El ingeniero que destapó las muertes de bebés en Córdoba rompe el silencio: la increíble historia detrás de su denuncia

El juicio por la muerte de cinco bebés y el presunto intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba se acerca al cierre de la etapa de declaraciones testimoniales, y uno de los últimos testigos en presentarse frente a los jueces y el jurado será Francisco Luperi, el ingeniero que destapó el escándalo.

La cronología de los hechos comienza el 18 de marzo de 2022, con el fallecimiento del bebé Francisco Calderón Cáceres, y termina el 7 de junio del mismo año. La denuncia ante la Justicia se hizo recién un mes más tarde, el 4 de julio. Aunque las personas que sabían lo que estaba pasando en el centro médico se contaban por decenas, nadie reportó formalmente la cadena de tragedias y descompensaciones inexplicables. Tampoco hubo fiscales o funcionarios del Poder Ejecutivo provincial que actuaran de oficio.

Luperi es esposo de Virginia Zamora, una médica del Neonatal. Cuando ella volvía a su casa le contaba cómo había estado su día de trabajo, como cualquier pareja. Y lo que al principio parecían tristes gajes del oficio, con el tiempo se convirtió en una sólida sospecha de que en el hospital podía haber un asesino serial.

Es así que este ingeniero cordobés formuló una denuncia que luego recayó en la Fiscalía del Distrito N° 3 Turno 7, a cargo de Raúl Garzón. Recién entonces, un mes después de las últimas muertes, se empezó a investigar el caso que hoy se debate en el juicio, y que tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Agüero.

Luperi ya declaró como testigo durante la etapa de instrucción. Este martes, el fiscal de Cámara Sergio Ruiz Moreno ratificó que él y su esposa volverán a dar su versión de los hechos frente a los jueces y el jurado popular. La declaración está programada para el jueves, una vez que termine la etapa de testimoniales de familiares de las víctimas.

Hasta ahora, Luperi no había hecho declaraciones públicas sobre su rol en la causa.

Denuncias previas y sospechas de encubrimiento

Las muertes de Angeline Cornelio Rojas y Melody Luz Molina, el 6 y 7 de junio, respectivamente, terminaron de exponer una trama que para esa fecha ya era evidente. Previo a estas tragedias, en menos de 90 días tres bebés habían muerto y otros ocho se habían descompensado sin explicación: los partos habían salido bien, y tanto ellos como sus madres estaban sanos.

Ante la seguidilla de casos, los últimos dos fallecimientos fueron los únicos que se denunciaron, pero de forma separada y sin correlación con los antecedentes, de los que las autoridades del Neonatal y del Ministerio de Salud ya tenían conocimiento, de acuerdo a las pruebas que constan en el expediente.

Las pérdidas de Angeline y Melody fueron reportadas como “muertes aisladas de etiología dudosa”, con el objetivo de esclarecer qué desencadenó cada fallecimiento en particular. Por si fuera poco, una de las denuncias la hizo una enfermera, y la otra un policía que cumplía horas de guardia en el hospital.

El mismo día, el entonces ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo, recibió en su oficina al secretario de la cartera sanitaria, Pablo Miguel Carvajal. Recién entonces se habría enterado sobre los cuatro casos del 6 y 7 de junio, pero sin especificaciones ni menciones a los antecedentes.

Carvajal solo le habría hecho llegar “la noticia” luego de conversar telefónicamente con la directora del Neonatal, Liliana Asís.

Cardozo luego mantuvo otra reunión, que está acreditada en la causa, con su secretario de Salud y su asistente privado. El ministro aseguró que en ese último encuentro dio la orden de que se hiciera una denuncia formal, algo que finalmente no ocurrió. El fiscal Raúl Garzón lo imputó con el argumento de que no alcanzaba con “pedir” a sus funcionarios que llevaran el tema ante la Justicia, y que él mismo debería haberlo hecho.

Además, un archivo de Word que encontraron en la computadora del ex ministro -y que sería exhibido en el juicio la próxima semana- probaría que, contrario a su declaración, sí tenía un conocimiento detallado de los casos. Su defensa ya respondió en la etapa de instrucción que ese documento se creó en septiembre de 2022.

Cardozo; Carvajal; Asís; el ex jefe del Área Legales del Ministerio, Alejandro Gauto; el ex subdirector de Gestión Administrativa del hospital, Julio Escudero Salama; y Adriana Moralez, médica y ex coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente y Mortalidad Materna Infantil, están imputados por encubrimiento y, en algunos casos, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Son los principales señalados por el presunto ocultamiento de las muertes y descompensaciones, junto a Claudia Ringelheim, ex vicedirectora del Neonatal; Alicia Ariza, ex jefa de Enfermería; Marta Gómez Flores, ex jefa de Neonatología; y María Lujan, quien firmó las actas de defunción de las primeras tres víctimas.

Otro dato que falta dilucidar en el juicio es qué pasó exactamente en la reunión del 8 de junio que se llevó adelante en el hospital. Ese día, la entonces directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud provincial, Marcela Yanover, juntó a decenas de médicos y autoridades para exponer todos los casos sospechosos.

Es otro factor central que analizarán los jueces y el jurado popular a la hora de llegar a una conclusión sobre por qué nadie denunció lo que estaba pasando en el Neonatal de Córdoba.

Yanover se contactó con Infobae y aseguró que ese día se presentó en el hospital por pedido de sus superiores “para tomar conocimiento de lo que estaba ocurriendo”, y aclaró que desde el Ministerio de Salud “no presentaron ninguna línea de tiempo”, como afirmó durante el juicio la ex vicedirectora Claudia Elizabeth Ringelheim.

La ex directora de Maternidad e Infancia, que fue señalada como sospechosa durante la investigación, pero no llegó a estar imputada, se negó a responder preguntas de este medio para esclarecer qué pasó en la reunión del 8 de junio.