Procesaron a un reconocido abogado acusado de explotar sexualmente a 21 mujeres en estudios webcam

El Juzgado Federal de San Juan procesó con prisión preventiva a tres hombres acusados de haber engañado a al menos 21 mujeres en situación de vulnerabilidad con falsas ofertas laborales para luego explotarlas sexualmente en estudios webcam a través de una empresa denominada “Belle Argentina”. Entre los investigados se encuentra un reconocido abogado penalista de la provincia cuyana.

El juez Leopoldo Rago Gallo, además, ordenó embargos sobre los bienes de los imputados, alcanzando una suma de 10 millones de pesos para dos de ellos, y de 3 millones para el tercero, informó el sitio fiscales.gob.ar.

La resolución judicial sigue la solicitud del fiscal general Francisco Maldonado, del fiscal federal Fernando Alcaraz y de la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano.

Según la investigación, los acusados, que eran dueños de la empresa, habrían entrevistado y acogido a las víctimas en diversos domicilios en la capital de la provincia de San Juan, donde las explotaban sexualmente. El tercer imputado, considerado partícipe necesario, actuaba como “monitor” de las víctimas durante los streamings eróticos.

El juez indicó que las ganancias netas obtenidas por la explotación de las víctimas ascendieron aproximadamente a 141 millones de pesos en un lapso de dos años, lo que equivale a ingresos mensuales de alrededor de 6 millones de pesos.

Debido a la sofisticación de los medios empleados para la explotación, la fiscalía requirió el uso de la técnica del agente revelador, que permite a un miembro de las fuerzas de seguridad simular interés y participar en actividades del grupo criminal para identificar a los implicados, detenerlos e incautar bienes. La medida fue ejecutada por la Gendarmería Nacional.

Así, los efectivos recolectaron pruebas que llevaron a allanamientos en cinco domicilios el 3 de julio, donde fueron detenidos los sospechosos. Uno de ellos es el letrado Gustavo De la Fuente, cuyo arresto llegó a tratarse en el Poder Legislativo provincial, ya que se había postulado para cubrir cargos judiciales. Está preso en el penal de Chimbas. Los otros acusados son un ciudadano de nacionalidad colombiana y otro oriundo de Venezuela.

La investigación reveló que la captación de las víctimas se realizaba mediante ofertas laborales engañosas publicadas en redes sociales, prometiendo un cambio de vida. Al ser entrevistadas, las mujeres descubrían que el trabajo estaba vinculado a streamings eróticos para usuarios de diferentes países, con la promesa de quedarse con el 50% del dinero producido. No obstante, solo recibían el 20%, ya que los imputados usaban diversas excusas para incumplir la promesa de pago.

Las víctimas residían en los estudios de grabación de la empresa o en departamentos gestionados por los imputados debido a sus vulnerabilidades socioeconómicas. Debían “pagar” su estancia mediante actos sexuales, no con dinero. Además, los pagos prometidos se realizaban en dólares, pero las mujeres recibían pesos, con conversiones que les desfavorecían.

Una denunciante detalló que su horario de conexión era de 16 a 22, de lunes a sábados. Dijo que recibían un “kit de iniciación” que constaba de diferentes tipos de objetos sexuales, como vibradores, lubricantes y dildos de diferentes tamaños para su utilización durante los actos sexuales. Y explicó que los denominados “clientes” abonaban a través de “tokens” y/o criptoactivos mediante diferentes billeteras virtuales.

En su resolución, el juez subrayó que las acciones de los miembros de la organización “cosificaban y ultrajaban” a las mujeres, utilizando términos como “sexo virtual” o “modelaje erótico” eufemísticamente para disfrazar la oferta de servicios sexuales. Añadió que términos tales como “monitores”, “socios” o “dueños” eran empleados para otorgar una apariencia de sofisticación y exclusividad, que en realidad escondía una explotación brutal.

El juez destacó que las víctimas compartían un contexto socioeconómico complejo, con escasas o nulas redes de contención, lo cual las hizo soportar maltratos y condiciones laborales abusivas durante un tiempo determinado. Estos mecanismos de explotación incluían deudas por kits sexuales, multas, y otros gastos que derivaron en jornadas extenuantes y trabajos forzados. Además, debían desempeñarse bajo condiciones deplorables, en lugares donde no tenían ni calefacción ni agua caliente. Las obligaban a compartir habitaciones, baño y objetos sexuales sin higienizar.

La investigación se inició el 29 de marzo de 2022, a raíz de una denuncia anónima sobre una página publicitaria en Facebook de “Belle Argentina – Estudio de Modelaje WebCam”, que ofrecía trabajo para mujeres de 18 a 45 años “de forma segura, legal y profesional”. Aunque inicialmente se archivó por falta de pruebas corroborables, nuevas denuncias presentadas el 12 de octubre de 2023 llevaron a reabrir el caso. PROTEX documentó que la empresa contrataba mujeres para transmitir contenido sexual en directo en diversas plataformas web y retener el 50% de los ingresos por estos servicios, además de señalar la presencia de drogas en dichos entornos.