Guillermo Américo Córdoba, concejal del Partido Justicialista en Goya, Corrientes, fue condenado este lunes a 13 años de prisión por haber abusado sexualmente de tres mujeres que militaban con él en el Movimiento Evita.
La decisión fue tomada por por el Tribunal de Juicio de Goya, presidido por Jorge Carbone y completado por los vocales Julio Duarte y Ricardo Carbajal. Cinco días antes, habían declarado culpable al acusado -por unanimidad- de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado y abuso sexual simple en concurso real.
Los hechos denunciados por las tres mujeres sucedieron entre 2022 y 2023, año en el que Córdoba asumió como concejal. De momento, sigue ostentando su cargo público y además permanecerá en libertad hasta que la condena quede firme, a pesar de los pedidos de inmediata detención de los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, y de la querella, representada por Conrado Rudy Pérez.
Más allá de la libertad de la que seguirá gozando Córdoba, pesa sobre él una prohibición de acercamiento y contacto de cualquier tipo con las víctimas. Asimismo, no podrá salir del país ni incluso de Goya sin autorización judicial. También deberá presentarse el primer día de cada semana ante el tribunal.
Por otro lado, al edil se lo absolvió por insuficiencia probatoria de los delitos de coacción y privación ilegal de la libertad.
Las jornadas de debate comenzaron el jueves 12 de septiembre y durante ellas declararon 19 testigos. El pasado miércoles, día en que se declaró la culpabilidad de Córdoba, se escucharon los 3 alegatos, de la fiscalía, la defensa, y la querella.
Los dos hermanos Kiczka seguirán detenidos hasta el juicio
El ex diputado de Misiones Germán Kiczka y su hermano, Sebastián, seguirán en prisión hasta que se celebre el juicio en su contra por tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil.
Así lo determinó el juez Miguel Faria, al dictarles las prisiones preventivas. En el caso del ex legislador, lo hizo el pasado 13 de septiembre, luego de que se presentara a declarar en el Juzgado Penal 4 de Apóstoles y negara su culpabilidad ante el magistrado.
Por su parte, la prisión preventiva para Sebastián Kiczka fue dictada el 20 de septiembre, quien el día anterior se había negado a declarar en su presentación ante el magistrado.
La otra gran novedad en la causa que tuvo lugar la semana pasada se dio el 18 de septiembre, cuando Faria ordenó allanar la casa de los suegros de Germán Kiczka.
Fuentes judiciales le indicaron a Infobae que se tomó la decisión luego de haber encontrado un chat entre el acusado y su pareja, en el que la mujer le dijo a Kiczka que deberían esconder una computadora y un “aparato” con fotos porque estaban “muy a la vista”. Luego, sugirió meterlo todo “en una bolsa” y llevarlo a la casa de sus padres.
Incluso, en un momento posterior del diálogo, la mujer del recientemente expulsado del cuerpo legislativo misionero le confió a su marido que tiene “miedo” por el devenir de la causa por la que está detenido.
Tras el allanamiento, realizado por agentes de la división de Cibercrimen, se secuestraron dos computadoras del programa Conectar Igualdad y un disco rígido externo que fueron hallados en una bolsa. También se incautaron una CPU y cuatro teléfonos celulares. Todo está siendo analizado.
Además, la Justicia apunta a una secretaria del Juzgado de Apóstoles que podría quedar implicada por encubrimiento.
La mujer es la esposa del abogado del ex diputado y es señalada por los investigadores porque cerca de las 10 de la noche del 22 de agosto, horas después de que Germán Kiczka fuera desaforado en la Legislatura de Misiones y ya fuera considerado prófugo por la Justicia, recibió una llamada en su teléfono móvil por parte del acusado y mantuvo una conversación por varios minutos, pero aún siendo funcionaria judicial nunca dio aviso a las autoridades pertinentes.
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