Los 10 alumnos del Colegio Palermo Chico que denunciaron por abuso sexual al empresario Marcelo Porcel recibieron en las últimas horas su propio botón antipánico para casos de emergencia. Por su parte, el imputado -cuyo procesamiento quedó firme la semana pasada- todavía sigue sin recibir la tobillera electrónica que ordenó la Justicia para controlar que no se acerque ni a las víctimas ni a sus familias.
Los dispositivos de los adolescentes fueron entregados por la Policía de la Ciudad en sus respectivos domicilios. Son teléfonos que tienen una aplicación especial y que se activan ante una situación de urgencia para alertar a las autoridades.
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En cuanto al artefacto de geolocalización de Porcel, la misma fuerza es la que está encargada de entregárselo. Sin embargo, el proceso está demorado porque aún faltan los datos específicos del empresario que se requieren para estos casos. Por ejemplo, domicilio y rango de distancia. Esta información se la tiene que otorgar la justicia a la policía.
En este contexto, el abogado de las víctimas Pablo Hawlena Gianotti ya presentó dos escritos de reclamo ante el juez, que fueron enviados entre el lunes y el martes. Este miércoles, redactó un tercero. “Ya es el sexto día sin tobillera”, subraya el letrado.
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La resolución de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la semana pasada fue clara en este punto: “Se ordena la inmediata colocación del dispositivo”, reza el documento al que accedió Infobae. La decisión fue comunicada el jueves por la noche y aún el imputado no recibió el aparato.
“Debió haber sido, como máximo, el viernes 29 de mayo”, explica el querellante sobre el procedimiento. Ante la situación actual, los responsables de llevarle el dispositivo electrónico a Porcel señalan que la colocación se demorará hasta que se especifiquen los datos concretos que se necesitan.
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La resolución judicial
Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, en hechos que habrían tenido como víctimas a diez menores de entre 11 y 15 años. También se le atribuyen delitos de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor sin consentimiento.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en oficinas y domicilios vinculados al imputado, donde —de acuerdo con la acusación— se aprovechaba de vínculos de confianza construidos con las familias. El expediente sostiene que los menores eran trasladados a esos lugares, donde se les suministraba alcohol y se los inducía a situaciones de contenido sexual bajo distintas excusas.
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El jueves pasado, la Justicia consideró que los testimonios obtenidos en cámara Gesell presentaron “coherencia interna”, “estructura lógica” y signos de malestar compatibles con situaciones de abuso, y confirmó el procesamiento contra él.
Sin embargo, decidió mantenerlo en libertad al considerar que tiene arraigo, domicilio estable, trabajo conocido y que no existen antecedentes de incumplimiento de las restricciones ya impuestas. En cambio, ordenó medidas adicionales de control y protección para las víctimas.
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Entre ellas, dispuso la colocación inmediata de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización sobre el cuerpo del imputado -es decir, tobillera electrónica-, además de sistemas de alerta para los denunciantes ante eventuales acercamientos prohibidos.
En una segunda resolución, se confirmó además la extracción compulsiva de ADN de Porcel para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con investigaciones criminales.
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La defensa había cuestionado la medida al sostener que solo puede aplicarse a personas con condena firme y que vulnera derechos constitucionales como la presunción de inocencia y la intimidad. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la legislación vigente habilita la incorporación de perfiles genéticos de imputados y procesados, y consideró que se trata de una medida “instrumental y registral”, comparable a la toma de huellas dactilares.
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