
A 23 años de la desaparición de Sergio Ávalos, el estudiante universitario de 18 años que fue visto por última vez en un boliche durante la madrugada del 14 de junio de 2003, la Fiscalía pidió llevar a juicio oral a 19 personas. Según la acusación, el joven fue retenido por una estructura de seguridad que operaba dentro de “El Fuerte”, también conocido como “Las Palmas” en Neuquén.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la acusación alcanza a once personas como coautores y a otras ocho como partícipes necesarios del delito de desaparición forzada de persona. De acuerdo con el requerimiento presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, la seguridad del local estaba compuesta específicamente por seis militares, cinco policías y tres empleados civiles, ese grupo habría intervenido en la desaparición del joven.
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La Fiscalía sostuvo además que personal de mantenimiento, limpieza y tareas administrativas del local “debió conocer lo sucedido” y se negó a proporcionar información sobre lo ocurrido hasta la actualidad. Según el requerimiento, esa conducta obstruyó e impidió, cada uno en la medida de sus posibilidades, el avance del caso.
En línea con la acusación, la desaparición de Ávalos ocurrió dentro de un “aparato de violencia organizado” que funcionaba en el boliche y que tenía un modo de actuación definido. En esa reconstrucción, el personal de seguridad ejercía un control permanente del local, actuaba con violencia frente a conflictos y utilizaba un espacio conocido como el “cuartito de seguridad”, donde algunos asistentes eran trasladados y agredidos.
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En el planteo de elevación a juicio, la fiscal sostuvo que, “con los elementos colectados se puede afirmar que la víctima fue retenida dentro del lugar, y luego trasladada para su ocultamiento a otro u otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha”. Aunque la búsqueda de Ávalos continúa, consideraron que ya existe prueba suficiente para llevar a debate oral la responsabilidad de los 19 acusados.
En 2014 que la investigación debía quedar en la Justicia Federal. Desde entonces, el expediente tramitó en el fuero federal de Neuquén, donde se tomaron más de 100 testimonios, se hicieron tareas de campo, peritajes, relevamientos en cementerios de Neuquén y Río Negro y estudios de ADN con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense.
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En paralelo, sigue vigente una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Sergio Ávalos.
La reconstrucción de la última noche
La madrugada del 14 de junio de 2003, el joven fue a bailar con otros estudiantes al boliche ubicado sobre la calle Primeros Pobladores al 2000, en la ciudad de Neuquén, conocido como “El Fuerte” o “Las Palmas”. Los registros de la causa marcan que fue visto por última vez dentro de ese establecimieto entre las 6.30 y las 7.00.
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En la reconstrucción, la Fiscalía señaló que la noche en que desapareció Ávalos no fue una jornada sin incidentes. El requerimiento menciona una pelea con rastros de sangre en el sector de enfermería, una agresión en una zona conocida como “el túnel” y un conflicto vinculado con el sistema de “ticket-vaso”. También remarca que el personal del boliche se comunicaba con handies y que el lugar contaba con cámaras instaladas en sectores estratégicos.
Uno de los puntos que destacó la fiscal fue la ausencia de las grabaciones de aquella madrugada. Según declararon imputados, la cinta se había terminado y no fue reemplazada. Tiscornia consideró que esa explicación no resulta verosímil por el nivel de control que, según la investigación, existía dentro del establecimiento.
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Posteriormente, sucedieron otras irregularidades, entre ellas la destrucción de documentación policial y la falta de registro de una llamada recibida en el Hospital Castro Rendón, donde una trabajadora dejó asentado que una persona dijo conocer qué había pasado con el estudiante.
Tres días después, el 17 de junio de 2003, el encargado de las residencias universitarias denunció que el joven no había regresado. La causa empezó en la justicia provincial como averiguación de paradero, hasta que años más tarde la querella, la universidad y el Ministerio Público Fiscal impulsaron que el caso se investigara como desaparición forzada.
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