
A unos 15 kilómetros de Rosario, en la localidad de Piñero, El Infierno va tomando forma. Se trata de la nueva cárcel de máxima seguridad que, desde mayo de 2027, recibirá a los presos más peligrosos del país. Entre ellos, algunos de los principales protagonistas de los años de mayor violencia en la ciudad, cuando el avance de las organizaciones narcocriminales derivó en una escalada de homicidios y ataques armados.
El complejo, que se construye sobre un predio de 84 hectáreas, fue diseñado para alojar y aislar a jefes de estructuras criminales, sus gerenciadores y quienes integran los brazos armados de las organizaciones en la calle. Tendrá capacidad para 1.152 internos, aunque en una primera etapa está previsto el traslado de unos 600 detenidos de alto perfil.
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La nómina inicial de los presos que ingresarán entre los muros de 10 metros del nuevo penal provincial que construye el Gobierno de Santa Fe incluye a Ramón Ezequiel Machuca, alias “Monchi Cantero”, uno de los hombres ligados históricamente a Los Monos; Lisandro Damián Contreras, conocido como “Limón” o “Licha”, señalado como referente de Los Menores; Matías Palavecino; Máximo Arial “El Viejo” Cantero, también de Los Monos; “Chucky” Monedita y Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, alias “El Nene”. También se incluirá a mujeres consideradas de alto perfil dentro del sistema penitenciario, cuyos traslados serán definidos según cada caso.

Todos ellos serán alojados en celdas individuales de siete metros cuadrados, dentro de una cárcel que fue pensada para reducir al mínimo el movimiento y el contacto entre internos. Cada pabellón alojará a 12 detenidos y tendrá un patio al aire libre. Las salidas se organizarán por turnos, de modo que no coincidan todos en ese espacio, con el objetivo de limitar sus vínculos dentro del penal.
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En el predio todavía conviven máquinas, obreros y caminos de tierra. Sin embargo, la estructura principal ya permite dimensionar la escala del complejo: pabellones, garitas, muros, caminos internos y una torre de vigilancia se distribuyen sobre las 84 hectáreas de la futura cárcel.
En el centro del terreno ya se levanta una torre de vigilancia de unos 10 pisos, desde la que se podrá controlar los cuatro módulos y los sectores de circulación de El Infierno. Estará equipada con armamento de largo alcance, entre él ametralladoras calibre 7,62 y fusiles, además de equipos de visión nocturna, escudos y cascos antidisturbios. El equipamiento permitiría responder ante una eventual incursión aérea y el protocolo prevé disparar contra cualquier objeto no identificado que sobrevuele la zona.
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El dispositivo de seguridad se completa con un paredón perimetral de 10 metros de altura, garitas ocupadas por agentes penitenciarios y cámaras de vigilancia. También se instalarán sistemas para inhibir señales de celulares y bloquear posibles comunicaciones con el exterior.
Jefes, gerenciadores y ejecutores
El esquema previsto dividirá a los internos según su nivel de peligrosidad y su función dentro de las organizaciones criminales. En el primer nivel estarán los jefes; en el segundo, los llamados “gerenciadores”, responsables de tareas de coordinación, administración o distribución; y en el tercero, los integrantes de los grupos ejecutores o brazos armados. En el caso de estos últimos, la ubicación podrá variar entre los niveles dos y tres según cada situación. El criterio es que esos detenidos también pueden captar nuevos integrantes y sostener la estructura criminal fuera de prisión.
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La preocupación de las autoridades está puesta en evitar que los internos de alto perfil mantengan influencia sobre sus organizaciones desde una cárcel común. En ese sentido, buscan impedir que conserven, reconstruyan o amplíen sus contactos y estructuras delictivas desde el encierro.
Las visitas estarán restringidas y no habrá encuentros íntimos
La lógica del lugar será el aislamiento. No habrá encuentros íntimos y las visitas quedarán restringidas a abogados y familiares directos. Cada detenido podrá tener hasta dos personas autorizadas para visitarlo, una nómina que podrá modificarse cada seis meses.

Los encuentros se harán con separación mediante blindex y bajo supervisión. Las comunicaciones telefónicas también tendrán un sistema especial: cada interno contará con minutos asignados y solo podrá contactar números incluidos previamente en una lista blanca aprobada.
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Las llamadas tendrán reconocimiento de voz y controles sobre los contactos habilitados. Los detenidos podrán marcar por cuenta propia, pero las comunicaciones a números no autorizados no se conectarán. El objetivo es reducir la intervención directa de los celadores ante pedidos de llamados, una situación que suele generar discusiones y conflictos dentro de los pabellones.

El funcionamiento del complejo requerirá una estructura de seguridad permanente. La planificación prevé una presencia sostenida de agentes penitenciarios y mecanismos de vigilancia durante las 24 horas, ante el riesgo de amenazas y presiones por parte de los detenidos.
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