Ofrecen una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte información sobre el paradero del diputado de Misiones prófugo

A menos de 24 horas desde que Interpol emitiera una alerta roja sobre Germán Kiczka, el gobierno de Misiones anunció una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte datos sobre el paradero del diputado acusado de pedofilia, que está prófugo de la Justicia desde la semana pasada.

La medida fue comunicada por el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, a través de sus redes sociales, donde publicó un posteo en el que pidió información sobre el dirigente libertario, desaforado de la legislatura local en los últimos días.

“De acuerdo a los respaldos y predisposición de organismos internacionales como Interpol, que ha determinado la alerta roja en la búsqueda del diputado provincial desaforado del frente Cambiemos/partido Activar Germán Kiczka y de su hermano, Sebastián Kiczka, que cuentan con una orden de detención por resolución judicial acusados de tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil; he decidido establecer una recompensa de 5 millones de pesos para quienes brinden datos precisos del paradero de los prófugos, en consideración de la gravedad de los aberrantes delitos contra la infancia anteriormente mencionados”, informó el mandatario provincial en X.

Al final de la publicación, Passalacqua solicitó que cualquier dato de relevancia sobre los hermanos sea comunicado al 911 o de manera presencial en la dependencia policial más cercana.

El ofrecimiento de las autoridades misioneras ocurre luego de que Interpol emitiera este lunes una alerta roja para encontrar a Germán y Sebastián Kiczka, prófugos en la causa que los investiga por tenencia y distribución de material de explotación sexual a menores de edad.

Si bien las últimas pruebas recabadas por la Justicia sugieren que el legislador se habría escapado del país por un paso ilegal cercano a la Triple Frontera, aún no hay pistas firmes, ni del juzgado del caso ni de la Policía de Misiones.

Los informes de la Dirección General de Migraciones revelaron que Kiczka tiene como último movimiento un viaje ida y vuelta a Paraguay. “Eso no quiere decir nada”, asegura un investigador del caso: “Podría haber salido ilegal para tomar un vuelo en cualquier parte de Latinoamérica”.

La tarea de encontrar al diputado y su hermano recayó en la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la PFA, con una historia reciente de capturas exitosas a nivel local e internacional.

Hoy, las apuestas son España, donde el legislador tiene una hermana, aunque quienes están a cargo de hallarlo lo consideran improbable. Brasil y Paraguay, con la porosidad de la Triple Frontera, tienen las chances más fuertes, “principalmente Brasil”.

El caso tomó alta repercusión política. Y uno de los dirigentes que se hizo eco de lo sucedido fue el expresidente provisional de la Nación Ramón Puerta, cuyo hijo Pedro Puerta conduce el Partido Activar que integraba Kiczka. Un espacio que estuvo ligado a Juntos por el Cambio, pero que viró hacia el ala libertaria tras el triunfo de Javier Milei.

En este sentido, el también exgobernador aseguró en diálogo con Crónica TV que toda la investigación es producto de una “persecución política”. Lo mismo había asegurado el acusado en su última entrevista televisiva antes de darse a la fuga.

El juez de la causa, Miguel Faría, respondió a sus declaraciones en diálogo con Infobae: “Contrariamente a lo que dijo Ramón Puerta, acá no hay ninguna persecución política, me estoy manejando con total imparcialidad, sin presiones de ninguna índole, respetando el debido proceso y el derecho de defensa de los imputados”.

Y agregó: “Pretender hablar de persecución, es pretender manchar la transparencia de la investigación, basada en los elementos probatorios reunidos objetivamente, de una investigación iniciada en Estados Unidos, en la operación denominada ‘Guardianes digitales por la niñez’, Organizada por la Coalición de Rescate Infantil (CRC), en conjunto con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo final es la búsqueda e identificación de víctimas en línea”.

Incluso, recordó que cuenta con “32 años de carrera judicial” y accedió a los cargos que ocupó “por concurso de oposición y antecedentes”.