Prohíben Instagram y Facebook a menores de 14 años en Florida: si no cumplen deberán pagar miles de dólares

En el estado de Florida, en Estados Unidos, entró en vigor una ley que prohíbe a los menores de 14 años de edad acceder a las redes sociales. Esta normativa, sancionada en marzo de 2024 por el gobernador Ron DeSantis, también exige que los adolescentes de 14 y 15 años obtengan el consentimiento de sus padres o tutores para crear cuentas en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

La legislación, conocida como HB 3, establece medidas estrictas para regular el acceso de menores a redes sociales. Según lo dispuesto, las plataformas tienen la obligación de cancelar las cuentas de menores de 14 años y también las de aquellos entre 14 y 15 años que no presenten la autorización requerida. Además, las empresas tecnológicas deberán implementar sistemas de verificación de edad, que incluyen escaneos faciales y otras formas de identificación.

El incumplimiento podría acarrear multas de hasta 50.000 dólares por infracción.

La norma fue impulsada por Paul Renner, entonces presidente de la Cámara de Representantes de Florida, quien señaló que esta medida es una respuesta al impacto negativo que las redes sociales tienen en la salud mental de los menores. Renner describió a internet como un “callejón oscuro” donde los niños están expuestos a riesgos como el ciberacoso y la explotación sexual.

“Las redes sociales peligrosas conducen a tasas más altas de depresión, autolesiones e incluso suicidio”, declaró en su momento. El gobernador DeSantis, por su parte, defendió la medida al considerar que otorga a los padres un mayor control sobre la seguridad digital de sus hijos.

Sin embargo, la ley ha generado controversias. En octubre de 2024, la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA) y NetChoice, una coalición que incluye a empresas como Google y Meta, presentaron una demanda federal argumentando que la normativa vulnera la Primera Enmienda.

“Infringe los derechos de libertad de expresión tanto de menores como de adultos al crear barreras significativas para acceder a información en línea”, explicó Stephanie Joyce, vicepresidenta de la CCIA.

El caso está actualmente bajo revisión del juez de distrito Mark Wilson, quien tiene programada una audiencia para el 28 de febrero. Como resultado de este litigio, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, acordó suspender temporalmente la aplicación de la ley hasta que se resuelva la solicitud de una orden judicial preliminar. No obstante, Moody busca avanzar en otra parte de la HB 3, que exige verificación de edad para acceder a sitios web con contenido para adultos.

Las redes sociales afectadas no han sido enumeradas específicamente en la ley, pero el texto hace referencia a plataformas con “características adictivas” y algoritmos que permiten a los usuarios interactuar con el contenido de otros. Mientras que plataformas como YouTube y Facebook estarían sujetas a estas restricciones, servicios como Disney+ quedarían exentos.

Pese a las críticas, la ley ha sido respaldada por sectores que consideran prioritario proteger a los menores en el entorno digital. “Esta legislación no es un ataque contra la libertad de expresión, sino una medida para garantizar la seguridad de nuestros niños”, defendió Renner.

El debate sobre el alcance y la constitucionalidad de esta medida refleja una tensión más amplia en Estados Unidos respecto al equilibrio entre la protección de los menores y los derechos digitales. En este contexto, Florida se convierte en uno de los primeros estados en adoptar regulaciones tan estrictas, situándose en el centro de una discusión que podría tener repercusiones a nivel nacional.

Mientras el litigio sigue su curso, la implementación de la ley dependerá del fallo judicial previsto para febrero. Por ahora, las empresas tecnológicas se enfrentan a un panorama incierto, donde podrían verse obligadas a rediseñar sus plataformas para cumplir con los nuevos estándares.

La ley HB 3 no solo redefine el acceso de menores a las redes sociales, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la regulación digital en Estados Unidos.