Detuvieron en La Plata a un hombre con pedido de captura por los ataques a los tres poderes de Brasil en 2023

Este miércoles 14 de noviembre, la policía bonaerense detuvo en La Plata a Joelton Gusmão de Oliveira, un ciudadano brasileño con pedido de captura por el ataque a la sede de Gobierno y el Congreso de Brasil durante la asunción de Lula Da Silva en 2023.

El hombre de 47 años fue arrestado en la intersección de las calles 1 y 44 de la ciudad. Allí, según informaron fuentes policiales a Infobae, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lo observaron en actitud sospechosa y, tras verificar sus datos en el sistema, confirmaron que Gusmão de Oliveira contaba con un pedido de captura y detención “a solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal”.

El parte policial indica que el procedimiento fue llevado a cabo por el personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de La Plata, quienes, tras la identificación de Gusmão de Oliveira y la confirmación de su situación en la causa 4515/2024, realizaron su detención y lo trasladaron a la dependencia correspondiente. Desde allí, se mantuvo comunicación telefónica con el Juzgado, el cual avaló el accionar policial y solicitó el traslado del detenido.

Gusmão de Oliveira, de acuerdo a las fuentes policiales, “fue condenado a 17 años de detención en Brasil por crímenes contra la democracia”; y se le imputan los siguientes hechos: abolición violenta del Estado democrático de derecho; golpe de Estado; daño calificado; deterioro de activos; asociación criminal armada.

Cabe recordar que el 8 de enero de 2023, miles de opositores a Lula Da Silva, presidente electo del Partido de los Trabajadores (PT), asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado. Una turba de simpatizantes del ex presidente Bolsonaro irrumpió en los edificios del Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), y destrozó las instalaciones en rechazo al nuevo mandato de Lula, quien había asumido tras vencer las elecciones en 2022.

Semanas atrás, tal como contó Infobae, Brasil solicitó a Argentina la extradición de 63 bolsonaristas acusados de participar en los ataques de enero de 2023. Estas personas residen en calidad de refugiados o entraron de manera irregular al país para evitar la detención. El proceso comenzó a través de una petición del juez Alexandre de Moraes, del STF.

El Gobierno de Javier Milei recibió el pedido de extradición a través de la Cancillería que, en aquel entonces, estaba bajo la gestión de Diana Mondino, quien luego fue reemplazada en el cargo por Gerardo Werthein.

Durante esos días, el Gobierno argentino promulgó el Decreto 942/2024, que introduce modificaciones clave en la normativa sobre el reconocimiento de refugiados. Este decreto establece que no se reconocerá la condición de refugiado a personas extranjeras involucradas en delitos internacionales graves, tales como delitos contra la paz, delitos de guerra o delitos contra la humanidad, ni a quienes hayan cometido delitos graves fuera de Argentina antes de solicitar asilo.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, junto con funcionarios como el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Diana Mondino (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El decreto también establece que el estatus de refugiado no se otorgará a personas involucradas en actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas, como actividades terroristas, violaciones graves de derechos humanos o cualquier acción que comprometa la paz y la seguridad internacionales. Además, se cita el artículo 20 de la Constitución Nacional, que otorga a los extranjeros derechos civiles equivalentes a los de los ciudadanos argentinos, con ciertas restricciones definidas en la Ley de Migraciones N° 25.871, que permite la expulsión de extranjeros por razones de seguridad nacional o de orden público, siempre que dicha expulsión garantice la protección contra la devolución forzada.

Semanas atrás, desde Buenos Aires, militantes bolsonaristas contactados por Infobae, quienes prefirieron no revelar su identidad, afirmaron ser perseguidos políticos y solicitaron al Gobierno de Milei garantizar su asilo y resguardo. Sostenían que huyeron de Brasil debido a represalias judiciales tras los incidentes de enero y rechazaron los cargos que se les imputan. Un dirigente brasileño en Argentina señaló: “Somos perseguidos políticos y pedimos al Gobierno del presidente Milei que garantice nuestro asilo”.

En tanto, Gabriela Ritter, abogada brasileña y presidenta de la Asociación de familiares y víctimas del 8 de enero, declaró a Infobae que cualquier orden judicial del STF en Brasil solo es válida en Brasil y que la extradición de los acusados depende de una decisión final del Gobierno argentino. “Como las personas son formalmente refugiadas, se debe denegar la solicitud de extradición”, expresó Ritter, quien además solicitó que “el Gobierno de Milei conceda asilo político a todas las personas que estén siendo perseguidas políticamente en Brasil”.