El caso de las internas que murieron en diciembre durante un incendio en su celda de la cárcel de Bouwer, Córdoba, tomó mayor relevancia en las últimas horas a partir de la presentación judicial de la madre de una de ellas, quien pidió que se investigue la responsabilidad del Estado en el hecho.
Las víctimas del episodio fueron Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo. Según la causa, el fuego se habría generado intencionalmente en el marco de una pelea entre ambas. Aunque es solo una hipótesis.
Pedraza tenía 25 años y era madre de una nena de 5. Había sido detenida en Villa María unos días antes del incendio en Villa María y de cara a las fiestas pidió ser trasladada al penal de Bouwer para estar cerca de su familiar.
Estaba imputada por un robo y también procesada por un delito vinculado a la venta de bijouterie, según indicaron fuentes del caso a Infobae.
El traslado al penal de la tragedia se concretó el 19 de diciembre, apenas unas pocas horas antes del inicio del fuego que le provocó la muerte inmediata. La denuncia judicial que apunta contra las autoridades sostiene que la mujer permanecía bajo custodia exclusiva del Estado provincial y remarca que no contaba con condena firme.
María Flavia Ramallo, por su parte, tenía 37 años, estaba condenada por narcomenudeo y llevaba más tiempo alojada en la celda donde ocurrió el hecho. Su fallecimiento fue tras una larga agonía: las llamas le provocaron quemaduras muy graves, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba, donde luego murió.
El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de diciembre de 2025. Según la información oficial, tuvo lugar a las 1.17 de la madrugada en la Antesala del Núcleo “C” del Establecimiento Penitenciario Nº 3 y fue en el marco de una fuerte pelea entre las dos internas.
“Tras ello se generó un incendio en el interior del lugar, y mediante la acción inmediata del personal de Guardia y del Grupo de Intervención Rápida (GIR) se logró mitigar el foco”, señalaron fuentes oficiales en ese entonces.
El peritaje de Bomberos determinó que el fuego fue intencional, aunque no se estableció quién lo inició.
Ahora, a dos meses del hecho, la familia de la más joven de ellas reclama avances en la investigación y denuncia graves irregularidades en el accionar del personal penitenciario. En este contexto, la madre de Pedraza, Valeria Soledad Romero, solicitó ser reconocida como querellante particular en la causa y su representación está a cargo del abogado Diego Casado.
El letrado apunta a la responsabilidad de las autoridades ya que sostiene que la presencia de colchones inflamables en la celda de castigo, la supuesta existencia de un encendedor y la falta de funcionamiento de los matafuegos constituyeron el escenario de riesgo extremo que dio lugar a su muerte.
Además, denuncia que el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas pese a los pedidos de auxilio de Pedraza y que otras internas fueron evacuadas antes que ella. “El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, afirmó Romero en la presentación judicial a la que accedió Infobae.
La querella también reclama que se investigue si los agentes penitenciarios intentaron modificar sus declaraciones tras una reunión con las jefas de los módulos y si existieron conductas orientadas a encubrir los hechos posteriores al incendio.
Asimismo, la familia Guadalupe Pedraza considera que podrían haberse producido delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación final dependerá de lo que determine la investigación judicial. Por ahora, el eje del planteo apunta a que el Estado provincial asuma la posible responsabilidad civil e internacional por lo ocurrido.
En declaraciones televisivas, la madre de la interna fallecida de 25 años sostuvo que aquella noche, a pesar de los pedidos de auxilio de su hija, el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas y priorizó la evacuación de otras internas antes que la de Guadalupe.
En su testimonio, Romero expresó: “Es un dolor que a nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo. Que te quiten un hijo, que te lo arrebaten y saber que estuvo pidiendo auxilio y que nadie hizo nada... porque si hubieran querido, las hubieran salvado y las dejaron morir. A ellas las dejaron morir, a mi hija me la mató el Estado”.
Romero aseguró: “No voy a descansar hasta que se esclarezca la muerte de mi hija”, solicitando ser querellante en la causa.
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