En un operativo coordinado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana, en las últimas horas fueron detenidos ocho sospechosos, acusados de operar juegos de azar clandestinos, bajo la modalidad de bingos virtuales y casinos no habilitados.
Las detenciones se realizaron este jueves una investigación iniciada en septiembre pasado a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, a cargo de Andrea Palacios, y el Juzgado de Garantías N°1 de Graciela Cione.
La investigación comenzó el 6 de septiembre pasado, cuando personal policial detectó operaciones de juego ilegal promovidas a través de redes sociales y plataformas virtuales.
Según los informes oficiales, los involucrados empleaban “cajeros” para vender y promocionar los juegos. Estos cajeros gestionaban transacciones financieras mediante la plataforma de pago virtual, transfiriendo las ganancias a administradores del esquema.
Tras identificar los domicilios de los implicados y sus operaciones, se solicitaron 15 órdenes de allanamiento en las localidades de Zárate, Campana, Lanús y Don Torcuato.
Los procedimientos revelaron un local clandestino en Zárate, ubicado en Paraguay 416, que operaba como punto central. Según las autoridades, el edificio, con fachada de heladería, albergaba una sala de apuestas ilegales de póker en su primer piso y la vivienda del propietario en el segundo.
Durante los allanamientos, se detuvo a cuatro hombres de 30, 27, 34 y 37 años y a otras cuatro mujes de 27, 44, 36 y 54 años. Además, se incautaron 1 tablet, 2 notebooks, 20 teléfonos celulares, 15 memorias extraíbles, 10 pendrives, así como dos mesas de juego, $800.000 en efectivo, fichas de casino, barajas y otros materiales vinculados al juego ilegal.
La causa se investiga como infracción al Artículo 301 bis del Código Penal, que penaliza la organización y explotación de juegos de azar clandestinos.
La red fue detectada luego de una investigación que incluyó seguimiento de las transacciones a través de una billetera virtual y la promoción de estos juegos en redes sociales y diferentes portales.
Asociación ilícita
Las apuestas ilegales este año han sido uno de los temas recurrentes en la justicia, sobre todo por el impulso que le han dado a este tipo de delitos el mundo virtual.
Por caso, a fines de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de tres individuos acusados de formar parte de una asociación ilícita dedicada al manejo fraudulento de juegos de azar y el subsecuente lavado de activos provenientes de apuestas online no autorizadas.
La decisión se alineó con el dictamen de la Fiscalía General, dirigida por Daniel Adler, atribuyéndoles actividades ilícitas “diseñadas y coordinadas” en torno a la organización de estos juegos online sin aprobación del ente regulador.
En su análisis, los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez subrayaron que los bienes asociados a los acusados no pueden justificarse mediante actividades registradas oficialmente, una evaluación consistente con la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La acusación también indicó que las apuestas operadas por los acusados generaban un “grave daño a niños, niñas y adolescentes y a la sociedad en su conjunto”, distorsionando el valor del esfuerzo y trabajo para alcanzar el desarrollo humano.
Laura Mazzaferri, fiscal del caso, llevó a cabo las primeras diligencias de prueba para el avance de la acción penal. Inicialmente, nueve personas fueron imputadas; no obstante, el tribunal de alzada dictaminó la falta de mérito para cuatro de ellas, quedando sí bajo investigación adicional. En este marco, se ratificaron los cargos para tres procesados, quienes ahora enfrentan prisión preventiva por riesgo de fuga.
La Cámara Federal de Apelaciones examinó el recurso de impugnación interpuesto por los procesados, anteriormente dictaminado por el juez Inchausti, concluyendo que la organización del supuesto casino clandestino podría representar un delito precedente al lavado de dinero.
La información proporcionada por Binance, relativa a criptoactivos y operaciones que no se corresponden con actividades lícitas, fue determinante. Los jueces argumentaron que los acusados habrían utilizado el “pseudo anonimato” y la difícil trazabilidad de las criptomonedas para ocultar ingresos significativos en sus cuentas.
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