Acusaron a un senador provincial de liderar una organización que dio cobertura al juego clandestino en Santa Fe

El senador por el departamento santafesino de San Lorenzo Armando “Pipi” Traferri fue imputado este martes por un grupo de tres fiscales del Ministerio Público de la Acusación de ser el presunto jefe de una organización que se dedicó en los últimos años a dar cobertura al juego clandestino en la provincia.

La causa, que cobró impulso en 2020, recién pudo tenerlo entre los acusados porque el legislador peronista recién renunció a su inmunidad parlamentaria –que se aplica únicamente sobre este legajo– en septiembre del año pasado, luego de conocer que habían desplazado a los funcionarios judiciales que habían iniciado la investigación.

En una audiencia que comenzó pasadas las 14 –y se retomará este miércoles a las 9– en el Centro de Justicia Penal ante la jueza Eleonora Verón, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato atribuyeron a Traferri haber liderado una presunta asociación ilícita que se dedicó “a dar cobertura al juego clandestino en Santa Fe” y a “ocultar las ganancias del mismo”. Agregaron que el senador conformó una estructura que brindó “protección tanto política como judicial, sobre todo en materia penal” a los miembros.

Para los fiscales, la presunta organización tenía integrantes con roles específicos que “iban desde la gestión de juegos de azar y su recaudación, la recaudación a nivel político y la gestión de la cobertura judicial, como así también personas que disimularon el origen del dinero”.

Sobre la gestión del juego clandestino los funcionarios judiciales ponderaron la figura de Leonardo Peiti, un empresario de juego legal que en Santa Fe tenía una red clandestina por la que aceptó un juicio abreviado por el que fue condenado en diciembre de 2021 a 3 años de prisión y una multa de 47 millones de pesos.

Peiti también declaró como “arrepentido” y apuntó que sus superiores en la estructura habían sido Traferri, el por entonces jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal –imputado en la causa, próximo a ir a juicio– y el por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien también terminó con una pena de 3 años de prisión en un procedimiento abreviado donde aceptó los cargos.

La relación entre Traferri y Peiti quedó acreditada para los fiscales, sobre la base de llamadas mutuas, impactos de antena de sus celulares y encuentros personales que habrían llevado adelante.

En los casos de Serjal y Ponce Asahad, fueron señalados como quienes dieron amparo judicial a la actividad de la estructura, dando aviso de información sensible e intentando obstruir causas penales contra los presuntos integrantes, según la acusación. Entre los supuestos actores que brindaron cobertura también está el imputado Nelson Ugolini, quien fue empleado de Ponce Asahad, fue echado del Ministerio Público de la Acusación y actualmente está preso por estafas cometidas con operaciones de compraventa de autos.

Con respecto a la supuesta pata de recaudación a nivel político, Caterina, Granato y Fabbro enfatizaron que quienes se encargaron de esa tarea fueron el senador hoy imputado y Ricardo Paulichenco, quien fue secretario Legislativo de la Cámara de Senadores y falleció en 2019.

También afirmaron los fiscales que los encargados de ocultar el origen y destino del dinero producto del juego clandestino fueron el ex diputado provincial del peronismo Darío Scataglini, el abogado José Fernández Chemes –fue secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez– y el ex piloto de Fórmula 1 Oscar “Popi” Larrauri, de quienes brindaron datos con respecto a las supuestas maniobras hechas junto con Peiti.

El objetivo común del funcionamiento de la presunta asociación ilícita, a criterio de los fiscales, fue en primer término usufructuar el dinero generado por las casas de juego de azar ilegal. En segundo lugar, hacer lobby para tratar de obtener la concesión del juego online de la provincia, algo que ocurrió durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti, pero que se la dio a otra firma.

Para el cuerpo de investigadores, el legislador santafesino “recibió dinero que tenía origen en el juego clandestino, principalmente de Leonardo Peiti”, a quien vinculó con el por entonces jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal y el fiscal Ponce Asahad con el objetivo de que ellos le den un paraguas judicial.

Además, los investigadores judiciales indicaron que el propio Traferri buscó quedarse al mando de la comisión bicameral de la Legislatura que pretendía reglamentar la regulación del funcionamiento de casinos y bingos en la provincia. Agregaron que el senador también gestionó ante el ex fiscal regional Serjal una suspensión de juicio a prueba para el hermano de Peiti por una causa de Villa Constitución, por lo que también le achacaron posible tráfico de influencias.

“Pipi”, para los fiscales, había dado la orden al resto de la presunta organización para que no lo mencionen –ni su apodo “Pipi”– en las conversaciones que mantenían los otros miembros entre sí. Es por eso que remarcaron que hallaron que lo nombraban como “el hombre” o “el hombre de San Lorenzo” para no incriminarlo de forma directa.

Otro dato ventilado ante la jueza Verón fue que el senador dio dinero a través de subsidios a una asociación civil cuyos profesionales de la psiquiatría habrían realizado gestiones para que Leonardo Peiti deje de estar en la cárcel para pasar a quedar internado.

El legajo tuvo su inicio, según explicaron Fabbro, Caterina y Granato, en abril de 2017 cuando Serjal se presentó para ser el jefe de fiscales de Rosario y mantuvo desde entonces comunicaciones frecuentes con Traferri, entre las que se destacaron conversaciones sobre actuaciones investigativas sobre el entorno de Leonardo Peiti.

La causa recién se mediatizó en 2020, cuando en plena cuarentena se hicieron allanamientos y fueron detenidos los fiscales Serjal, Ponce Asahad y su secretario, Nelson Ugolini.

Traferri mantuvo una abierta disputa discursiva con los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes tuvieron a su cargo este legajo y fueron corridos por diferentes circunstancias. Aseguró que esos funcionarios judiciales lo “perseguían” con fines políticos y sostuvo que él iba a renunciar a sus fueros si otros fiscales quedaban al mando de la causa, algo que finalmente ocurrió.

Schiappa Pietra fue limitado en sus funciones a tareas de asesorías en la investigación, sin tener posibilidad de participar en las audiencias. En tanto, Edery fue suspendido por una presunta relación irregular con una informante de Los Monos y luego fue relocalizado en otra área del Ministerio Público de la Acusación, donde ya no persigue la criminalidad organizada.