Quién es “Sherlock”, el líder de la banda de hackers de élite que le creó antecedentes delictivos a Patricia Bullrich

Tobías Silva es muy joven, pero sostiene sobre sus hombros una calificación bastante pesada: es considerado responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con los delitos de sustracción y alteración de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público y de acceso ilegal a bancos de datos personales, en calidad de coautor, agravado por haber intervenido dos menores de 18 años de edad. De mínima, podría recibir 5 años de cárcel.

Es, para el juez federal Adrián González Charvay, el líder de “Los Dictadores”, la banda de hackers de élite que se dedicó a robar datos personales de bases gubernamentales, principalmente de RENAPER, SISA, PAMI, de ANSES y la DNRPA, para venderlos en grupos de Telegram, a través de una herramienta que permitía extraer la información en tiempo real: “Sherlocks Alerts”.

También, del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Incluso, Patricia Bullrich fue una de sus víctimas.

Fuentes de la causa revelaron que expusieron datos sensibles de la por entonces Ministra de Seguridad (por ejemplo, su celular) en la red social X (ex Twitter). Además, le generaron antecedentes policiales apócrifos en el sistema denominado GAP (Gestión de Actuaciones Policiales), herramienta utilizada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Hay que aclarar que la actual senadora no tiene prontuario. Su ficha, la verídica, está limpia.

A Silva también lo responsabilizan de filtrar mails de la Policía Federal Argentina -en total 70 -, teniendo acceso a cuentas de la base de datos de la plataforma institucional “MiMinseg”.

El bot creado por Silva estaba publicado en Telegram dentro de una comunidad de hackers llamada “Dictadores”. En el canal, creado para la venta del sistema de datos, además, se compartían consultas y experiencias.

El supuesto jefe hacker, a través de su abogado, postuló que la resolución se basa en “presunciones y errores interpretativos, pues –a su entender- el a quo confundió el rol de un administrador de una comunidad digital con el de un jefe criminal, y el de un desarrollador de software con el de un coautor funcional de todos los delitos cometidos por terceros”.

Aseguró que ser “fundador” o “administrador” de un grupo de Telegram o un foro de internet, “es un rol técnico de moderación digital y no una jerarquía de mando criminal”.

Sostuvo, a la vez, que su defendido “no tuvo dominio funcional, ni participación, ni beneficio, en los actos autónomos de los otros imputados”. Sobre el punto, explicó la existencia de un “mercado de competidores” compuesto por “emprendedores digitales autónomos” que operan en un mismo rubro y no una organización unificada bajo el control de Silva.

En ese sentido, lo posicionó como un desarrollador de software: “Su bot es un herramienta (“Sherlock Leaks” y “Sherlock Alerts”) que consulta y agrega bases de datos preexistentes, las cuales, presuntamente, ya habían sido filtradas y circulaban en la dark web por acción de terceros”, explicó.

“La supuesta organización es apenas un grupo informal de usuarios que comparten información en foros abiertos de Telegram, sin finalidad delictiva ni coordinación alguna", minimizó el penalista.

Más adelante, Silva amplió su indagatoria y aseguró que los bots “Sherlock Leaks” y “Sherlock Alerts”, que desarrolló, tenían un fin lícito: “de ciberpatrullaje, de ciberseguridad y de OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas)” y responsabilizó a los usuarios, a los que “no podía controlar”, de clonarlos y darles una utilización delictiva. La investigación lo contradice.

El procesamiento, dictado por el juzgado federal de Campana y que incluyó un embargo de $97.000.000 para Silva, fue ratificada días atrás por la Cámara Federal de San Martín, pese a la explicación que ensayó el presunto líder de la organización en la que se infiltró un agente encubierto digital del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA.

El juez adoptó igual temperamento respecto de Ramiro Juan Deroma Marconi, Aritz Joaquín Jalife, Luciano Curcio, Luciano Louge, Ramiro Agustín Scrocca Fernández, Karen Alejandra Cháves, Matías Nahuel Cipriani y B.A. (de 16 años), en calidad de miembros del grupo criminal.

La acusación es grave: atentar contra el orden público, poner en peligro la tranquilidad de la población en general, y colocar en riesgo la “sensación de sosiego de las personas integrantes de una sociedad, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social”.

El bot de Los Dictadores

El bot utilizado por “Los Dictadores” es un programa automatizado que responde a parámetros de su creador, puede ser de administración, como de búsqueda de información.

Los investigadores detectaron diversos anuncios que explicaban el funcionamiento de la herramienta. En otros, se ponía en conocimiento que se había ampliado la base de datos con nuevas “filtraciones” y referían tener más de 1 (un) TB (terabyte) de datos personales filtrados, los cuales se podían consultar mediante el bot, mientras que los “posteos” a lo largo del tiempo permitieron observar que dicho bot se iba nutriendo cada vez más de información privada, y que dicho “servicio” se vendía mediante diversos planes que, según el precio, permitía determinado número de consultas.

A lo largo del tiempo, el bot se iba nutriendo cada vez más de información privada, y que el “servicio” se vendía mediante diversos planes que, según el precio, permitía determinado número de consultas. Entre los servicios se ofrecía, afiliaciones médicas y generación de recetas médicas para: Clonazepam, Xanax, Modafinilo, codeína y viagra.

A lo largo del tiempo permitieron observar que el bot se iba nutriendo cada vez más de información privada, y que dicho “servicio” se vendía mediante diversos planes que, según el precio, permitía determinado número de consultas.

Aunque la investigación comenzó en marzo de 2025 y los allanamientos se ejecutaron en mayo de ese año, el grupo volvió a tomar notoriedad con la detención de Matheo Enzo Torres Palacios, que actuaba con el alias @Gov.eth- y cuya actividad delictiva tuvo alcance internacional y afectó infraestructuras públicas y privadas de diversos países, entre ellos Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos y México. Su arresto es una derivación en España de la causa en la que está involucrado Silva.

Fuentes del caso indicaron a este medio que no es parte de forma directa del grupo de “Sherlock”, sino que compone la comunidad en un mundo virtual donde nada es tan lineal como en el mundo real.