La Policía Bonaerense allanó este viernes 14 objetivos y arrestó a ocho sospechosos en la zona oeste del conurbano, en un operativo en el que los investigadores de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones encontraron casi diez millones de pesos en efectivo.
Pero esta redada no se trató de dinero, sino de verdadero metal pesado: se secuestraron cuatro mil kilos de cobre en cables y filamentos, 621 kilos de monedas de curso legal, 22.680 kilos de metal compactado, 2.342 kilos de aluminio, también compactado en bloques y, lo más llamativo de todo, 95 toneladas de cables que pertenecerían a la empresa Edenor, un lote valuado por investigadores en casi un millón de dólares.
Sobre esta montaña de 123 mil kilos se sienta Miguel Antonio A., “El Gordo”, aprehendido en la jornada, presunto regente de una metalera ubicada junto a una iglesia evangélica en la calle Carlos Casares, zona de Rafael Castillo, el presunto jugador clave de un negocio clandestino en alza, una marca del delito de época.

El robo de cables es parte frecuente del menú diario del delito desde hace un tiempo, entre las muertes de la pobreza desesperada en puntos como Bahía Blanca y Rosario y el ingenio del hampa, con falsas cuadrillas de empresas energéticas o de telefonía que atacaban en el AMBA o La Plata. En julio de 2024, seis delincuentes llegaron incluso a simular una obra pública en el centro de San Martín para llevarse 15 trozos de cable subterráneo de alta tensión. Una jugada idéntica se intentó la semana pasada en La Plata, con ladrones que habían impreso uniformes de la firma Movistar.
Así, el cirujeo de cables y picaportes comenzó en las metaleras -donde un kilo de cobre se pagaba ocho mil pesos un año atrás- con el robo a gran escala. Ciertos investigadores comenzaron a sospechar una intersección, un cambio: el robo hormiga daba paso al crimen organizado. “El Gordo”, para empezar, estaba registrado en los rubros chatarreros de la ex AFIP.

Otro de los puntos allanados en el oeste estaba lejos de ser un nodo para simples cirujas: se parece, directamente, a una empresa metalúrgica.
Todo era de una prolijidad notable en el lugar. Allí, las bolsas con restos se mezclaban con las máquinas de fundición y con grandes compactadoras, con camiones a la vista y lingotes de cobre producidos en el lugar, con operarios que trabajaban con equipo de protección.
Aquí, la Bonaerense, bajo la firma del juez federal Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, investigó una cadena de producción y envío, con cables robados que eran “procesados en pequeños centros de acopio para ser luego vendidos a fundidoras más grandes, que los compactaban y los exportaban a países limítrofes”, según aseguró a Infobae un investigador clave. ¿El motivo? Una creciente demanda de cobre y bronce en el exterior, que agita un negocio para el hampa que termina en cortes de luz y gente que pierde la vida.
La ruta del metal argentino al exterior ya fue investigada en el pasado reciente. En mayo de 2024, Gendarmería Nacional interceptó en Corrientes un camión que transportaba ilegalmente 28 toneladas de cobre. Había partido de Rosario con destino a Puerto Iguazú, cuando fue detenido para un control de rutina en el kilómetro 536 de la Ruta Nacional Nº 14.

En julio del año pasado, un allanamiento de rutina a un galpón habilitado como chatarrería en la zona oeste de Rosario terminó con el hallazgo de un posible templo del robo hormiga de metales en la ciudad y la detención de siete personas. Se hallaron 2.300 kilos de cobre, 300 kilos de aluminio, autopartes de dudosa procedencia, dos armas de fuego, 4.300 euros, 310 mil dólares y casi 24 millones de pesos, con una causa a cargo del fiscal Franco Carbone.
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