La Justicia dispuso la libertad inmediata de Agustín Seia, el oficial de la Policía de la Ciudad que había sido detenido tras matar a un ladrón con tobillera electrónica en medio de una violenta secuencia ocurrida hace nueve días en la Villa Zavaleta.
La jueza Erica Uhrlandt, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°53, explicó en su resolución que las pruebas incorporadas hasta el momento en el expediente no permiten una reconstrucción precisa de los hechos y, por lo tanto, no son suficientes para tomar la decisión de procesar o sobreseer al efectivo policial.
En esa línea, subrayó la necesidad de una evaluación más exhaustiva de los sucedido para esclarecer las circunstancias y determinar el grado de responsabilidad del uniformado, tarea de la que se ocupará la Unidad Criminalística de Alta Complejidad de la Policía Federal Argentina.
Así, a la espera de las conclusiones periciales, Seia se mantendrá en libertad. La audiencia para continuar con la instrucción y recibir más declaraciones está fijada para el próximo 14 de octubre, se agrega en el fallo al que accedió Infobae.
El incidente sucedió el pasado 30 de septiembre en la Avenida Iriarte al 3500, donde Seia disparó su arma reglamentaria en un intento por detener un supuesto intento de robo, lo que resultó en la muerte de Matías Sebastián Lobos, de 33 años.
Todo comenzó cuando un taxista subió a su auto a dos pasajeros en un centro de compras en Pompeya. Eran un padre y un hijo que llevaban un ventilador. El chofer aceptó llevarlos a su destino, la Villa Zavaleta de Barracas, en el sur de la Ciudad.
Sin embargo, en el transcurso del viaje, mientras el taxi circulaba por las calles del barrio, un hombre se puso delante del vehículo y le apuntó al chofer con un arma. El ladrón, en un rápido movimiento, se puso del lado del conductor y le exigió “todo lo que tenía”, especialmente, su celular. En ese instante, además, un cómplice del asaltante se acercó a la ventanilla de la parte trasera, donde estaban los pasajeros.
El robo estaba a punto de concretarse. El taxista buscaba su teléfono para dárselo al delincuente cuando, según dijo, escuchó la voz de alto seguida de disparos. Quien había gritado e intervino en el hecho fue Seia.
Asignado a la Unidad Táctica de Pacificación 2 del barrio Zavaleta, el oficial estaba en la zona junto a un compañero. Salían de franco de servicio y se dirigían a la Comisaría 4C de La Boca para llevar agua mineral a los efectivos que se encontraban trabajando en esa dependencia, al momento en que presenciaron el asalto al taxi.
Seia, al observar la escena, decidió enfrentar a los ladrones con su Pietro Beretta PX4 Storm. Uno de los balazos impactó en el hombro izquierdo de Lobos y le provocó una hemorragia interna y le causó la muerte más tarde en el Hospital Penna, donde había sido trasladado de urgencia.
Pero la violencia no terminó allí. Tras los disparos, “se nos vino el barrio encima”, señaló a la Justicia el compañero de Seia, identificado como G.A.Z.
“Fue un descontrol, no podíamos parar a la gente, nos tiraban piedras, botellazos, lo que venía”, agregó sobre el episodio que se desató luego de las detonaciones. “Le empezaron a pegar todos a Seia y a romper el auto. Le sacaron el chaleco, el corretaje y ahí lo protegí porque los familiares -del ladrón que había sido baleado- se le vinieron encima”, relató. “Era todo una locura, la gente gritaba que había un herido en el pasillo”, añadió y contó que llamó a la jefa de servicio para pedir apoyo.
Las investigaciones posteriores revelaron que Seia disparó ocho veces y que el arma del supuesto atacante resultó ser una réplica. “En todo momento creí que era de verdad y cuando me apuntó pensé que me iba a matar”, se defendió el oficial en su indagatoria. Antes de replegarse, el policía admitió que encontró el arma de utilería delante de su auto y se la llevó. En uno de los videos a los que accedió Infobae se lo pude ver con la remera rota y la pistola falsa en la mano, mientras su compañero lo ayuda a salir del lugar.
Además, se conoció que Lobos tenía una tobillera electrónica. Un tribunal que le había concedido el beneficio, en febrero de 2016, tras una condena por estafa. En esa decisión, al fallecido se le impuso la obligación de fijar residencia, realizar tareas comunitarias en un centro de rehabilitación y mantenerse alejado de personas vinculadas a las drogas. Entre sus pertenencias al momento de los hechos, llevaba un típico kit para consumir pasta base: un caño de bronce y una caja de casete con un fragmento de lana de acero.