Para desarticular redes de narcomenudeo, se realizaron 20 allanamientos en una cárcel y barrios de Mendoza

La Policía de Mendoza llevó a cabo un amplio operativo contra el narcotráfico en la zona oeste de Godoy Cruz y en el penal federal de Almafuerte, ubicado en Cacheuta, logrando la detención de dos hombres y el secuestro de drogas, dinero en efectivo y elementos vinculados al tráfico de estupefacientes.

El operativo, que involucró a más de 100 efectivos, incluyó a miembros de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), el Cuerpo de Infantería Manuel Belgrano, la Unidad de Acción Rápida, el Grupo Especial de Seguridad (GES), la División de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Durante las acciones se realizaron 18 allanamientos, 16 en Godoy Cruz y dos en el penal de Almafuerte. En los procedimientos se incautaron 75 envoltorios de cocaína, 79 gramos de marihuana, $2.000.000 en efectivo, una balanza digital, dos teléfonos móviles, una moto Corven, un automóvil Volkswagen Suran y un revólver calibre 22. Además, se hallaron cuatro plantas de cannabis.

Según informó el portal MDZ, dentro de la cárcel de Almafuerte se requisaron celdas, donde también se secuestraron 79 gramos de marihuana. Los detenidos, ambos de 30 años, están bajo investigación por su presunta vinculación con redes de narcomenudeo.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal N°3 y supervisado por el juez Marcelo Garnica y la secretaria penal María Florencia Elías. Las autoridades continúan trabajando en el análisis de las pruebas recolectadas para desmantelar posibles estructuras criminales asociadas al caso.

Y diez días atrás en un procedimiento similar, la provincia de Córdoba realizó un megaoperativo en el Penal de Bower. Con una lista que tenía una importante cantidad de teléfonos celulares, dinero en efectivo y estupefacientes, las autoridades secuestraron elementos prohibidos durante una requisa que duró alrededor de ocho horas.

El despliegue se realizó en el Paraje Alto El Durazno, en el Km 797 de la Ruta Nacional N.º 36, donde se ubica el Complejo Carcelario N.º 1, formalmente denominado “Reverendo Francisco Luchesse”, e incluyó tanto la cárcel de mujeres como la de hombres.

Según detalló el Ministro de Justicia provincial, Julián López, el procedimiento contó con la participación de “más de mil efectivos, 700 agentes del servicio penitenciario, 250 agentes de la policía provincial, con más de 100 gendarmes que fueron apostados y acompañados”, como colaboración de la cartera nacional. A su vez, portaron herramientas tecnológicas como los scanner de mano, un equipo “que ha permitido llegar a hacer una requisa profunda de todos estos establecimientos”, señaló, sobre los cuatro módulos que componen el penal.

Las instituciones fueron el Servicio Penitenciario de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Gendarmería y la Policía de Córdoba. Realizarlo, era parte de la necesidad “para tomar control, garantizar la seguridad de los establecimientos penitenciarios, de los otros internos y de los trabajadores”.

Según se dio a conocer, entre los elementos figuraban 78 celulares, 4 fuentes de alimentación, 24 cargadores, 11 plaquetas de cargadores, 41 cables USB, 18 chips, un microchip, 9 auriculares, 46 púas carcelarias, un cuchillo de fabricación casera, 188 envoltorios de marihuana; 399 dosis de cocaína y $ 777.400. En cuanto a la tenencia de celulares, el ministro remarcó que en la provincia, esta opción nunca fue autorizada para los internos, por ende “son elementos prohibidos”.

Este operativo se llevó a cabo en el marco de la investigación del delito de asociación ilícita que involucra a la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), el funcionario señaló que se debe a una decisión del Gobierno de Martín Llaryora, cuyo objetivo es “trabajar fuertemente en lo que es la depuración de una fuerza de Seguridad que también ha estado sospechada de corrupción”, y que tuvo como resultado varios detenidos de la cúpula anterior.

“Ni bien asumió (Llaryora) decretó la intervención del servicio penitenciario que fue hasta el 12 de junio de este año”, explicó López. De acuerdo a la pesquisa, habían quedado detenidos, en septiembre del corriente año, otros cuatro jefes del organismo bajo la sospecha de que habrían sido parte de una presunta asociación ilícita.

Una de las cosas que se investiga es la conformación de call centers tumberos y otro tipo de negocios. La investigación aún sigue su curso y que en esta ocasión contó con la revisión del penal bajo la supervisión de López, como figura del Ministerio de Justicia, y Juan Pablo Quinteros, titular de Seguridad. Además, se sumó la jefa del SPC, Carolina Funes, y otros funcionarios provinciales.

Al momento hay más de 20 detenidos, entre ellos abogados, particulares y altos jefes del Servicio Penitenciario de Córdoba. Uno de los primeros en caer fue el subjefe de Bouwer, Alejandro Guzmán.

En tanto, la fiscalía de Enrique Gavier continúa investigando a numerosos jefes penitenciarios durante los últimos años.

Según datos sobre la situación penal y carcelaria de la jurisdicción, que brindó el ministro, actualmente hay alrededor de 13.500 internos, a los que se suman unos 1300 detenidos que se encuentran en la Unidad de Contención del Aprehendido. Hay un 65% que no tiene condena firme, es decir, que aún están en calidad de procesados. Dentro de los delitos que más se ejecutan, se encuentran ilícitos contra la propiedad, y un “porcentaje alto” de narcomenudeo.