificultades de acceso a servicios básicos, el universo de los pueblos originarios es muy heterogéneo.

“Se han dado muchas situaciones de trato racista y violento, como lo que sucedió en el barrio Gran Toba en Chaco y hace pocos días en Tucumán lo mismo, abusos que fueron denunciados, y que generaron una repercusión muy grande. También existe un abuso de agentes privados, siguen los desmontes ilegales en la región chaqueña, que afecta muchísimo a las comunidades, la falta de acceso a la justicia también es un problema muy grande”.

¿Hay más casos COVID-19 positivos en los pueblos indígenas? Para Valverde, “en algunos casos sí, depende en qué lugar del país estemos hablando, pero si los hay es por encima de la media por las condiciones sanitarias, falta de acceso al agua potable, estructurales y por las características edilicias de los lugares en donde viven”, y agregó: “Por lo general están informados, no están aislados en ese sentido, pero sí existe una desigualdad histórica en el acceso a la salud”.

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