El tribunal de Goya que juzga a Leonardo Cositorto advirtió que se termina el plazo para llegar a un acuerdo económico

El tribunal de Goya, en la provincia de Corrientes, que juzga a Leonardo Cositorto impuso un límite temporal para llegar a un acuerdo entre el líder de Generación Zoe, otros cinco imputados y los damnificados de la presunta estafa por la que llegaron a juicio.

Este lunes, el Poder Judicial correntino emitió un comunicado en el que se detalla que los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carboni y Julio Duarte dispusieron este miércoles como último día para que las partes lleguen a una definición. Después de ese plazo, no volverán a considerar la posibilidad.

La decisión fue transmitida este lunes, durante la tercera jornada del debate contra Cositorto y Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino y los hermanos Nicolás Ismael y Javier Sebastián Medina. Al comienzo de la audiencia, el abogado querellante Pablo Fleitas explicó que si bien se mantuvieron conversaciones con las defensas durante el fin de semana, no se cerró el acuerdo, detalló El Litoral.

Fleitas pidió que el juicio continúe hasta tanto se terminen de cerrar los puntos que faltan. Carbajal, presidente del tribunal, decidió continuar con la declaración de los dos únicos testigos previstos para hoy, pero advirtió que el medio alternativo para la resolución del conflicto tiene un tiempo límite.

De acuerdo al comunicado, el defensor oficial de los hermanos Medina, Jorge Sebastián Romero, pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles porque solo queda redactar y presentar el acuerdo solicitado por el defensor oficial de Echegaray y Camelino, Fernando Buffil, quien indicó que ambos tienen voluntad de arreglar y dar por terminado el juicio.

El Poder Judicial también informó sobre las posturas del resto de las partes. El fiscal Rubén Barry, por su lado, indicó que coincidía la postura de Fleitas, de que se siga el juicio hasta tanto se definan los términos de la conciliación.

En tanto, el abogado de Cositorto y Batista, Guillermo Dragotto, también explicó que sus defendidos optan por la salida alternativa.

Por último, Fleitas, que representa a 98 inversores presuntamente estafados, manifestó que está de acuerdo a la solicitud de Romero y pidió disculpas al tribunal por el retraso en llegar a un arreglo, indicó que todas las partes tienen voluntad de resolver.

Al respecto, Carbajal expresó que el miércoles será la última oportunidad de llegar a una resolución alternativa y de lo contrario no volverían a considerar esa posibilidad. “A este tribunal el tema del paralelismo, el dispendio de tiempo, no nos cierra”, sentenció el juez. En el caso de que el convenio sea homologado, el proceso penal se levantaría.

El caso Generación Zoe y, en rigor, el de Cositorto, tuvo varios ribetes en la Justicia. Recientemente, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, confirmó la elevación a juicio de otra causa penal en la ciudad de Villa María, uno de los mayores centro de operaciones del sistema de estafa piramidal.

La fiscal de Segundo Turno, Juliana Companys, fue quien impulsó la elevación del caso, decisión que fue cuestionada por Dragotto. Frente a esto, la defensa del imputado presentó un recurso, pero la Cámara del Crimen de Río Tercero lo desestimó. En línea con sus argumentos, sostuvieron que las pruebas indican posibles delitos de asociación ilícita y estafas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino para resolver un conflicto de competencia entre las jurisdicciones de La Plata y Córdoba, que disputaban el caso debido a la cantidad de denuncias presentadas en ambas ciudades.

Finalmente, determinaron que la Justicia de La Plata sería la encargada de investigar las denuncias por estafas reiteradas. Según indicaron voceros judiciales, un grupo de damnificados denunció ante el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata que Luciano Gaudencio y otros responsables de las oficinas de Generación Zoe en esa ciudad los habrían engañado para que colocaran sus ahorros en inversiones fraudulentas.

La decisión de la Corte Suprema se basó en dictámenes de la Procuración General, que subrayó la necesidad de investigar los hechos en los lugares donde se cometieron. La resolución judicial fue unánime y dejó claro que las acusaciones contra Generación Zoe debían ser abordadas en la jurisdicción de La Plata.

En esta ciudad, la firma encabezada por Cositorto operaba ofreciendo cursos sobre criptomonedas y prometiendo altos dividendos a quienes invirtieran en sus proyectos.