Mala praxis en San Juan: la Corte confirmó la condena a la odontóloga que extrajo 12 muelas a un niño sin consentimiento

La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena a la odontóloga María Romina Pellice por la mala praxis a un niño de 5 años. El episodio ocurrió en 2017 cuando la médica realizó una extracción de 12 dientes sin autorización de los padres. El máximo tribunal provincial dejó firme la sentencia impuesta en marzo de 2025 por la jueza Ana Carolina Parra, que estableció un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional para Pellice.

El tribunal rechazó un recurso de casación de la defensa, ratificando la culpabilidad por lesiones culposas. De acuerdo con la información publicada por Diario El Zonda, los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima firmaron el fallo y fue notificado el 21 de abril de 2026. En la resolución no solo establece el cumplimiento de las formalidades procesales sino que también deja constancia de las reservas de las partes.

El expediente involucra también a María Gabriela Puigdegolas y fue impulsado por la querellante María Fernanda Lara, quien actuó junto al abogado Roberto Martín Lucero Mercado en representación de la víctima, Juan Bautista Lucero Lara.

El caso comienza cuando María Fernanda Lara llevó a su hijo al servicio de odontopediatrá del Hospital Rawson en San Juan. El niño de 5 años presentaba dolor dental y fiebre alta, y la médica de guarda se limitó a drenar el absceso y prescribir antibióticos. Sin embargo, ante la falta de mejoría, el niño fue internado en el Sanatorio Argentino y tratado con antibióticos intravenosos. Tras el alta, los padres acudieron a la consulta de Pellice.

Pellice, en vez de solucionar el problema de un carie en una muela, decidió realizar la extracción de 12 piezas dentales, sin consultar previamente a los padres. Este hecho, tipificado como mala praxis por la justicia provincial, tuvo consecuencias graves para su desarrollo físico y psicológico.

Aunque el procedimiento buscaba únicamente remover una muela afectada, la cirugía terminó dejando al menor con solo dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros, un daño que, de acuerdo con el informe pericial citado por el tribunal, no tenía justificación clínica. En el fallo, la jueza Ana Carolina Parra señaló que Pellice actuó con “imprudencia profesional”, sin evaluar alternativas de tratamiento y sin el consentimiento informado de los padres, detalló la abogada de la familia, Yamila Piozzi.

La profesional no logró revisar adecuadamente la boca del menor en la primera ni en la segunda consulta debido a su inquietud. Finalmente, Pellice sugirió extraer la muela dañada bajo anestesia general en el Sanatorio CIMYN el 14 de septiembre. Piozzi explicó que la odontóloga no precisó cuántas piezas serían retiradas ni ofreció opciones alternativas de tratamiento. La cirugía, que debía durar poco tiempo, se extendió por una hora y la madre recibió un frasco con los doce dientes extraídos.

La abogada declaró las múltiples secuelas del menor de edad: “El niño empezó a tener problemas para alimentarse, digestivos, psicológicos. Sufrió bullying en la escuela, no pudo hacer deportes y necesitó fonoaudióloga porque no podía hablar correctamente. Su mandíbula dejó de crecer con normalidad. Su rostro se modificó y su boca se metía hacia adentro”. Las dificultades para masticar y hablar impactaron directamente en el desarrollo del lenguaje y la curva de crecimiento del menor.

El Círculo Odontológico de San Juan, convocado como perito, concluyó que al menos cuatro de los dientes retirados estaban saludables y que no existía una evaluación integral ni un seguimiento odontológico previo que fundamentara una extracción masiva. El informe agregó: “Aún en presencia de un posible riesgo de infección generalizada, la odontóloga debió haber hospitalizado al menor, realizarle estudios complementarios y tratarlo con antibióticos intravenosos antes de una intervención tan invasiva”.

Para los peritos, la decisión de actuar quirúrgicamente sin el consentimiento escrito de los padres y sin agotar todas las alternativas supuso una negligencia profesional grave. Además, la historia clínica registró que la anestesia fue general, no local, y que esa información tampoco fue comunicada previamente.