Entre 2022 y 2024 desaparecieron del circuito legal más de 2000 mil armas que, estiman, fueron desviadas al mercado negro para alimentar arsenales de bandas criminales en el ámbito nacional e internacional.
El inicio de la causa por tráfico de armas, ahora en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, comenzó el 26 de julio de 2024, cuando la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (actualmente RENAR), formuló una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo de Santiago Marquevich, que inició una investigación preliminar junto al Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
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Este 27 de abril, se realizaron 140 allanamientos en viarios puntos del país, desde Tucumán a Tierra del Fuego. Los detectives constataron que 742 armas compradas en armerías con credenciales de legítimo usuario no estaban en los domicilios de esos legítimos usuarios. Asimismo, hay otras 1526 armas vinculadas por fuera de dicho circuito, lo que arroja un total de 2269 armas que están en calidad de “perdidas” o “extraviadas”. Es decir, que no hay certeza sobre su paradero.
Se trata, principalmente, de pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres- entre ellas Bersa, Glock y Taurus- predominando los calibres 9 mm, .45 y .22. Creen que podrían estar en manos de narcos en Paraguay y Uruguay.
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Sin embargo, una conversación telefónica que consta en el expediente da cuenta de uno de los detinos que tuvo el armamento: Uruguay.
En el audio, al que tuvo acceso este medio, de uno de los detenidos del operativo “armas sin fronteras” da cuenta de la operatoria de la organización criminal que contaba con testaferros y gestores como parte de la maniobra.
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“Se me cortó lo que yo estaba haciendo. Yo estaba comprando y vendiendo armas y era un número, una plata me llevaba, trescientos por semana me llevaba... Y se cortó hace... desde que subió este peluquín hijo de mil putas, se me cortó. Hace unos ocho meses que no meto un laburo de esos”, relata el hombre que está señalado como uno de los prestanombres de la banda.
“¿Armas?“, le pregunta su interlocutor. “Sí, armas, legal”, responde el imputado. “¿A quién se la vendés?“, quiere saber el otro hombre. ”Yo no hago nada más que comprarlas. Así como las compro, se las llevan. Ahí mismo en el auto me pagan, pim, pam y a otra cosa. Se encarga otro de venderlas. Yo no las veo más, ¿viste? Porque las liman. Le sacan el número, todo, las liman y las mandan para Uruguay“, explica el involucrado en la causa.
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“Y por cada arma me dan ciento cincuenta. Y vos, si pudieras caminar, también te llevás 150 por cada una”, agrega. “Y, ¿viste? Por eso yo... la gente decía que yo estaba rico. Mentí. Era un cuento que yo hacía", se ríe.
La intervención telefónica de uno de los miembros de la asociación ilícita investigada permitió establecer la modalidad mediante la cual obtenían las armas, limaban su numeración identificatoria, y posteriormente, las enviaban a ese país, percibiendo retribuciones económicas por cada operación realizada
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Chile
Al mismo tiempo, la investigación estableció la vinculación internacional de armas registradas en el país con procedimientos policiales realizados en Chile.
Se trata de cuatro armas de fuego, tres Bersa y una Glock, registradas a nombre de usuarios argentinos, Julio Zenón Ruíz y José Victor Ávila, ambos de 70 años, que fueron secuestradas en distintos procedimientos policiales realizados en ese país, en el marco de investigaciones por delitos graves, entre ellos homicidios e infracciones a la legislación sobre estupefacientes.
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Estas coincidencias surgieron a partir del cotejo de numeraciones identificatorias del armamento, sin que los titulares registrales en Argentina hubieran denunciado su robo o extravío, lo que refuerza la hipótesis de su circulación irregular fuera del país.
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