La infancia bajo la lupa: el Comité de los Derechos del Niño analizó la situación argentina

En el año 1990, la Argentina se unió a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Pero la firma a través de la que quedó sellado el ingreso del país a ese tratado internacional de las Naciones Unidas, que enfatiza que los niños "por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidados especiales", es mucho más que una rúbrica que suscribe todo lo que allí se establezca.

En su artículo 2, asegura que "los estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales".

Con la firma, todos los estados ratifican la CDN y se comprometen a presentar cada cinco años un informe oficial sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, y sobre los avances en el cumplimiento de sus derechos.

2018 era el año de una nueva revisión, y luego de que la Argentina enviara su informe oficial y una delegación viajara a Ginebra en mayo a reunirse con el Comité de los Derechos del Niño (CRC por sus siglas en inglés) se conoció el resultado de la sexta evaluación al Estado nacional.

"Aprobamos un documento en el que se plantean las recomendaciones del comité al Estado argentino", comenzó a relatar a Infobae Luis Pedernera, relator del CRC, de paso por el país. "Un aspecto positivo que observamos es que la Argentina ratificó el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, que habilita el mecanismo para la presentación de denuncias de violaciones de los derechos ante el Comité de los Derechos del Niño -puntualizó el funcionario oriundo de Uruguay-. Esto denota una actitud del Estado de estar al día con los tratados de derechos humanos que van surgiendo".

"También acogimos con beneplácito los esfuerzos realizados para luchar contra la trata de personas, como el establecimiento de dependencias de investigación en varias provincias", señaló.

Sin embargo, el documento dejó ver seis puntos sobre los cuales el organismo "llamó la atención" al país y acerca de los cuales la Argentina "debería dar respuesta urgente".

En ese sentido, el texto de las observaciones finales destacó: "El Comité desea señalar a la atención del Estado parte las recomendaciones relativas a las siguientes esferas, respecto de las cuales deben adoptarse medidas urgentes: el derecho a la supervivencia y al desarrollo, la tortura y la violencia institucional, la explotación y los abusos sexuales, los niños privados de un entorno familiar, el nivel de vida y la justicia juvenil.

"En el contexto de crisis que atraviesa la Argentina y en el marco del acuerdo con el FMI, el CRC manifestó su preocupación por la situación económica y su efecto sobre la niñez -destacó Pedernera-. Es nuestra preocupación que los logros en políticas sociales no se vean afectados por políticas de ajuste".

En otro orden, el relator del CRC manifestó que instaron al país a "trabajar fuerte para tener más capacidad en la recopilación de datos, que amplíe la capacidad de recopilación de datos, ya que se necesitan certezas para conocer la situación de los niños".

"Otro de los ítems sobre los que llamamos la atención del Estado es en el derecho del niño a ser escuchado y que su opinión sea debidamente tenida en cuenta en la familia, las escuelas, los tribunales y todos los procesos administrativos y de otra índole que les conciernan", destacó Pedernera, para quien "falta capacitación a los profesionales que trabajan con la infancia y la adolescencia para propiciar ese acompañamiento a 'la voz' del niño".

Un párrafo aparte, de los 48 que integran el documento, se le dedicó a la violencia contra los niños. "El comité recomendó al Estado que vele por que la prohibición de los castigos corporales se supervise y haga cumplir adecuadamente en todos los ámbitos. También recomienda que se promuevan formas positivas, no violentas y participativas de crianza y disciplina de los niños mediante campañas de sensibilización, y que se adopten medidas para garantizar que los infractores sean llevados ante las autoridades administrativas y judiciales competentes", enfatizó el funcionario, quien en este punto reforzó sobre "las inaceptables condiciones de vida, el maltrato y los abusos y la violencia que sufren los niños en los centros de cuidado alternativo, que afectan especialmente a las niñas y a los niños con discapacidad".

"La alta tasa de impunidad y el escaso número de enjuiciamientos y condenas a los autores de actos de violencia contra los niños en las instituciones públicas de acogida y en los centros de detención" fue señalado por Pedernera como "un gran 'debe' en la lucha contra la impunidad. "Se debe sancionar a los responsables, pero además reparar a las víctimas y evitar la repetición", apuntó.

El comité observó con preocupación "el elevado número de niños internados en centros de acogida y el hecho de que, en la práctica, este tipo de internamiento se utilice como la principal modalidad alternativa de cuidado". En este punto se refieren al "alto número" de niños que, privados de un entorno familiar, permanecen institucionalizados. "Le pedimos al país el esfuerzo de buscar otras posibilidades que no sean la internación, atentos a los referentes que ese niño tiene y centrados en que no le vuelva a ocurrir, ya que está probado que la institucionalización de los menores, lejos de solucionar sus problemáticas, afecta su desarrollo futuro".

En este sentido, recordó directrices anteriores al respecto: "El comité recomienda que el Estado parte aumente los recursos asignados a las actividades encaminadas a prevenir la separación de los niños de sus familias y asegure apoyo y asistencia suficientes, incluidas subvenciones y apoyo profesional, en particular para las familias desfavorecidas o marginadas".

El Comité sigue profundamente preocupado por el hecho de que aún no se hayan aplicado la mayoría de sus recomendaciones anteriores relativas a la administración de la justicia juvenil. "Sabemos que está sobre la mesa la elaboración de una ley penal juvenil, y creemos que esa ley no puede implicar una baja en la edad de imputabilidad ni un aumento de las penas; tiene que realizarse bajo los estándares del comité, con un fuerte componente de sanciones no privativas de libertad", indicó Pedernera.

En las recomendaciones anteriores, el organismo había instado al país a aprobar "una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil, en particular en lo que respecta a garantizar que la privación de libertad sólo se utilice como último recurso y por el período de tiempo más breve posible, y que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal".

La pobreza, la problemática que más creció

Consultado sobre cuáles son las problemáticas de la infancia y la adolescencia que más crecieron en los últimos años, Pedernera habló de la pobreza como "un tema que preocupa al comité fundamentalmente porque cuando se observa cómo enfrentan estos escenarios de crisis los estados se observa que es con recorte del gasto social". "Cuando los ajustes se hacen sobre los derechos del niño y la infancia nunca son buenos -analizó-. Es importante mantener alguna línea de lo que se ha logrado en los últimos años, como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo".

"Los datos de pobreza indican que el 40% de los niños y niñas están bajo la línea de pobreza y eso es un dato fuerte para un país como la Argentina", insistió.

Según aseguró el organismo en el documento, "si bien se observa la disminución general de la mortalidad infantil, el comité está profundamente preocupado por el hecho de que la tasa de mortalidad de lactantes sigue siendo elevada en algunas provincias debido a la falta de servicios adecuados de atención de la salud, incluida la atención prenatal para las mujeres embarazadas sin seguro médico, la pobreza y una nutrición inadecuada". En ese sentido, la recomendación apunta a que se "intensifique la asistencia brindada a los niños que viven por debajo del umbral de pobreza, en particular a las familias monoparentales, las familias con tres o más hijos, las familias con niños con discapacidad y las familias de niños indígenas, y vele por que las medidas de protección social cubran el costo real de un nivel de vida digno para los niños, incluidos los gastos relacionados con su derecho a la salud, a una dieta nutritiva, la educación, una vivienda adecuada, el agua y el saneamiento".

Las grandes cuentas pendientes

"Otro de los temas que observamos con preocupación está relacionado con que se nos había anunciado la designación del defensor del niño y el puesto todavía está vacante -enfatizó Pedernera-. La figura fue creada en 2005 y el comité le había pedido al Poder Legislativo que se acelere la designación de ese defensor y que su función esté respaldada por la autonomía que le permita cumplir su rol".

El relator del CRC hace referencia a que el 28 de septiembre de 2005 se sancionó la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que creó el cargo de Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación y dispuso un plazo de 90 días para su nombramiento. Sin embargo, el cargo permanece vacante desde su creación (ya se cumplieron 13 años).

Para el funcionario, "avanzar en el capítulo de educación sexual y reproductiva es otro de los grandes desafíos que enfrenta la Argentina". Y tras asegurar que ya habían solicitado al Estado "que facilitara el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que actualmente no están contemplados por la ley", Pedernera reconoció que los preocupó que el proyecto tratado este año en el Congreso no haya sido aprobado y destacó: "La recomendación sigue pendiente y se lo volvimos a hacer saber al Estado argentino".

Finalmente, el funcionario resaltó que "el diálogo al que se somete el Estado es voluntario" y que el espíritu de la CDN es "que el país tenga una hoja de ruta hacia dónde avanzar en materia de derechos de la niñez y la adolescencia".

"Las recomendaciones las elaboramos a los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el documento es un desafío para hacer más respetables los derechos de los niños", concluyó.

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