
En el delito, las cosas hechas por profesionales ocurren en pocos segundos. Quien pestañea, básicamente, pierde.
El 16 de enero último a las 17 horas, uno de los máximos empresarios del Mercado Central, socio mayoritario de una de las principales firmas que operan en el complejo —firma que hoy acumula más de $6 mil millones en recientes deudas de crédito—, salió de su trabajo en el Mercado, como cualquier otro día. Minutos después, sería víctima de uno de los robos relámpago más audaces y lucrativos de la historia porteña reciente.
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A bordo de su camioneta DS Crossback, tomó la autopista Ricchieri, luego una avenida en la zona de Tapiales. Así, llegó a territorio porteño. Siguió por la avenida General Paz, con sentido hacia el Río de la Plata, a la altura de la calle Jorge Chávez. El empresario iba cargado: llevaba sus dos computadoras y, por sobre todo, un bolso color negro, cerrado con precintos. Allí, en ese bolso, cargaba $24 millones de pesos cash, con otro millón más suelto entre el resto de sus cosas.

Un supuesto embotellamiento frenó su marcha. Un Fiat Palio, sin patente atornillada, con apenas una provisoria de papel pegada en el vidrio trasero, le bloqueaba el paso al empresario. De repente, dos motos de alta cilindrada lo rodearon, una Ducati Hyperstrada y una Honda Tornado, ambas con dos tripulantes cada una. Fue casi una coreografía criminal: dos de estos tripulantes habían llegado a la escena poco antes, a bordo de un Volkswagen Golf, para subirse a las motos.
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La banda rodeó al empresario. De repente, ocho puños comenzaron a golpear los vidrios blindados. El blindaje no le sirvió de mucho. Le arrebataron las mochilas en cuestión de segundos. Sin embargo, el empresario dio pelea: maniobró su camioneta para chocar a la Ducati y a sus ocupantes, los encargados de robarle las mochilas. El botín cayó al asfalto. Los hombres a bordo de la Honda Tornado regresaron para recuperar la plata y escapar en contramano por la calle Jorge Chávez; los hampones que viajaban en la Tornado corrieron hacia el Fiat Palio, que los esperaba en marcha.

El empresario, atónito en la General Paz, llamó a la Policía. Declaró y describió el hecho en forma completa. Se dio cuenta al toque, por así decirlo.
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“Sospecho que este hecho no fue al azar, no fue al boleo, fue algo planeado, con una inteligencia previa, fueron dos motos abordadas por cuatro personas que directamente se acercaron a mi auto sabiendo que la mochila con dinero estaba guardada en el piso del lado del acompañante, porque buscaban eso. Rompieron los vidrios sabiendo que las había guardado ahí”, aseveró en su testimonio.
Tiempo después, descubriría que la banda no lo había robado de casualidad. Un empleado de seguridad del Mercado Central, supuestamente, lo había vendido, con inteligencia recolectada en un área sumamente sensible: el centro de monitoreo donde debía vigilarlo. El Palio de la banda comenzó a seguir al empresario segundos después de su salida.
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La Justicia investigó el caso, con una maratónica instrucción del fiscal Andrés Madrea y el equipo de la Fiscalía N°14, con un pedido de procesamiento de 158 páginas con pruebas basadas en relevamientos de cámaras, chats de los imputados, el análisis forense al celular del capo de la banda, cruces de causas previas, rastros de papeles de autos y hasta sus seguros
Hoy, hay siete sospechosos procesados y presos por el caso con embargos de hasta $40 millones, una decisión tomada por el juez Santiago Quian Zavalía y ratificada por la Sala 7 de la Cámara Criminal y Correccional a fines del mes pasado.
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Cinco en la lista, los cinco de la General Paz, pesados de largos prontuarios bonaerenses, están acusados de cometer el robo. Los otros dos jugaron su presunta parte. Entre ellos, está el empleado delator. Todavía quedan dos prófugos por encontrar. Los arrestos de la banda estuvieron a cargo de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.
La Sala 7 fue incluso más dura: le impuso prisión preventiva a dos de los acusados que no habían sido encarcelados en un primer momento.
Quiénes son los cinco de la General Paz y la forma en que la Justicia llegó hasta ellos constituyen una de las historias más interesantes de la Argentina criminal reciente. A continuación, un perfil de los integrantes de la banda y las pruebas en su contra que el fiscal recolectó.
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Los cinco de la General Paz y los otros dos
. Demián Zavala Oroná, 37 años, oriundo de Pontevedra, zona de Merlo, comerciante según él mismo, piloteaba la moto Ducati. Huyó a pie luego de que el empresario lo chocara. Había un peaje cercano, que filmó a la Ducati y sus maniobras. Zavala Oroná, irónicamente, tenía un permiso para conducir esa moto.
Resultó herido por el choque. Un testigo lo vio renguear poco después, descartando guantes y casco. Renguear es decir poco: terminó con el peroné fracturado. También chateó, un tanto suelto de lengua, con otro imputado crucial en el caso, Leonardo David Balmaceda, el presunto jefe de la banda. Entre esas comunicaciones, intercambiaron una pieza, cuanto menos, incriminatoria: un video del empresario dejando su trabajo.
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. Federico Carlos Ariel Nievas, de 44 años, con domicilio en Parque San Martín, Merlo, cuyo único trabajo en blanco fue el que le dio el Servicio Penitenciario cuando estuvo preso años atrás en un penal federal, era el segundo tripulante de la Ducati. Lo complicaron su contacto hallado en el celular de Zavala y sus comunicaciones con Balmaceda. También fue herido en el choque: sufrió una fuerte lesión en el tobillo, entre otras heridas, con una férula en el cuello.
Irónicamente, Balmaceda informó a un abogado, pocas horas después del robo, que “dos amigos sin seguro” habían chocado a bordo de sus motos y sufrido varias lesiones, para intentar encontrar a algún colega “medio carancho”.
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. Ezequiel Orlando Roda, de 40 años, oriundo de Wilde, service de celulares según él mismo, supuestamente tuvo un rol más cerebral: el de planificador y coordinador del asalto, un segundo al mando del jefe Balmaceda.
Según el fiscal Madrea y el juez, Roda habría intervenido en la obtención de videos internos, la inteligencia previa, el cálculo del botín, la estrategia del ataque en la General Paz y la coordinación de teléfonos y movimientos. Lo complicaron sus comunicaciones con Balmaceda, identificadas mediante líneas telefónicas y cuentas de Mercado Pago, así como una serie de charlas sobre el asalto mismo, diez días antes del ataque.
Balmaceda y Roda se pasaban consejos, tips sobre otros teléfonos para comunicarse y evitar la geolocalización. La banda, descubrió el fiscal Madrea, usaba la polémica app Zangi, la misma que usan operadores del Tren de Aragua y que usaron los miembros de la banda narco acusada del triple femicidio de Florencio Varela. Roda también le envió a Balmaceda el video que mostraba al empresario, tomado de la sala de cámaras del Mercado Central. Andrés Carrizo, el guardia de seguridad, curiosamente, era su vecino.

. Leonardo Sebastián Loza, mecánico según su testimonio, quilmeño también, con domicilio en Wilde, era uno de los supuestos choferes del Fiat Palio usado para bloquear al empresario. Muchos de sus caminos conducen a Balmaceda, quien lo agendaba en su celular como “Leo Sobri”, o “Sobrino Toretto”. En un chat posterior al robo, Balmaceda afirmaba tener “la plata” de “Leíto”. Cuatro días después del robo, Loza preguntó en otra conversación quién tenía las patentes del Palio, desatornilladas para salir a robar.
. Leonardo David Balmaceda, de acuerdo a la imputación, conducía el Volkswagen Golf. Es, de todos los pesados en esta historia, el más pesado. 46 años, oriundo de Bernal Oeste. Para la Justicia, fue el organizador y coordinador central del asalto en la General Paz.
Ya fue condenado dos veces en su carrera criminal. La primera, en la Justicia de Lomas de Zamora, donde le dieron siete meses por encubrimiento en perjuicio de la administración pública. La segunda, por narcotráfico, con otra pena de cuatro años y seis meses dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de La Plata.
Cayó preso en marzo de este año, menos de dos meses después del robo. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 lo procesó por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en marzo último; la Cámara Federal luego revocó la acusación de tráfico.

En cuanto a Balmaceda, todos los puntos de la banda llevan a él. La fiscalía sostiene que habría aportado vehículos, distribuido funciones, dirigido el seguimiento de la víctima, impartido instrucciones para interceptar al empresario, así como la asistencia a los heridos de la Ducati.
Lo complicaron, particularmente, el peritaje de su celular, hallado en los allanamientos, además de chats con Zavala, Roda, Nievas, Loza, Carrizo y Medina.
. Andrés Gustavo Carrizo, de 52 años, chofer de aplicación según él mismo, oriundo de Wilde, es otro expreso, el empleado de seguridad del Mercado Central acusado de entregar al empresario.
Carrizo trabajaba en la sala de monitoreo, encargado de visualizar las cámaras de seguridad. “Luego, el día 12 de enero a las 00.22.35, Roda le envía a Balmaceda nuevamente otro video filmado en la mismísima sala de monitoreo (en la que trabajaba CARRIZO) donde se observa uno de los televisores que transmite lo filmado justamente por una de las cámaras de seguridad”, una pieza clave de inteligencia, según apuntó Madrea en su dictamen para pedir el procesamiento de la banda. Ese video, precisamente, habría sido enviado a Balmaceda.
Cuatro días después, de acuerdo con la investigación, Carrizo alertó de la salida del empresario. Inmediatamente después, el Fiat Palio habría comenzado a seguir al empresario.
. Diego Hernán Medina, 42 años, oriundo de Merlo, habría aportado la moto Ducati usada en el hecho —de la cual era titular— y participado en la logística. Fue acusado como coautor, y no como partícipe necesario.

Así, los miembros de la banda fueron detenidos, uno por uno. Roda y Nievas, por ejemplo, cayeron juntos el 14 de septiembre último. El resto —excepto Balmaceda, preso por su causa narco— cayó en los dos días siguientes.
Nievas, Roda y Carrizo se negaron a declarar. Medina dijo, apenas, que Zavala Oroná era un viejo amigo y que no tenía nada que ver. Entre las pruebas que lo complicaron, se hallaron conversaciones sobre documentación de la Ducati y cómo “armar los papeles” o confeccionar un boleto de compraventa.
El juez Quian Zavalía no le había impuesto la prisión preventiva a Medina. Esa decisión fue tomada por la Sala 7. Lo mismo ocurrió para Andrés Carrizo. Ambas prisiones preventivas, precisamente, habían sido pedidas por Madrea.
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