El ex fiscal Claudio Scapolán es uno de los defensores que representa a Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, en el juicio donde se acusa al cantante de los delitos de amenazas y privación ilegítima de la libertad.
Scapolán, quien supo estar a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de San Isidro, fue procesado en una causa que investiga una presunta asociación ilícita integrada por policías, abogados y funcionarios judiciales dedicada, entre otros delitos, a robar cocaína secuestrada a narcotraficantes para luego venderla. En ese marco, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires lo destituyó por mayoría en abril del año pasado.
El popular cantante del género urbano RKT declaró durante esta jornada por espacio de dos horas. Un tiempo similar se extendió la declaración del coimputado en la causa, que tiene 11 testigos y continuará este miércoles 9 de octubre.
El jury a Scapolán
La primera denuncia contra el funcionario judicial fue realizada en el 2016 por la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió. En octubre del 2021, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, le había endilgado al ex fiscal un total de 10 delitos, donde resaltaba el de ser líder de una organización ilícita con operaciones vinculadas al narco y a la comercialización de droga.
Además de ello, lo acusó por instigación de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, extorsión, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así, la magistrada pidió su desafuero.
Meses después, en junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revisó esa decisión y atenuó su situación procesal: revocó el procesamiento por el delito de asociación ilícita y confirmó el de falsedad ideológica, que conlleva una pena que oscila entre uno a seis años de prisión.
En virtud de una acusación hecha por procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, a fines de 2022, Scapolán fue suspendido de sus funciones. En ese momento, además, se dispuso el embargo del 40% de su sueldo. Finalmente, el año pasado el Jury resolvió la destitución de Scapolán y decretó su inhabilitación para ocupar otro cargo judicial y el cese de los pagos que venía recibiendo.
Actualmente, la causa está en manos del juez federal Emiliano Canicoba, luego de que Arroyo Salgado fuera apartada.
El juicio contra L-Gante
En la apertura del debate, el Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes resolvió que L-Gante no sea detenido y continúe en libertad hasta que se arribe a una sentencia.
Durante la primera audiencia del proceso, que se llevará adelante durante toda la semana, el juez Ignacio Racca entendió que no había riesgos -por ejemplo, de un intento de fuga- para ordenar la detención del músico, cuya presencia en la sala fue una muestra para el magistrado de que el acusado estaba a derecho, según confirmaron fuentes de la Suprema Corte bonaerense a Infobae.
L-Gante pidió declarar en en esta primera audiencia. “Si bien no tengo tan en mente cuándo fue el día del choque, sé que fue en la noche de la peregrinación. Yo estaba con mi mujer, Tamara, y mi hija, andando por General Rodríguez. Atrás me seguía en un Mercedes mi amigo Luis Ibañez y lo acompañaba Julio Moyano”, comenzó a relatar Valenzuela.
“En un momento que iba por la calle, pasa una mujer en una camioneta de una forma alborotada por adelante mío cuando yo tenía poco espacio porque había autos estacionados en la calle”, agregó. Y en la misma línea, continuó: “Sabiendo que estaba la peregrinación, dije ´muy lejos no va a ir´. A una cuadra frenó, cuando la alcancé, me frenó atrás y bajé del vehículo para hablarle a la que conducía. Ahí me cerraron el vidrio, no pude dialogar y me volví al auto”.
La decisión por parte del artista de declarar sin conocer previamente las pruebas que la querella presentaría en su contra llamó la atención. “Fue un error del ABC del Derecho Penal, jamás el imputado declara primero, te puede dejar en mala posición”, consideró una voz experimentada del ámbito judicial en diálogo con este medio.
El debate se reanudará mañana con la declaración de testigos convocados por la querella, repesentada por los letrados Leonardo Sigal y Pablo Becerra.
El fiscal del juicio es Adrián Landini, quien acusa a L-Gante en dos expedientes. El principal es por el delito de amenazas, privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificados, por el que estuvo detenido el año pasado casi tres meses. En esta causa, el otro coimputado es Daniel Demarco, enjuiciado junto a Valenzuela.
Además, L-Gante enfrenta otra causa anterior a la principal también en este juicio. En este caso, lo acusan de amenazas agravadas, lesiones leves y daño en concurso real con amenazas”
El expediente más complicado para Valenzuela es el que tiene en su contra por privación ilegítima de la libertad. Esa causa comenzó tras una denuncia de empleados municipales: lo acusaron de haberlos subido a su auto a la fuerza y amenazarlos a punta de pistola después de que varios de sus amigos, que se hacen llamar “La Mafilia”, fueran demorados tras haber participado de una discusión con otro grupo a la salida de un boliche de la zona oeste del Conurbano.