El caso por la muerte de la beba hallada en el obrador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP acaba de experimentar un giro determinante en la carátula judicial: la causa pasó a investigarse como abandono de persona agravado por el vínculo y no como homicidio.
La Justicia Ordinaria de La Plata asumió el control del expediente, que quedó bajo la órbita de la fiscal Virginia Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, y de la jueza de Garantías Marcela Garmendia. Previamente, el juez federal Alejo Ramos Padilla había intervenido de urgencia en los primeros momentos del caso, pero dispuso el desprendimiento de competencia tras los primeros avances.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder 0221, el traspaso formalizó la salida del fuero federal para que sean las autoridades provinciales quienes lleven adelante la pesquisa.
La reconstrucción de los hechos se concentra en los movimientos de la madre de la víctima, una mujer de 32 años que fue la última persona que vio con vida a la beba. La sospecha de los investigadores apunta a que fue ella quien trasladó a la menor hasta el predio universitario, donde finalmente se produjo el hallazgo.
Distintos testimonios y la acreditación de una patología preexistente de salud mental inciden en la hipótesis principal. La madre cuenta con un diagnóstico de esquizofrenia, circunstancia que pesa en la evaluación de su capacidad jurídica.
Por esto mismo, las autoridades se centran en determinar si la mujer comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho y si podía dirigir sus acciones. El análisis sobre su estado de salud mental se tornó central y la pesquisa avanza sobre la base de informes médicos y pericias psiquiátricas. Según consta en el expediente, la imputada fue internada en el sector de Salud Mental del Hospital San Martín de La Plata, bajo custodia policial permanente y con criterio de internación por representar un riesgo para sí y para terceros.
El ingreso de la madre al hospital quedó registrado en un informe médico incorporado a la causa. Allí, se describe: “Paciente que ingresa deambulando por sus propios medios, esposada y acompañada por personal policial. Tranquila, denotando actitud de perplejidad. Presenta miradas de lado. Se tapa los oídos. No opone resistencia y se encuentra dispuesta al diálogo con las profesionales. Orientada en persona, parcialmente en tiempo y lugar”.
Este documento también puntualiza que muestra laxitud asociativa e ideas delirantes mal sistematizadas de daño que movilizan su conducta. No presenta ideación autolítica o suicida. El informe agrega: “Lenguaje suficiente, volumen medio, coherente con el contenido de su ideación. Indiferencia afectiva. Hipobulia. Refiere mal descanso nocturno. No se evalúa apetito. Sin conciencia de situación ni enfermedad. Juicio crítico desviado…”.
En este contexto, evalúan la posibilidad de trasladar a la madre a una institución más adecuada para el tratamiento de su cuadro, según lo establecido en la causa. El proceso de recolección de pruebas continúa y uno de los puntos que podría aportar datos clave es el análisis del material de las cámaras de seguridad de la zona, cuyo contenido aún resta examinar por completo para esclarecer los movimientos previos al hallazgo del cuerpo.
Tanto estudiantes como docentes de la Facultad de Arquitectura manifestaron conmoción, aunque las actividades académicas ya se reanudaron con normalidad y sin la incorporación de una guardia de seguridad adicional.
En el expediente judicial, la carátula de abandono de persona agravado por el vínculo redefine el marco de responsabilidad de la imputada y abre un nuevo escenario para la instrucción.
La fiscal Virginia Bravo y la jueza Marcela Garmendia supervisan las próximas medidas, en tanto se aguardan resultados complementarios de las pericias y el análisis de los registros fílmicos.
El expediente avanza bajo la órbita del fuero ordinario, mientras la comunidad universitaria se mantiene expectante ante las novedades del caso.
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