Condenaron a cuatro policías por detener, torturar y amenazar a siete jóvenes de Rosario

A siete años de la noche en la que un grupo de jóvenes fue detenido, torturado y amenazado en la ex Comisaría 14.ª de Rosario, este miércoles cuatro efectivos policiales fueron sentenciados con prisión efectiva por las vejaciones agravadas cometidas en marzo de 2018. Además, otros ocho efectivos fueron condenados por omisión de denuncia y otros nueve resultaron absueltos.

En el caso de los cuatro agentes condenados por las agresiones, se establecieron penas de hasta cuatro años de cárcel y se dispuso la inmediata detención de los responsables. Se trató de una pena menor solicitada por la fiscal Karina Bartocci, quien había pedido penas de entre 5 y 10 años de prisión.

Pese a que no tuvo en cuenta la pena ponderada, la funcionaria aseguró que estaba conforme con que los responsables hayan sido condenados. “En el Código Penal, el delito de vejaciones tiene un mínimo de un año, lo cual, si bien se trata de un hecho grave –que un policía golpee a una persona–, tiene una pena considerada leve o mínima”, sostuvo al finalizar el juicio.

Asimismo, la resolución emitida por el tribunal compuesto por Florentino Malaponte, Fernando Sosa y Gonzalo López Quintana sentó un antecedente sobre la respuesta judicial ante situaciones de violencia institucional cometidas por fuerzas de seguridad.

Según reconstruyó Rosario3, el proceso judicial involucró a un total de 21 policías. Sin embargo, este miércoles se resolvió la absolución de nueve de los implicados, mientras que ocho recibieron sentencias de prisión condicional por omitir denunciar las irregularidades.

El episodio ocurrió en la madrugada del 23 de marzo de 2018, cuando los siete jóvenes, seis hombres y una mujer, todos de entre 21 y 24 años, estaban reunidos en un banco de las Cuatro Plazas de barrio Belgrano. Dos de ellos se alejaron en motocicleta hacia un kiosco próximo, momento en que un patrullero los siguió sin encender las luces, acelerando sin identificarse ni dar la voz de alto.

La secuencia, reconstruida por la fiscalía, detalló que los agentes identificados como Ariel G. y Gastón F. interceptaron al conductor de una motocicleta, le quitaron sus pertenencias y lo golpearon. Aunque comprobaron que la moto era de su propiedad, los policías lo esposaron y lo trasladaron en una camioneta oficial.

Simultáneamente, la acompañante fue abordada por los suboficiales Mariano S. y Erica D., quienes la forzaron a ingresar al vehículo policial. Según la acusación, Erica D. la tomó del cabello e introdujo a la fuerza en el móvil, mientras Mariano S. agredió a otro joven con un golpe en la frente realizado con su arma reglamentaria.

El operativo no terminó en la vía pública, debido a que los jóvenes fueron llevados en distintos móviles a la ex Comisaría 14.ª, ubicada en Marcos Paz 6650, actual sede de la Comisaría de la Mujer. Una vez allí, la violencia se mantuvo: los seis varones quedaron esposados entre sí y de pie durante horas, sufriendo insultos, burlas y amenazas de muerte.

En el interior de la comisaría, los suboficiales Mariano S. y Erica D. utilizaron sus teléfonos celulares para documentar la escena, según consta en el expediente judicial. El relato incluyó un episodio en el que, como forma de vejación, cortaron el cabello a una de las víctimas.

Otro de los detalles claves para la causa correspondió al disparo que sufrió una de las víctimas cuando intentaba escapar de la plaza. Según constataron, los agentes utilizaron una escopeta antitumulto, cuyo proyectil le impactó en la pantorrilla izquierda.

De esta forma, la acusación incluyó testimonios y pruebas sobre burlas, insultos, amenazas, golpes, manifestaciones obscenas y vejaciones perpetradas por los agentes. El desarrollo del debate, que se extendió por tres semanas, permitió analizar el grado de responsabilidad de cada uno de los efectivos señalados en los hechos y diferenciarlos de otros delitos investigados, como hurto y falsedad ideológica, cargos de los que varios resultaron absueltos.

A raíz de esto, el tribunal halló culpables a Roberto Salinas, Santiago Morgan, Sergio Romero y Diego Ojeda. Salinas, Morgan y Romero recibieron cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por vejaciones agravadas, lesiones leves dolosas y falsedad ideológica de instrumento público agravada por su condición de policías. Ojeda fue condenado a tres años y seis meses de prisión, ya que el delito de falsedad ideológica no le fue atribuido.

Los otros ocho policías fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso por favorecimiento personal debido a la omisión de denunciar las vejaciones, agravada por su condición de funcionarios públicos. Así, el juicio diferenció entre quienes cometieron los abusos y quienes, en funciones de garantes de la ley, omitieron denunciar estos hechos, permitiendo la impunidad.