Facebook no ha notificado a inversionistas sobre actividades ilegales, según información en poder de la SEC

Un conjunto de críticos y personas infiltradas a Facebook presentaron una denuncia confidencial de informantes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, afirmando que la red social sí tiene conocimiento sobre actividades ilegales en su plataforma, como la venta de opioides, pero no la ha reportado ni controlado apropiadamente.

La denuncia, obtenida por The Washington Post, incluye “docenas de páginas” con capturas de pantalla de opioides y otras drogas en venta en Facebook y su aplicación y red social Instagram. Algunas de las publicaciones incluyen etiquetas “obvias” como #buydrugsonline (#compradrogasenlínea, en español).

Informa también que Facebook sigue un patrón de remover contenido cuando es señalado por medios de comunicación o activistas, solamente para “reaparecer después”.

La denuncia forma parte de una campaña del National Whistleblower Center, una organización sin fines de lucro basada en Washington, D.C. que “trabaja con informantes alrededor del mundo para luchar contra la corrupción y proteger a las personas y al ambiente”.

El objetivo es lograr que Facebook sea responsable de la actividad criminal sin control en sus propiedades. El consorcio de críticos e informantes, al peticionar a la Comisión de Bolsa y Valores, busca evitar una ley, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que exime a compañías basadas en Internet de la responsabilidad del contenido generado por usuarios en sus plataformas.

Por el contrario, ésta se enfoca en las leyes de seguridad federal, argumentando que la falla de Facebook de notificar a los accionistas sobre la magnitud de actividades ilegales en su plataforma es una violación de su deber fiduciario. Además, también se argumenta que si la compañía aleja a anunciantes y patrocinadores y tiene que pagar “el costo verdadero” de depurar criminales de sus redes sociales, podría afectar a los inversionistas.

Joe Osborne, vocero de Facebook, dijo a The Washington Post que “no podemos comentar sobre el contenido de una denuncia que no hemos visto, pero regularmente declaramos sobre riesgos potenciales, relacionados con el contenido de nuestros archivos en la Comisión de Bolsa y Valores, lo cual hicimos por lo menos cuatro veces el año pasado”.

La periodista galardonada Gretchen Peters es la líder del consorcio. Peters trabajó en ABC News y es la autora del libro Seeds of Terror, publicado en el 2010 y que documenta el rol del Talibán en el comercio de heroína en Afganistán. Actualmente es la directora ejecutiva de la Alianza para Combatir el Crímen en Línea (ACCO, por sus siglas en inglés), basada en Washington, D.C.

Los primeros esfuerzos de Peters se basaron en reportar el tráfico de animales y antigüedades robadas, antes de enfocarse en drogas ilegales. Peters afirmó que cada vez más informantes se unían al consorcio. La denuncia de este martes es la primera que incluye a una persona que previamente trabajara en la compañía: un ex moderador de contenido de Facebook afirmó que las políticas de la compañía son “ad hoc” y cambiaban de acuerdo a eventos mediáticos. “Comparado con discursos de odio, no les parecían importar las drogas en lo absoluto”, dijo.

Es la primera vez que el grupo presenta pruebas de crímenes posiblemente relacionados con drogas ante la Comisión de Bolsa y Valores. Entre las evidencias se encuentran situaciones donde narcotraficantes utilizan hashtags y comentarios para anunciar sus productos. Sin embargo, “no se ofrece un estimado del total del tamaño del mercado de drogas en Facebook, en parte porque los investigadores no tienen acceso a grupos privados”.

El último reporte de transparencia de la compañía señaló que se eliminaron ocho millones de publicaciones sobre la venta de drogas durante el último cuatrimestre del 2019.

De acuerdo a la Ley Dodd-Frank, los informantes pueden ser observadores externos de una compañía o trabajadores de la misma. El ex moderador afirmó en la denuncia que si veía discusiones sobre pagos ilícitos para productos ilegales, como pornografía infantil o drogas, no existía la manera de notificar a los ejecutivos de Facebook Pay, el sistema que permite enviar y recibir dinero a través de Messenger, Instagram, y WhatsApp.

“Habían grupos donde contenido pornográfico relacionado a niños era subastado. Y utilizaban sistemas de Facebook para todo, desde lo que podía ver”, dijo.

Otro informante dentro de la denuncia es un ex empleado de una compañía de seguridad cibernética, contratado por la farmacéutica Purdue Pharma, para monitorear la venta de falsificadores de su droga OxyContin. El informante dijo que otras plataformas como eBay, Alibaba, Craiglist, y Google, acordaron trabajar con la compañía de seguridad para tumbar la venta ilegal. Sin embargo, Facebook se rehusó a tomar acción en su plataforma y en Instagram, de acuerdo al informante.

“[...] ejecutivos de Facebook agresivamente presionaron a otras plataformas de redes sociales, entre ellas Twitter, para no tomar acción o participar en la iniciativa para eliminar la venta de OxyContin falsificado”, señaló.

Facebook afirma que desde 2013 ha sido miembro del Center for Safe Internet Pharmacies (CSIP, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que trata con el acceso de consumidores a farmacéuticos ilegales a través de farmacias en línea, que también son ilegales, y otras fuentes.

El informante que trabajó en Purdue Pharma afirmó que el CSIP es una organización “supuestamente experta” y que solamente cuenta con un empleado de tiempo completo y nadie más, de acuerdo a sus declaraciones al Servicio de Impuestos Internos.

La petición de este miércoles presenta dos argumentos que intentan demostrar la responsabilidad de Facebook por las actividades relacionadas a drogas ilegales en su plataforma, y su incumplimiento al no reportar los riesgos a accionistas.

La primera dentro de la denuncia argumenta que Facebook cuenta con un negocio de servicios monetarios, Facebook Pay, por lo cual la compañía debe seguir leyes federales de banca y de seguridad nacional sobre el conocimiento de sus clientes, o enfrentarse a sanciones y multas. De acuerdo a la demanda, Facebook no cuenta con un sistema que permita a los moderadores de contenido comunicar sobre actividades ilícitas.

Facebook afirmó que no podía realizar comentarios sobre las declaraciones sin más contexto, pero la compañía sí cuenta con un equipo que “asegura el cumplimiento de reglas sobre el conocimiento de los clientes”.

El segundo argumento señala que grandes fabricantes de farmacéuticos, comercializadores, y distribuidores, recientemente estuvieron involucrados en disputas legales por facilitar la crisis de opioides en Estados Unidos, y Facebook podría estar en la misma posición.

Stephen Kohn, un reconocido abogado de informantes y director fundador del National Whistleblower Center, dijo que la actividades relacionadas a drogas ilegales podrían ser del interés del Departamento de Justicia porque Facebook está “sentándose sobre una cantidad masiva de evidencia”. Además, pidió que legisladores federales hagan una revisión de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, la cual exonera a compañías digitales de la responsabilidad del contenido generado por usuarios.

Con información de The Washington Post

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