Bullrich inaugura una nueva cárcel federal en Santa Fe

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro inaugurarán mañana viernes una cárcel federal en Santa Fe. La Unidad N°36, con capacidad inicial para 464 internos, se encuentra a la vera de la ruta provincial N°64, entre las ciudades de Coronda y Larrechea, recibirá a presos federales de otras provincias del litoral, como Entre Ríos y Corrientes.

La apertura de la prisión, de mediana seguridad, era muy esperada en la región: fue licitada, por primera vez, en 1999. Es decir, hace 25 años. Sin embargo, su construcción comenzó en 2014 y se frenó durante el gobierno de Alberto Fernández, a causa de la pandemia por coronavirus.

“Cuando nosotros llegamos era una cárcel que estaba al, aproximadamente, al 90% de la construcción, con las partes más pesadas, con los equipos y el equipamiento. Pero la terminación es lo que más cuesta”, explicó a Infobae Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios.

La historia del penal estuvo rodeado de polémicas. No solo por las demoras, sino también por el presupuesto de obra. Sucede que la penitenciaria formaba parte del grupo de cárceles que fueron licitadas por el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, con Horacio Rosatti, como Ministro de Justicia. Ese proceso motivó un expediente en la Justicia Federal por supuestas irregularidades.

Finalmente, en 2008, se retomó el proyecto. “En ese momento, se tramitaron las tierras y recién en el 2015 se empezó a ejecutar con el gobierno de Mauricio Macri. En el gobierno de Alberto", atravesado por la pandemia del coronavirus, estuvo prácticamente parada o se avanzó muy poco”, señaló Curi.

“Ellos querían terminar esta cárcel con fondos de ACARA. Bueno, nunca lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer y la dejaron así tirada. Si bien a nosotros nos costó porque todavía había obra que hacer, en menos de un año la terminamos. Antes no se había terminado porque no querían poner la plata, porque no tenía la decisión política", aseguró el funcionario. Antes de la gestión Milei, el SPF estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

En ese sentido, contrapuso la determinación de Bullrich: “La cárcel se termina por el impulso de Patricia. Fue uno de los objetivos que nosotros nos pusimos en la gestión, tiene que ver con el plan de seguridad que estamos desplegando, con el Plan Bandera, los pabellones de alto riesgo y todas las políticas de seguridad que estamos implementando en Rosario”, a pesar de que el penal, por lo pronto, no alojará a detenidos de alto perfil, como capos narco.

Al mismo tiempo, destacó que “desde Ezeiza a Chaco no había ninguna cárcel federal”. Por esa razón, evaluó que “era necesario para el centro del país un establecimiento penitenciario que tomara las necesidades tanto de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos”.

“Es un penal que se emplazó en la ciudad de Coronda, que está a 50 kilómetros de Santa Fe capital y en un punto neurálgico, casi en frente del río Paraná. Tiene cerca Rosario y Corrientes”, agregó sobre su ubicación que es considerada “estratégica”.

El nuevo penal no contará con pabellones de alto riesgo, pero la apertura de plazas es vital para el mapa penitenciario. “Como tenemos 464 plazas más, tenemos más nivel de rotación internos y vamos a recibir presos federales que estén en cárceles provinciales”, detalló el Secretario quien indicó que “esto va a desagotar las comisarías y va a permitir que la Policía pueda salir a hacer su trabajo de prevención comunitaria”.

“Una vez que nosotros tengamos a los internos, vamos a hacer una categorización y los que sean complicados no van a esta unidad. Porque además es una política penitenciaria nuestra alejar al delincuente peligroso. No estamos hablando de un ratero, sino de aquel que tenga la capacidad de operar desde la cárcel o corromper al servicio penitenciario o a la población penitenciaria. Si un interno presenta estas características, lo vamos a llevar a nuestras cárceles de máxima seguridad”, precisó.

La nueva prisión contará con cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales; patios internos para recreación y un área educativa equipada con seis aulas destinadas a la formación de los internos.

El secretario de Asuntos Penitenciarios se refirió a la polémica que generó un reciente anuncio del Gobierno por el trabajo en las cárceles federales sin remuneración, tras una resolución firmada por Bullrich y publicada en el Boletín Oficial.

Desde ahora, los presos estarán obligados a limpiar y hacer tareas de mantenimiento en los centros de detención en los que estén alojados. De lo contrario, recibirán una sanción que les impedirá acceder a determinados beneficios.

En este punto, Curi aclaró que “la Ley de Ejecución Penal entiende que el trabajo en contexto de encierro tiene una finalidad de reinserción social. Entonces, vos tenés que ofrecer trabajo y el interno cobra porque así lo dice la Constitución y los tratados firmados. Pero, al mismo tiempo, el artículo 111 de la Ley establece claramente que el interno debe comprometerse con el mantenimiento y la conservación del lugar que habita”, explicó.

Y continuó: “Lo que van a hacer es lo que hice yo, lo mismo que hiciste vos y lo que hacemos todos, que es ordenar nuestra casa, limpiarla, lavar el baño, etc. Vos tenés que colaborar en el mantenimiento del lugar donde vos estás y, además, las cárceles deben ser sanas y limpias. Por supuesto, que el kirchnerismo abandonó todo eso: la cárcel estaba llena de ocio, no los obligaban a hacer nada porque había una concepción muy de victimizar al delincuente”.

“Lo que nosotros venimos a hacer es decir, por un lado: ‘Miren, muchachos, nosotros estamos comprometidos en darles trabajo productivo, como dice la ley. Por ejemplo, que fabriquen los uniformes del personal en los talleres de confección y costura”, amplió y reveló que el mobiliario de la nueva cárcel se realizaron en una carpintería del Servicio Penitenciario. “No se compró nada de afuera”, aseguró.

“Otra parte -siguió- es el mantenimiento de del lugar donde vos vivís. O sea, nosotros estamos en contra de la cultura tumbera, de vivir con todo desordenado”.

“Cuando llegamos, cambiamos la historia criminológica. Porque esa idea de dejar de lado a los internos, dejarlos sin hacer nada, tenía como contrapartida que por el solo hecho de estar presos, cumplían las etapas del tratamiento penitenciario", afirmó.

“Nosotros hacemos una evaluación de la readaptación que el interno hace en relación al delito cometido, la comprensión del delito y la necesidad de reinsertarse para progresar. El progreso, tiene beneficios y, para alcanzarlos, tiene que tener buena conducta. Si vos no limpias tu lugar, si vos no colaboras, si vos te negás a hacer lo que tenés que hacer, no progresas en el tratamiento penitenciario y no accedés cambiarte de pabellón para estar mejor o a un trabajo remunerado, entre otros beneficios", agregó. “Es un cambio de paradigma en el que, además, estamos poniendo en otro lugar a la fuerza”, afirmó.

“El guardia tiene el deber de informar que el interno no colabora y no es sencillo. Nosotros estamos imponiendo en alto riesgo restricciones a las comunicaciones, restricciones a las visitas, restricciones a lo que el interno puede tener en la celda. Imagínate la inquietud que tenía el personal, pero ¿qué hicimos? Lo firmamos desde el Ministerio, lo firma la Ministra, lo firmo yo. Y bueno, y así nos ha ido con los hábeas corpus, hemos ganado todos. ¿Por qué? Porque lo hacemos dentro de la ley. O sea, nosotros no vamos a hacer nada que la normativa vigente no nos autorice", cerró.