Una investigación judicial volvió a exponer cómo agentes de la policía santafesina utilizaron ilegalmente los instrumentos otorgados por la ley de microtráfico en beneficio propio.
La norma, impulsada por el gobierno provincial a fines de 2023, busca agilizar investigaciones sobre venta de droga al menudeo, un delito estrechamente ligado a la violencia urbana. En este caso, sin embargo, los efectivos policiales aprovecharon las herramientas de la ley para recaudar dinero, falsear procedimientos y obtener información de manera ilícita.
Seis agentes de la Brigada Motorizada fueron imputados por extorsión, falsificación de pruebas y privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. Los policías involucrados son Lucila Aylen Bellizzi (21 años), Dylan Ezequiel Pérez (23), Rodrigo Tomás Ramírez (23), Ricardo Font (27), Marcelo Borovachi (26) y Jesús Soria (31). El próximo martes, tras un cuarto intermedio dictado por el juez Hernán Postma, se definirá si continúan en prisión preventiva. Además, una médica policial fue imputada pero quedó en libertad.
Los fiscales Karina Bartocci y Pablo Socca imputaron a los agentes Soria, Ramírez, Pérez y Bellizzi por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, omisión de denuncia agravada e incumplimiento de deberes de funcionario público. Además, Soria fue acusado de tentativa de extorsión según informó el portal del diario La Capital.
Por la detención ilegal y el plantado de droga, los mismos agentes junto con Borovachi fueron imputados también por privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de deberes de funcionario público y amenazas coactivas. A Soria, Pérez, Borovachi y Font se les sumó la acusación de falso testimonio agravado, mientras que Pérez fue el único imputado por apremios ilegales.
Además, la médica policial Mara Romano fue imputada por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado. Según la investigación, falsificó un informe sobre el estado de salud del hombre detenido con el fin de ocultar los apremios ilegales que había sufrido.
La audiencia continuará el martes próximo, cuando se resolverá si los policías continúan en prisión preventiva mientras avanza la causa.
Los hechos
Uno de los episodios investigados ocurrió en noviembre de 2024, cuando los agentes Soria, Ramírez, Pérez y Bellizzi interceptaron en la vía pública a dos personas que llevaban armas de fuego, tres cargadores y una caja de municiones. Solo detuvieron a una de ellas, mientras que a la otra, identificada como Rubén “Rana” Gusmaroli, la dejaron en libertad tras acordar un pago de dos millones de pesos.
La base del operativo fue el vínculo entre los policías y Sandra Álvarez, una vendedora de drogas del barrio Parque Casas, quien también fue imputada. Álvarez informó a los agentes que Gusmaroli le había ofrecido armas de fuego. Con esa información, coordinaron un encuentro con Gusmaroli, a quien interceptaron en la zona de Antequera y Fournier el 22 de noviembre. Allí, los policías pactaron la entrega de dinero para no detenerlo.
Días después, ante la negativa de Gusmaroli de seguir brindando información, uno de los agentes le exigió 20 millones de pesos bajo amenaza de incriminarlo en una causa penal. Tanto Álvarez como Gusmaroli terminaron imputados: ella, por cohecho pasivo, y él, además, por portación ilegítima de armas de fuego.
Otro episodio ocurrido el 27 de enero de 2025 involucra a los policías Jesús Soria, Marcelo Borovachi, Ricardo Font, Dylan Pérez y Lucila Bellizzi. Los agentes acudieron a un punto de venta de drogas en Superí y Cavia y detuvieron a un hombre de 31 años, consumidor de la zona. Según la fiscalía, ante la negativa de brindar información, lo golpearon con patadas y con un bastón policial.
Minutos después, la suboficial Lucila Bellizzi sacó dos bolsas con cocaína de su chaleco y preguntó a su compañero dónde debía colocarlas. Finalmente, le plantaron la droga al detenido y falsearon el acta del procedimiento. Más tarde, se dirigieron al domicilio de Graciela González, a quien trasladaron a la comisaría bajo el falso pretexto de que debía declarar como testigo. Una vez allí, le informaron que quedaba detenida.
El fiscal detalló que Marcelo Borovachi simuló haber recibido una orden de la fiscal Noelia Navone para el traslado de González, con el objetivo de armarle una causa por tenencia de estupefacientes. La mujer y el hombre que fue golpeado estuvieron presos 17 días hasta que la causa fue archivada.
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