Un juez de Familia de la provincia resolvió la expulsión de un hombre de 35 años denunciado por violencia de género por parte de su ex pareja. La decisión judicial, adoptada por Jorge Sepúlveda, establece que el individuo deberá abandonar Neuquén, fijar un nuevo domicilio fuera de la jurisdicción y someterse a un tratamiento psicológico especializado en violencia familiar. Además, la orden prohíbe su regreso sin autorización judicial previa.
La medida responde a reiteradas infracciones del acusado a la Ley 2.785. Pese a la asignación de un botón antipánico y la ampliación del radio de restricción a 900 metros, la denunciante fue objeto de nuevas agresiones físicas y amenazas en las inmediaciones de su vivienda. En ese entonces, el juez dispuso la colocación de una tobillera electrónica al imputado y la entrega de un dispositivo dual de alerta a la mujer, sin lograr el cese del hostigamiento.
Las medidas punitivas se intensificaron en septiembre y diciembre del año pasado, con arrestos de 24 y 48 horas respectivamente, al constatarse nuevos episodios de violencia. En su resolución, Sepúlveda señaló que el hombre retiró por la fuerza la tobillera en tres oportunidades y que la denunciante permanece “con miedo y atemorizada por su seguridad”.
Un informe del equipo técnico concluyó que la víctima se encuentra en situación de alto riesgo, dato corroborado por una internación hospitalaria en noviembre tras una descompensación originada por otra agresión.
El fallo subraya la necesidad de reforzar las medidas cautelares para otorgar un resguardo físico, psíquico y simbólico a la mujer, conforme al riesgo evaluado. El magistrado argumentó que la gravedad de los hechos y el “total menosprecio por la intervención judicial” justifican la expulsión, con el objetivo de lograr una tutela inhibitoria suficiente y eficaz.
En los fundamentos, Sepúlveda contrapuso la obligación estatal de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer —según normativa nacional e internacional— con el derecho constitucional del imputado a circular libremente por el país. La resolución puntualiza que este derecho no es suprimido, sino interrumpido temporalmente, con el fin de modificar la conducta del agresor y preservar la seguridad de la víctima.
Secuestró a su pareja y a sus hijos luego de ser denunciado por violencia de género
Hace casi un mes, la Policía recastó a una mujer y a sus tres hijos, menores de 10 años, que habían sido secuestrados por el padre de la familia. Según la información oficial, el operativo fue coordinado por efectivos de la Comisaría 49 y el Departamento de Búsqueda de Personas, que actuaron tras la notificación realizada el sábado diez de enero.
La investigación determinó que las víctimas habían sido secuestradas la noche del viernes 9 de enero. Se confirmó que fueron trasladadas contra su voluntad a un puesto rural de Vista Alegre, donde el acusado tenía una propiedad próxima a la ruta 67. Los agentes lograron hallar en ese lugar tanto a la mujer como a sus hijos —dos varones y una niña—, quienes permanecían retenidos en el inmueble del imputado.
La intervención de las fuerzas de seguridad permitió que las víctimas recuperaran la libertad luego de casi veinticuatro horas de cautiverio. El acusado, identificado como “S. R.”, fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia.
Posteriormente, se celebró una audiencia judicial en la que se formalizó la investigación penal preparatoria. Según consta en la resolución citada por LM Neuquén, el juez Juan Guaita consideró que la evidencia aportada resultaba suficiente para avanzar con el proceso, lo que habilitó la formulación de cargos contra “S. R.”.
El magistrado determinó que el imputado podría mantener la libertad durante el periodo de instrucción, aunque bajo estrictas condiciones: durante cuatro meses deberá portar un dispositivo dual de monitoreo, además de cumplir con la prohibición de acercarse a Zapala y zonas aledañas, lugar de residencia de las víctimas. Asimismo, la resolución judicial incluyó la obligación de presentarse semanalmente ante la Comisaría 16 de Neuquén para confirmar su disponibilidad ante la Justicia.
Estas medidas buscan garantizar la protección de la mujer y sus hijos durante el plazo fijado para la recolección de pruebas, establecido en cuatro meses.
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