Habían ordenado protección para el niño de 2 años que murió en Salta y ahora investigan la actuación estatal

La muerte de Thiago Altamirano, un niño de dos años en la ciudad de Salta, dio lugar a una investigación penal y abrió un debate sobre la actuación de los organismos estatales encargados de la protección infantil. El caso es investigado como un posible homicidio debido a que el menor ingresó al hospital el lunes 15 de junio con lesiones graves y golpes que los médicos consideraron incompatibles con la versión de una caída de la cama.

El caso tomó relevancia a partir de que la Justicia había emitido una advertencia formal sobre la situación de vulnerabilidad del menor casi siete meses antes de su fallecimiento. La jueza María Carolina Cáceres Moreno dispuso medidas de protección para Thiago y su hermano en diciembre de 2025, tras la denuncia presentada por el abuelo.

La intervención judicial se produjo a raíz de la denuncia del abuelo paterno, Ciro Altamirano, y que las medidas adoptadas tenían como objetivo resguardar la integridad física y psíquica de los menores. El monitoreo policial diario no fue permanente desde la primera advertencia judicial, sino que se implementó recién entre el 14 y el 22 de junio de 2026, tras las nuevas demandas.

Sin embargo, los informes oficiales sostienen que no se detectaron señales de violencia por parte de la madre. Según El Tribuno, la Justicia ya había advertido el riesgo y ordenado medidas de protección en diciembre de 2025, casi siete meses antes de esas rondas policiales, lo que generó cuestionamientos sobre la eficacia del monitoreo institucional.

La investigación penal busca esclarecer las responsabilidades directas en la muerte del niño, cuyo deceso fue notificado inicialmente como asfixia. Posteriormente, se detectaron lesiones y golpes incompatibles con la versión aportada por la madre y Funes, quienes señalaron que el niño se había caído de la cama. El menor ingresó al Hospital Papa Francisco en estado crítico y fue derivado al Hospital Materno Infantil, donde falleció pese a los intentos médicos.

María del Milagro Cuéllar, madre de Thiago, y su pareja, Franco Nicolás Funes, permanecen detenidos mientras avanza la causa que investiga las circunstancias de la muerte del menor. Funes es el principal acusado por el homicidio, aunque existen versiones que ponen en cuestión la relación de pareja entre ambos y describen un entorno familiar marcado por la vulnerabilidad.

En el entorno de Franco Funes surgieron versiones que afirman que no mantenía una relación estable con la madre de Thiago y que al llegar a la vivienda encontró a los niños en condiciones de desnutrición y con signos de violencia. Alegan que ayudó económicamente a la mujer para adquirir comida, aunque la causa judicial continúa bajo secreto de sumario y busca determinar la veracidad de estos testimonios.

El expediente judicial detalla que la magistrada intimó a la madre a abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia contra sus hijos Thiago y Valentín, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia judicial. Además, la resolución, firmada el 2 de diciembre de 2025, dispuso rondas policiales diarias, informes socioambientales y la intervención de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. La jueza también ordenó que la madre acudiera a un centro de consulta de la Secretaría de Adicciones para evaluar una posible situación de consumo problemático.

La causa penal continúa en curso y la Justicia local investiga no solo las responsabilidades de los adultos a cargo, sino también la actuación de los organismos estatales convocados a intervenir desde la primera denuncia. La situación de riesgo había sido advertida formalmente desde el año pasado, lo que mantiene abierto el debate sobre la eficacia del sistema de protección a la infancia en la provincia de Salta.