Rosario: imputaron al juez federal Marcelo Bailaque por corrupción, vínculos con el narcotráfico y beneficios a un financista

El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, cuyo celular fue secuestrado la semana pasada durante un allanamiento de Gendarmería en su despacho, fue imputado este jueves durante una audiencia que duró aproximadamente seis horas en los tribunales federales situados en boulevar Oroño al 900.

Un conjunto de fiscales le atribuyó presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano –con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau–, presuntas irregularidades en el manejo de una cooperativa de trabajadores portuarios que estaba intervenida para favorecer a un financista amigo, y haber realizado una serie de medidas cuanto menos desprolijas en un legajo en el que resultó afectado un empresario que fue denunciado de manera anónima por lavado y evasión y fue allanado en un rápido trámite del magistrado, que tiempo después le dictó falta de mérito.

La audiencia comenzó a las 11.41 ante el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz –y se extendió hasta las 17–, quien este viernes tendrá que responder un pedido de recusación por haber sido uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 2 que condenó el 31 de octubre por lavado a Esteban Alvarado a la pena 5 años de prisión. En esa causa, justamente, se le impuso una condena por un entramado societario del capo narco que este jueves fue uno de los ejes de la imputación.

La jornada estuvo marcada por varias cuestiones curiosas. En primer término, no se tiene registro de una acusación ante un juez federal de este calibre. En segundo lugar, hubo una fuerte presencia de la Policía Federal que impidió a la prensa usar teléfonos en la sala mientras estaba Bailaque presente, quien casualmente estaba de turno. Incluso, los agentes por orden de la Oficina de Gestión Judicial estaban parados en forma de cordón sobre las espaldas del magistrado acusado para que los periodistas no puedan observar sus reacciones o diálogos.

Las imputaciones estuvieron a cargo de los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal distrito Rosario), quienes estuvieron junto con el fiscal coordinador Fernando Arrigo, acompañados vía Zoom por el titular de la Procelac Diego Velasco y de la Procunar Diego Iglesias.

Tal como publicó Infobae este miércoles, las tres causas que le valieron las imputaciones a Bailaque fueron por intervenciones que realizó cuando era titular del Juzgado de Instrucción N° 4 de Rosario, antes de pasar a ser juez de Garantías en mayo de este año ante la puesta en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal.

Antes de empezar con las acusaciones al juez, los fiscales Scilabra y Argibay Molina imputaron por lavado de activos a los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino. Es por haber brindado “asesoramiento contable” al entramado societario por el que fue condenado por lavado el capo narco Alvarado. Según afirmaron, ambos hicieron los trámites de registración y confeccionaron los informes y estados contables de las firmas TOIA, Logística Santino, Sagrado Corazón de María y EDRA, todas empresas puestas a nombre de persona del entorno del narcotraficante.

“Sabían el origen del dinero y de los bienes. Sus conductas fueron útiles y funcionales a la organización que se dedicaba a la narcocriminalidad”, remarcó Argibay Molina.

Después de eso, los fiscales atribuyeron al juez Bailaque no haberse excusado al intervenir en la instrucción de una causa por narcotráfico contra Esteban Alvarado que estaba en su despacho desde 2013, donde ya se lo sindicaba como traficante y vendedor de droga de Rosario. Según explicaron, llamativamente demoró intervenciones telefónicas de Rosa Natalí Capuano –ex esposa del narcotraficante–, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas. De acuerdo a lo señalado, el juez que intervino en el legajo tenía de contador personal a Mizzau, quien a su vez era quien llevaba la contabilidad del narco que tenía que investigar.

Por si fuera poco, los representantes del Ministerio Público Fiscal añadieron que Sebastián Mizzau, hijo del contador, fue empleado del juzgado de Bailaque por varios años, hasta que hace pocos meses pasó a trabajar en un tribunal oral federal de la ciudad.

Scilabra y Argibay Molina pidieron el listado de llamadas entrantes y salientes del celular de Bailaque entre 2014 y 2018 para analizar la totalidad de sus comunicaciones, a la vez que solicitaron el levantamiento del secreto fiscal para pedir ante el Consejo de la Magistratura si las declaraciones juradas del juez de ese período fueron firmados por Mizzau.

La segunda imputación fue por incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato. Reynares Solari relató el derrotero de una causa judicial que tuvo su origen en el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien detuvo a Herme Juárez, alias “Vino caliente”, quien históricamente estuvo al mando de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. En el avance del caso, también dispuso la intervención de la cooperativa y el bloqueo de los fondos, en un monto estimado por entonces en mil millones de pesos.

Por una cuestión de competencia, el manejo del dinero de la cooperativa portuaria pasó a Rosario y recayó en Bailaque, quien autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista Fernando Whpei.

Después de esa medida, un grupo de estibadores de la cooperativa pidió constituirse como querellante y presentó una recusación a Bailaque al señalar que había girado la plata a una entidad que no está regulada por el Banco Central y que además está en poder de su amigo Whpei.

El juez no hizo lugar a la recusación y fundamentó que en esa mutual iba a tener mejor rendimiento el dinero que en un plazo fijo en el Banco Nación, ya que tenía una tasa porcentual tres puntos por arriba. La camarista Elida Vidal mantuvo el caso en poder del magistrado, pero al revisarse la resolución, la jueza de Casación Ángela Ledesma ordenó volver a analizar las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones.

Cuando volvió a tomar intervención la Cámara a través de Fernando Barbará y Aníbal Pineda se le consultó a Bailaque si, tal como figuraba desde un comienzo, era amigo de Fernando Whpei, a lo que el magistrado respondió –según relató Reynares Solari–: “Jamás negué que somos amigos”.

“En la investigación pudimos comprobar que el juez viajó a Chile en brasil de este año con Whpei. Claramente, es amigo hasta el día de hoy”, resaltó el fiscal.

Por eso, desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron el entrecruzamiento de llamadas desde inicios de 2020 hasta 2022 –cuando terminó la intervención de Bailaque en la causa– entre el juez y Whpei, junto con los impactos de antenas y tráficos de datos.

“Si bien el juez recibe la causa a mediados de 2020, pedimos las llamadas desde inicios de ese año porque Whpei ahí ya invocaba influencias con Bailaque”, concluyó Reynares Solari.

Un nombre comenzó a sonar en las comunicaciones entre Bailaque y Whpei: Carlos Andrés Vaudagna, ex titular de la AFIP de Rosario, también investigado, quien según el contenido de su propio teléfono ofreció a un senador nacional del peronismo meter a un grupo dedicado al agro para ocuparse de la cooperativa portuaria intervenida.

Curiosamente, mientras culminaba la audiencia en los tribunales federales, distintas direcciones relacionadas con Vaudagna fueron allanadas este jueves en Rosario, San Jerónimo, Santa Fe y Las Colonias, pero por su posible relación con la causa contra Vicentin.

El tercer caso ventilado en la audiencia fue expuesto por el fiscal Argibay Molina. Tuvo su origen el 14 de agosto de 2019, cuando una denuncia anónima ingresó al despacho de Bailaque enviada desde la AFIP, donde se apuntaba por lavado y evasión al agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. “Llama la atención que la investigación se inició a las 12.35 de ese día, cuando la denuncia anónima se hizo a las 12.55. Quienes trabajamos en esto sabemos que esto es infrecuente, hasta el hecho de que se judicialice una denuncia el mismo día cuando ingresa por esa vía”, aseveró.

En ese legajo, para el fiscal, el juez nunca delegó la investigación como solía hacer en la mayoría de sus causas. Subrayó que por las presuntas maniobras que tendieron a perjudicar a Claudio Iglesias para beneficiar a otra persona están bajo sospecha Marcelo Bailaque, su secretario Gustavo Guazzaroni, Fernando Duncan Amante, Luciano Martín Giunta y Pablo Andrés Allegri –hasta finales de junio, vicepresidente de Newell’s–, de la dirección Regional Rosario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Román Scattolon, de la dirección General Aduanera Hidrovía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero; y del abogado y contador Omar Rizzo.

“El trámite tuvo una intensidad muy marcada. Se dispusieron medidas que no fueron requeridas por el Ministerio Público Fiscal. Además, es curiosa la relación entre Vaudagna y Bailaque, donde se ve en el teléfono de Vaudagna de manera explícita. Ese vínculo se explicita en conversaciones, reuniones semanales, comidas, juntadas, como la que tuvo el día de la denuncia anónima, cuando se iban a juntar a comer paella”, dijo al tiempo que agregó: “En el avance de la causa se ve la correlación entre la relación y los pasos procesales”.

El fiscal ponderó que Bailaque en pocos días ordenó allanamientos a Iglesias –quien por entonces estaba por asumir como presidente de la aseguradora San Cristóbal– y Oneto. Recién en 2021 las actuaciones de la causa “se pusieron intensas nuevamente”, explicó Argibay Molina, cuando los citó a ambos a indagatoria para, semanas después, dictarles falta de mérito. “El trámite después quedó planchado a niveles escandalosos. No se encuentra explicación. Desde la perspectiva administrativa se revela una negligencia grosera”, apuntó.

Lo último que solicitó el funcionario de la Procelac fue pedir autorización para abrir todos los celulares, discos rígidos y computadoras incautadas en los allanamientos de la semana pasada, acceso al sistema de mensajería del Poder Judicial desde el 14 de febrero de 2019 hasta la actualidad, y permiso para hacer una investigación patrimonial y financiera de todos los investigados, sobre quienes se peticionó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil.