Una banda distribuía imágenes de abuso sexual infantil desde dos búnkeres instalados en la cárcel de Florencio Varela

Un allanamiento realizado en la unidad carcelaria de Florencio Varela desembocó en un hallazgo que sorprendió a los investigadores: dos celdas habían sido acondicionadas para la distribución de imágenes de abuso sexual infantil. En el interior, los policías encontraron celulares y una computadora. Además, los miembros de la organización contaban con una aplicación, que simulaba ser una calculadora, para el almacenamiento y envío del material.

El descubrimiento fue parte de “la redada más grande de los últimos tiempos contra criminales sexuales en redes sociales”, indicaron fuentes del caso a Infobae. El megaoperativo comenzó este martes a las 6 de la mañana: se trata de 115 allanamientos en 65 ciudades de la Provincia de Buenos Aires, que se realizan en el marco de la “Operación Protección de las Infancias IV”, detallaron.

En el caso de la prisión, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, los detectives determinaron que la banda pedían fotos y videos a las víctimas -todas menores de edad- y, cuando las conseguían, les pedían dinero para no publicarlas. Al mismo tiempo, enviaban las imágenes, mediante la aplicación, a internos de otras unidades y a otros usuarios.

Las fuentes precisaron que se detuvo a seis internos y se incautaron siete celulares. “El principal productor del contenido está preso con condena a 50 años por abuso sexual. Hoy le encontramos carpetas en su dispositivo divididas por nombres de sus víctimas y una aplicación que simula una calculadora, pero es el ingreso a carpetas ocultas”, detallaron.

En tanto, en otro procedimiento realizado en La Matanza, se encontraron pintadas en la pared de una nena que, creen, era abusada por su padre, también señalado por la distribución de aberrantes imágenes de menores de edad.

La acción, que fue coordinada desde la Secretaría de Política Criminal, por el Departamento de delitos conexos a la Trata de personas, pornografía infantil y grooming de la Procuración General Bonaerense, alcanzó a más de 140 propiedades situadas en diferentes localidades. Entre ellas, Avellaneda, Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Mercedes, Moreno, General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate-Campana y Tucumán.

La investigación conjunta va detrás de personas que, en perjuicio de menores de edad, descargan y distribuyen material de abuso sexual infantil. Incluso, algunos de los imputados son tenedores y productores del material. En tanto, también se detectó la participación de captadores y hostigadores en línea.

En los allanamientos participación efectivos y expertos pertenecientes a la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la PFA, la Dirección de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Buenos y las DDI y DUOF de diferentes jurisdicciones.

El caso recuerda al de un hombre que fue detenido en septiembre de 2023, tras una investigación realizada por la Fiscalía Nº 5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, por delitos contra la integridad sexual de menores de edad. Tras el arresto, el acusado seguía amenazando a las víctimas y extorsionándolas desde la cárcel, a través de un celular.

El caso más resonante fue el de una adolescente de Ituzaingó que padeció vejaciones de manera virtual por tres años. De acuerdo a Primer Plano Online, a través de un perfil falso, Orlando Tristán Novillo, que se hizo pasar por menor, engañó a la víctima mediante comunicaciones electrónicas a través de Instagram, que luego continuaron por WhatsApp. El sospechoso, en ese momento, estaba detenido en la Unidad Penal Nº 21 de Campana por delitos previos.

El contacto con la víctima comenzó cuando ella tenía doce años. Aprovechándose de su inmadurez sexual, “logró controlarla emocionalmente mediante manipulación y halagos para obtener su confianza”, indicaron los investigadores. Luego, la obligó a producir fotografías y videos de sus genitales con fines predominantemente sexuales.

Al principio, le pidió fotografías en ropa interior para una campaña de modelaje, más tarde le solicitó imágenes sin ropa, y una vez que se hizo de ellas, la amenazó: le dijo que le iba a hacer daño a ella y a su familia y que haría públicas las fotos. La menor soportó ese calvario por tres años hasta que logró contarlo a una docente, quien se lo comunicó a sus padres.