Por Sergio Federovisky
La intensificación de eventos extremos, la degradación y desertificación del suelo, las sequías recurrentes, la deforestación, el aumento del nivel del mar, la salinización del suelo y las inundaciones, entre otros eventos estrechamente vinculados a la crisis climática, empujan a millones de personas a diario en el mundo a desplazarse a un nuevo lugar para vivir.
Muchos migran porque las condiciones actuales de disponibilidad de recursos para la subsistencia están agotadas, o porque ya no quieren vivir en la zona de tránsito de los huracanes, cada vez más recurrentes o intensos, o porque el aumento del nivel del mar destruye la infraestructura. En algunos casos mencionados, los desplazamientos son solo temporales mediante evacuaciones o reubicaciones dentro del mismo territorio. En otros, son migraciones permanentes que cruzan las fronteras.
Para estos migrantes ambientales la situación legal es confusa ya que no existe una categoría de refugiado ambiental aprobada por el derecho internacional. Aunque la primera definición de refugiado ambiental apareció en 1985, en un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de la mano del profesor egipcio Essam El Hinnawi y popularizado por la premio nobel de la paz keniana Wangari Maathai, una persona solo puede ser reconocida como “refugiada” si huye de su país de origen por persecuciones políticas, religiosas o raciales, y si su vida está en peligro.
Esta situación coloca a los desplazados ambientales en un limbo legal, con un escaso o nulo reconocimiento y sin protección jurídica. Por lo tanto corre riesgo su integridad, y no pueden acceder a necesidades básicas como atención en salud, educación, vivienda y alimento. En general se los incluye dentro de los flujos migratorios de raíz económica y no son susceptibles de recibir el estatus de refugiado.
La agencia de las Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR) sí reconoce la existencia de refugiados ambientales en sus informes y prevé que para 2050 entre 250 y 1000 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otras regiones o países.
A fin de 2018, la comunidad internacional firmó un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que reconoció al cambio climático como causa de la migración forzosa y la existencia de refugiados climáticos por primera vez. Además estableció bases para que los Estados adopten mecanismos que minimicen los efectos adversos de la crisis climática sobre las personas, con el objetivo de que estas no se vean en la obligación de migrar y puedan permanecer en sus hogares.
La crisis climática también plantea otro escenario que se denomina “poblaciones atrapadas”. Son personas que no pueden trasladarse, aunque el medio ambiente sea una grave amenaza, porque no tienen la capacidad para hacerlo ya sea porque carecen de recursos financieros, o porque se enfrentan a barreras sociales como la falta de educación o a barreras legales. También coexiste en estas situaciones la inmovilidad voluntaria. Es aquella donde las familias o comunidades enteras optan por quedarse debido a razones culturales o religiosas, aunque sepan que se enfrentan a la pérdida de sus tierras por el deterioro ambiental.
Lo cierto es que la mayoría de los migrantes ambientales son los más vulnerables de la sociedad. Los que por migraciones desesperadas sufren tragedias asociadas. Los que cuando se movilizan a asentamientos irregulares profundizan sus problemáticas, no solo a nivel económico sino también físico, psicológico y social.
Algunas personas podrán elegir dónde, cuándo y cómo trasladarse, mientras que otras no tendrán elección.
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