Un empleado judicial fue imputado por participar del transporte de más de 23 kilos de marihuana

El juez federal de Garantías Julio Bavio ordenó la prisión preventiva por 45 días para Daniel Fernando Aponte, un empleado del Poder Judicial de Salta acusado de la coautoría en el transporte de más de 23 kilos de marihuana.

Según informó fiscales.gob.ar, la medida fue adoptada en el marco de una investigación conducida por el Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, iniciada el 21 de diciembre de 2024, tras el hallazgo de la droga en una camioneta detenida en la localidad de Joaquín V. González.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, Aponte quedó imputado por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Su detención ocurrió el 18 de marzo pasado, luego de un allanamiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su domicilio en Rosario de la Frontera, donde también se incautaron elementos vinculados a la causa.

El operativo que dio origen a la investigación se produjo cuando Ángel Guido Luna fue detenido conduciendo una camioneta Kia Sorento perteneciente a la empresa de transporte “Aponte S.R.L.”, propiedad del imputado y de un familiar.

Durante el control vehicular realizado por personal de Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 5 se hallaron 23 kilos con 704 gramos de marihuana distribuidos en 24 paquetes ocultos en diferentes partes del vehículo, incluyendo los paneles laterales, el techo, el paragolpes y bajo la alfombra. Como se ve en la foto que ilustra esta nota.

A partir del secuestro del teléfono celular de Luna, la investigación condujo a una segunda detención el 25 de febrero pasado, la de Darío Antonio Peralta, tras confirmarse que ambos habían viajado al norte provincial para adquirir la droga.

En el mismo dispositivo se hallaron registros de comunicaciones cifradas con el abonado de Aponte, quien según la fiscal subrogante Paula Gallo, “mantenía seguimiento sobre el recorrido y maniobra de transporte”.

Gallo, asistida por la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, argumentó que Aponte tenía dominio del hecho y resaltó la gravedad de la logística desplegada, ya que la sustancia estaba distribuida en prácticamente todo el interior del vehículo.

Ante esto, la fiscal solicitó la prisión preventiva al considerar que había riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso, y señaló que Aponte, como funcionario judicial, podría haber aprovechado su cargo para influir en la investigación.

Durante la audiencia, Aponte reconoció haber prestado la camioneta a Luna, aunque afirmó que lo hizo para que este se la mostrara a un posible comprador en Metán, distante a unos 35 kilómetros de Rosario de la Frontera. También admitió haber contactado al abogado que luego asumió la defensa de Luna, alegando que buscaba recuperar el rodado.

La fiscalía rebatió estos argumentos al indicar que Aponte no se mostró sorprendido al saber que Luna estaba alojado en un hotel, lejos del supuesto lugar de la transacción. Además, sostuvo que el acusado no realizó ningún reclamo formal por el vehículo, y que el intercambio de llamadas con el abogado defensor evidencia que seguía los movimientos del rodado implicado.

Finalmente, el juez Bavio consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía “tienen peso suficiente” para presumir la participación de Aponte en la maniobra de narcotráfico.

Así, el magistrado rechazó la versión sobre la venta del vehículo, calificándola de “poco creíble”, y desestimó la explicación sobre su vínculo con el abogado defensor por “llamativa”. Con base en esos elementos, dio por formalizada la imputación y autorizó la realización de nuevas pericias, además de ordenar la prisión preventiva del imputado por un plazo de 45 días.