Menores y delito en Argentina: radiografía de una problemática que tuvo un incremento de casos en la mitad del país

Cada vez más menores de edad se encuentran vinculados al delito a lo largo y ancho del país. Entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2023 solo nueve jurisdicciones lograron mantener estable o bajar la cifra de adolescentes en conflicto con la ley en comparación con el año previo. Así lo refleja el Mapa Estadístico Penal Juvenil de la República Argentina que publicó en los últimos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El informe contiene por primera vez números de todo el país y fue elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes del máximo tribunal. Es un relevamiento anual sobre la cantidad de causas penales que se iniciaron en cada jurisdicción, medidas de privación de la libertad y otros indicadores relevantes “para enfocar la mirada en la protección de la infancia y la adolescencia y obtener información cuantitativa válida para sustentar políticas públicas adecuadas”, según explica el documento.

De acuerdo a los datos que recibió la CSJN de cada Poder Judicial provincial, en las jurisdicciones con grandes centros urbanos es donde los índices crecieron en mayor medida, aunque hay excepciones. Este listado lo integran Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego.

Otras, como Salta, Chaco, Chubut, La Rioja y Misiones, también vieron subir los índices de los menores vinculados al delito de un año a otro, pero a una escala menor.

En la presentación del informe, la Corte Suprema aclaró que “debido a las diferencias existentes respecto al funcionamiento de los sistemas judiciales, así como a la legislación sobre la materia, los datos no son comparables” entre provincias. Los mismos pueden “diferir tanto en su alcance como en su forma de registro”. Por este motivo es que se observan resultados similares en jurisdicciones con poblaciones diferentes, como ocurre, por ejemplo, entre Buenos Aires y La Pampa.

En la Ciudad de Buenos Aires hubo 301 menores en conflicto con la ley durante 2022, mientras que en el informe del año pasado esa cifra ascendió a 394. En la Provincia fueron imputados 1820 durante 2023, contra los 1654 que había registrado en el período previo.

Además, en PBA había al 31 de diciembre de 2023 un total de 1361 niños, niñas y adolescentes con alguna medida de privación de libertad, cifra casi idéntica a la informada en 2022. El 38,5% está alojado en un centro de libertad semi restringida o centro de régimen cerrado, el 34,5% en el Servicio Penitenciario Bonaerense, y el 24,1% cumple prisión domiciliaria.

Córdoba, por su parte, pasó de 1811 jóvenes con causas penales en 2022 a 2326 al año siguiente. También ascendió la cantidad de procesos abiertos que involucran a menores, de 1788 a 2271.

La provincia de La Pampa duplicó en un año la cantidad de chicos con ingresos a la justicia de menores, que pasó de 958 a 1735, y triplicó el índice de causas, que fueron de 1027 a 3095.

La otra disparada de casos en la comparación interanual estuvo en Tierra del Fuego, que en 2022 tuvo 109 imputados y cerró el año siguiente con 489. Lo mismo ocurrió con el número de expedientes abiertos, que creció de 73 a 489.

En Santa Fe, los niños, niñas y adolescentes con causas en la Justicia de menores fueron 4099 en 2023, cuando el año anterior habían sido 3859. Los procesos penales también crecieron, de 5431 a 5907. El índice de encierro, en cambio, se redujo de 1128 a 1029 niños y adolescentes con alguna forma de privación de la libertad.

Cabe destacar que esta provincia implementará en 2025 un nuevo Código Procesal Penal Juvenil que, entre otros cambios, eliminará los Juzgados de Menores y habilitará las imputaciones formales a menores de edad. Serán sometidos al mismo procedimiento que los mayores, con investigaciones a cargo de fiscales que serán por jueces.

Las jurisdicciones que mejoraron o no empeoraron sus índices en la comparación interanual fueron Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis y Tucumán.

La Justicia correntina de menores, por ejemplo, había registrado en 2022 a 316 jóvenes en conflicto con la ley, e inició en ese período 335 causas penales con niños, niñas o adolescentes involucrados. El año pasado esas cifras bajaron a 176 y 173 respectivamente. Es decir, que cayó un 45% la cantidad de chicos ingresados al sistema penal, y un 49% el total de expedientes abiertos.

Entre Ríos también presentó estadísticas interanuales similares, con un universo de 152 menores con causas en 2023 (habían sido 302 el año anterior) y 181 procesos iniciados (contra los 310 de 2022). De esta provincia se destaca que el 88,7% tiene entre 16 y 17 años al momento del hecho investigado, y a diferencia de otras jurisdicciones cuenta con una alta tasa de delitos contra la integridad sexual, con el 24,3% del total. Solo la supera Jujuy, donde el 62% de los expedientes corresponde a este tipo de hechos.

En otras jurisdicciones como Mendoza, Tucumán, San Luis y Jujuy, las variables retrocedieron entre 25 y 35 puntos. Río Negro, Neuquén y Formosa mostraron cifras más bien estables, aunque esta última presentó un cambio significativo en la cantidad de causas penales con niños, niñas y adolescentes involucrados, que pasó de 972 en 2022 a 540 en 2023.

El de San Juan es un caso particular. Modificaron la metodología con la que elaboraron las estadísticas de un año a otro, y en 2023 el Poder Judicial local solo informó “aquellos casos en los que se ha podido declarar penalmente responsable” al imputado. Por esta razón es que reportaron solo 45 jóvenes con causas, cuando el año anterior la cifra había sido de 2535.

Santa Cruz y Catamarca no habían entregado sus cifras en la primera edición del Mapa Estadístico Penal Juvenil. En 2023 la provincia patagónica registró 434 niños, niñas y adolescentes con ingreso por causas penales. Por su parte, la del Norte Grande tuvo 183.

En tanto, la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de Santiago del Estero dijo no tener “acceso a la información necesaria para relevar causas penales”, por lo que no compartieron la cantidad de menores imputados o expedientes abiertos. Notificaron que al 31 de diciembre de 2023 tenían 98 menores con alguna medida de privación de libertad.