Adiós a las llamadas spam o comerciales en España: estas son las nuevas medidas para evitar estafas

El Gobierno de España decidió poner freno a una de las prácticas más molestas y peligrosas para los usuarios: las llamadas spam y las estafas telefónicas. Con el auge de la digitalización, este tipo de fraude se ha incrementado significativamente, dejando a miles de ciudadanos vulnerables a engaños y robos de información.

En respuesta a esta problemática, el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública anunció una serie de medidas destinadas a proteger a los usuarios y reducir drásticamente las comunicaciones no deseadas con fines comerciales o fraudulentos.

Para eliminar las estafas telefónicas, entre las medidas más destacadas se encuentra la prohibición de las llamadas comerciales realizadas desde teléfonos. Este canal, ampliamente utilizado para hacer llegar ofertas no solicitadas o incluso mensajes fraudulentos, ha sido identificado como una de las principales vías de spam telefónico.

A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, las empresas tendrán que buscar otras formas, más reguladas y menos invasivas, para contactar con los usuarios.

Otro cambio significativo es la obligación que tendrán los operadores de telecomunicaciones de bloquear llamadas y mensajes de texto que, aunque aparenten ser locales por usar numeración nacional, se originan en el extranjero.

Esta táctica, conocida como “spoofing”, es una de las estrategias más utilizadas por los estafadores para generar confianza en los destinatarios, haciéndoles creer que se trata de una llamada segura. Con esta nueva disposición, las autoridades esperan cerrar una de las brechas más explotadas por los delincuentes para engañar a sus víctimas.

Según datos del Ministerio, en el último año se han registrado más de 400.000 quejas sobre estafas telefónicas, lo que evidencia la magnitud del problema.

Así que estas medidas forman parte de un marco más amplio de protección al consumidor, que se implementará en los próximos meses. El objetivo principal es reducir el volumen de quejas relacionadas con las llamadas comerciales no deseadas y los fraudes telefónicos.

Asimismo, para asegurar el éxito de estas nuevas normativas, el Gobierno trabajará de manera conjunta con las operadoras de telecomunicaciones y las autoridades de protección de datos.

La meta es garantizar el cumplimiento de las disposiciones y asegurar que los derechos de los usuarios estén protegidos frente a las prácticas abusivas de las empresas y los estafadores.

A estas nuevas medidas se suman a acciones legislativas previas, como la restricción de llamadas comerciales a determinados horarios y la posibilidad de que los usuarios se den de baja fácilmente de las listas de contacto no deseadas.

Por su parte, la colaboración entre el Gobierno y las operadoras será clave porque estas últimas serán las encargadas de identificar y bloquear llamadas sospechosas.

Las empresas de telecomunicaciones deberán estar atentas a los patrones de llamadas fraudulentas y a las técnicas que utilizan los delincuentes para sortear los controles de seguridad. De esta forma, se espera que la detección y el bloqueo de comunicaciones fraudulentas sea más eficiente y rápido.

Este anuncio llega en un momento en el que la preocupación por la privacidad y el uso sin autorización de los datos personales sigue en aumento.

Las prácticas abusivas de ciertas empresas y los crecientes riesgos asociados a las estafas internacionales provocan un clima de desconfianza entre los usuarios, quienes se sienten vulnerables ante este tipo de amenazas.

Del lado del poder público argumentan que el marco regulador será revisado y actualizado periódicamente, para adaptarse a los nuevos métodos que puedan desarrollar los estafadores.

Implementar nuevas medidas es producto de la evolución tecnológica que permitió que los delincuentes encuentren nuevas formas de engañar a las personas, así que es necesario que las normativas sean flexibles y dinámicas para hacer frente a estos cambios.