A partir del lunes, los presos de Santa Fe calificados como de “peligrosidad alta” usarán uniforme naranja

Desde este lunes, más de 60 presos de alto perfil de las cárceles de Santa Fe deberán utilizar uniformes de color naranja, una medida incluida en la nueva ley de Ejecución de la Pena aprobada en diciembre del año pasado, impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Según los argumentos, el objetivo será facilitar la identificación, el control y la visibilidad de los internos “más peligrosos”.

La legislación aprobada en diciembre por ambas cámaras provinciales incluye en su artículo 24 un código de vestimenta que requiere, en ciertos casos, el uso de ropa específica. La normativa establece que “la reglamentación determinará en qué casos será obligatorio el uso de uniformes, pudiendo asignarse uniformes diferenciados según la situación legal, el nivel de seguridad, la zona de circulación asignada o las tareas que el interno desempeñe”.

El propósito de implementar estos uniformes es aumentar la seguridad y la visibilidad de los presos clasificados como de “Nivel 1″, considerados de alta peligrosidad. Esto permitirá a las autoridades penitenciarias identificar de manera rápida a los reclusos según su perfil.

Además de los reclusos de alto perfil y altamente peligrosos, hay más de 400 con diferentes tipos de restricciones. Algunos de estos internos ya están sujetos a regímenes especiales y reciben visitas a través de una placa de blindex.

La resolución 008/2024, que regula la implementación de la medida, establece que los “uniformes obligatorios color naranja” deben ser usados por los internos en todo momento cuando sean retirados de su lugar de alojamiento, ya sea para un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria, hasta su regreso.

La resolución también prohíbe el ingreso de visitantes con ropa naranja para evitar posibles confusiones o conflictos dentro de los establecimientos. Además, en los considerandos, se especifica que “el interno es responsable del cuidado y mantenimiento de su ropa personal, y responderá ante ello con descuentos del peculio en caso de roturas o deterioro del uniforme”.

La nueva legislación también establece el criterio para incluir a un recluso dentro de la categoría “alto perfil”. “Quedarán comprendidos en este grupo aquellos que tengan participación o contacto con organizaciones criminales complejas o relacionadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos”, se sostiene en la norma.

También aquellos vinculados “en hechos de violencia hacia particulares; antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria; participación en motín o tumulto” o, incluso, relacionados con la “disponibilidad de recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas”.

La ley también establece que el Gobierno deberá construir cárceles específicas para este tipo de internos y las normas de trato para presos de alto perfil pueden ser aplicadas de forma discrecional y a la población penitenciaria común.

En enero pasado, el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, confirmó la medida y explicó sus alcances a futuro.

“Llegará el momento en que todos tengan un uniforme diferenciado. Vamos a empezar por distintas categorías. El uniforme te sirve para establecer a dónde va cada preso dentro de la dinámica carcelaria, el que puede pasar esa puerta para ir a un taller, para ir a una escuela... uno tiene que poder visualizarlo”, comentó.

En aquel entonces dijo que la decisión es parte de “una transformación muy severa en las condiciones de detención con herramientas de control mucho más potentes”. Detalló que la ley “permite que los presos dentro de poco puedan utilizar uniformes de color diferenciado según al sector al que pertenecen. Si trabaja o no, si es de alta, media o baja peligrosidad, según el tipo de delito”, y justificó al explicar que, según su criterio, permitirá “una mejor visualización y control de lo que ocurre”.

Roberto Pettinato (padre), director general de Institutos Penales de la Nación Argentina entre 1947 y 1953, fue quien estableció en 1947 el fin del traje a rayas por ser considerado estigmatizante y mejoró el sistema penitenciario. En 1983, con el retorno de la democracia, se tomó la misma decisión en Provincia de Buenos Aires.

En el año 2000, Patricia Bullrich, quien entonces estaba a cargo de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, propuso que el uniforme naranja fuese utilizado por los presos más peligrosos en la cárcel de Ezeiza. Su idea, en aquel momento, no tuvo éxito.