“Gravedad institucional”: alarma en la justicia bonaerense por el complot de dos presos para matar a una fiscal de San Isidro

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado de repudio y advirtió que la independencia judicial “es una garantía ciudadana, no un privilegio corporativo”

Dos capturas de pantalla de un chat con la aplicación ChatGPT sobre preguntas relativas a la fiscal María Paula Hertrig
Capturas de pantalla registran las consultas realizadas a una herramienta de inteligencia artificial para obtener información y fotos de la fiscal María Paula Hertrig.
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La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un enérgico comunicado de repudio tras conocerse que dos presos planeaban asesinar a la fiscal de San Isidro que los había encarcelado.

El pronunciamiento, firmado en La Plata por el presidente de la entidad, Nicolás Schiavo, y la secretaria, Gabriela Topalian, llegó días después de que trascendiera que Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47 —ambos líderes de una banda dedicada a cometer entraderas, detenidos en prisión preventiva— habían organizado desde sus celdas un plan para atentar contra la vida de la agente fiscal de la UFI Boulogne, María Paula Hertrig, quien había ordenado sus capturas.

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En el documento, la Red expresó que la planificación de actos de violencia contra integrantes del sistema de justicia “reviste una gravedad institucional que excede la afectación individual de quienes resultan amenazados”. Además señala que “conductas de esa naturaleza comprometen directamente la independencia y el normal funcionamiento de las instituciones encargadas de administrar justicia” y reclama “una respuesta firme del Estado y una investigación exhaustiva de los hechos”.

La entidad subrayó además que la independencia judicial no es un privilegio de los magistrados sino “una garantía de la ciudadanía y una condición esencial de la República”.

Un hombre con el rostro pixelado se encuentra de pie junto a un policía de espaldas con una chaqueta que tiene las siglas DDI
Uno de los presos acusados

“Desde sus principios fundacionales, La Red sostiene la defensa irrenunciable de una administración de justicia independiente e imparcial, libre de indebidas intromisiones e interferencias provenientes tanto de los poderes formales como informales, y concibe esa independencia como una condición indispensable para la plena vigencia del Estado democrático de derecho y de los derechos y garantías de todas las personas”, señalaron al final del comunicado.

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Y concluyeron: “En ese marco, expresamos nuestra solidaridad con la Fiscal involucrada, con su familia y con quienes integran el Ministerio Público, y reafirmamos nuestro compromiso con un Poder Judicial que pueda ejercer sus funciones sin amenazas, intimidaciones ni violencia. La independencia de quienes intervienen en el sistema de justicia no constituye un privilegio personal ni corporativo: es una garantía de la ciudadanía y una condición esencial de la República”.

Cómo se descubrió el plan criminal

La gravedad del caso quedó expuesta cuando la propia fiscal descubrió las amenazas de manera fortuita al analizar un teléfono secuestrado en una causa anterior. En los chats hallados, Rettori le había transmitido a Libertini los números personales de Hertrig —incluyendo los de su pareja y su padre—, datos de sus vehículos y fotos de su domicilio. “O le mando a la casa una corona de muerto o ehhh cuando sale, tiene una CRV o un 208, cuando sale con uno de esos dos la hago cagar a balazos”, rezaba uno de los audios a los que accedió Infobae.

Documento impreso de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires con un comunicado titulado sobre una fiscal de San Isidro
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emite un comunicado de repudio ante un presunto plan criminal contra una fiscal del Departamento Judicial de San Isidro.

A eso se sumó el uso de inteligencia artificial: el análisis forense de un iPhone registrado a nombre de la hija de Rettori reveló que el 27 de marzo de 2025, alguien realizó una consulta a ChatGPT solicitando expresamente una foto de la fiscal. La instrucción judicial concluyó que la búsqueda habría sido realizada a pedido del propio imputado, quien utilizaba ese teléfono mientras permanecía prófugo.

Ante el hallazgo, Hertrig se excusó de la causa el 25 de agosto de 2025. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, tomó el caso y ordenó intervenir las líneas de los imputados. Las escuchas, analizadas durante meses por personal de la fiscalía y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, permitieron reconstruir el alcance del plan.

Con las pruebas reunidas, el titular del Juzgado de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, libró las órdenes de allanamiento correspondientes y los procedimientos se realizaron de forma simultánea: en la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana, donde estaba alojado Libertini, se secuestraron dos teléfonos y se procedió a su aprehensión; en la UC N° 31 de Florencio Varela de Máxima Seguridad, donde se encontraba Rettori, se incautó un tercer dispositivo y también fue detenido. En total, se secuestraron tres celulares de interés para la investigación.

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