El Gobierno ofreció una recompensa para dar con un ex policía acusado de secuestro y extorsión

Se trata de Daniel Alfredo Villardón, quien se encuentra prófugo de la Justicia desde agosto del 2022. La resolución fue publicada este martes en el Boletín Oficial

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El Gobierno compensará a quienes
El Gobierno compensará a quienes aporten datos sobre un expolicía de Tucumán, acusado de secuestro, extorsión y robo

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una suma de 5 millones de pesos a quienes puedan aportar información sobre un exmiembro de la Policía provincial de Tucumán, que se encuentra prófugo desde agosto de 2022, acusado de integrar una asociación ilícita que secuestraba, extorsionaba, y robaba a sus víctimas.

A través de la resolución 1172/2024 publicada en la madrugada de martes en el Boletín Oficial, la cartera que conduce Patricia Bullrich ofreció el pago de una recompensa de “Pesos cinco millones ($5.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Daniel Alfredo Villardón,” que al momento de su desaparición cumplía funciones en la Policía de la provincia del norte y se domiciliaba en Tafí Viejo.

El pedido de recompensa fue emitido por la Doctora Julia Vitar, en su carácter de titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, mediante oficio N° 1072/2024, el pasado 18 de septiembre de 2024.

Debido a las acusaciones que se le imputaron a Villardón, pesa una orden de captura Nacional desde el día 30 de agosto de 2022, fecha en la que fue visto por última vez, y una orden de captura Internacional desde el día 5 de septiembre de 2023. “Que el nombrado se encuentra prófugo en orden a la comisión de la sustracción, retención y ocultamiento para obtener un rescate a cambio de la liberación de la víctima P.F.N, cuyo propósito fue concretado,” cita la resolución.

Según fuentes del caso, el acusado formaba parte de una organización delictiva junto a otros cinco uniformados, que seleccionaban a sus víctimas, con el objetivo de robarles o secuestrarlas para exigir rescates. En tanto, otro de los acusados fue condenado por la justicia ordinaria por un caso de robo cometido en Famaillá.

Además, establece que la autoridad de aplicación tendrá a su cargo el pago, cuyos montos “podrán modificarse de acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido, según lo estime la titular de esta Cartera”, tal como se detalla el artículo 2º de la Ley Nº 26.538.

Respecto a los pasos que deberán seguir aquellos que puedan aportar datos respecto a la búsqueda, el Boletín detalla que “podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional De Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de este Ministerio, llamando a la línea gratuita 134″.

En cuanto al pago de la recompensa, este será realizado “a través del Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante.”

El hecho que desbarató la banda

Uno de los casos de mayor relevancia fue el secuestro de un productor agrícola identificado como P.N., el 18 de febrero de 2022. Según reconstruyó la prensa local, los seis hombres que operaban junto a Villardón, se presentaron en la finca de la víctima, vestidos con uniformes policiales. La acusación presentada por el fiscal federal Agustín Chit, señaló que los individuos se hicieron pasar por policías y afirmaron estar realizando un allanamiento.

El medio La Gaceta de Tucumán relató que los hombres redujeron a P.N. y a un trabajador rural, llevándolos al fondo de la propiedad. Allí, les informaron que estaban detenidos y los fotografiaron junto a plantas de marihuana que el propietario tenía para consumo personal. La pesadilla para la víctima continuó minutos después, cuando los supuestos policías le indicaron que “su libertad tenía un precio” que tenía que pagar.

Al indicarles que no tenía el dinero, los captores contactaron a los familiares para exigir la suma de $1 millón a cambio de su liberación, exigiéndoles, además, no iniciar acciones legales en su contra. Finalmente, los familiares lograron negociar el rescate por un monto de $200.000.

Previo a la liberación de la víctima en la plaza de Barrio Jardín, cerca de la división de Homicidios y de la Jefatura de Policía, los delincuentes se apoderaron de varias pertenencias de la finca, incluyendo herramientas, armas, una motosierra y un compresor. Al mismo tiempo que lo amenazaron para que no realice la denuncia. En tanto, uno de los acusados fue condenado por la justicia debido a un robo que ejecutó en Famaillá.

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