Camila Bertolone, de 29 años, irá a juicio por cuatro hechos de estafa y asociación ilícita. Es la hermana de Ivo Nahuel Bertolone, considerado el líder de un grupo de amigos acusados de montar una estafa piramidal al estilo Ponzi, bajo la fachada de una supuesta empresa de asesoramiento e inversiones financieras llamada Money Shelter, literalmente, “el refugio del dinero”.
La fiscal María Gabriela Urrutia, titular de la UFI descentralizada de General Rodríguez, señaló que Camila, junto a su hermano Ivo, al trader Yago Escobar y Agostina Biagioni formaron parte de una organización criminal que funcionó hasta al menos el mes de noviembre de 2022, provocando un perjuicio a los denunciantes de, al menos, 152 mil dólares. La decisión de enviar a Camila a juicio fue tomada por el juez de garantías Gabriel Castro, con asiento en Moreno. Yago Escobar fue procesado con prisión preventiva; Biagioni y el hermano de Camila -señalado como el presunto jefe de la asociación ilícita- continúan prófugos.
“Movidos por un ánimo de lucro ilegítimo, se dispusieron a cometer delitos contra la propiedad, para lo cual diseñaron una maniobra consistente en captar fondos de particulares y, bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en la Bolsa de Acciones de los Estados Unidos y fondos de inversión, ofrecían retornos con rentabilidad extraordinaria”, supuestamente a sabiendas de que no podrían cumplir sus promesas, indicó Urrutia en el pedido de elevación a juicio al que tuvo acceso Infobae.
En su discurso de venta, los integrantes de Money Shelter garantizaban a las personas que les confiaron su capital que los valores que recibían se encontraban asegurados por una compañía con sede en Londres, Gran Bretaña. Una garantía que, según pudo comprobar la fiscal, nunca existió.
De esta manera, la joven, según el pedido de Urrutia, formó parte de “una organización estructural” con roles claramente divididos, como captar “inversores”, en base a los falsos resultados exitosos de sus negocios.
Así, varios operadores de Money Shelter “se encargaban de la parte administrativa y manejo de redes, publicando fotografías con viajes ostentosos, realizando fiestas en las que se regalaban billetes de dólar y se movilizaban en autos de alta gama, con el objeto de aparentar solvencia económica obtenida en sus negocios bursátiles y financieros”, detalla el escrito de la fiscal.
Money Shelter, que no tenía autorización del Banco Central para operar, ofrecía una ganancia de 5 por ciento mensual, en dólares. Los investigadores de la causa creen que el dinero recibido por los amigos tenía como destino la firma Adhemar Capital SRL de Catamarca, otra empresa involucrada en una estafa similar, pero a mayor escala.
Camila, que estuvo detenida y fue excarcelada, explicó la operatoria de la banda en su declaración indagatoria. Dijo que en el año 2021, su hermano le ofreció ser su secretaria en su nuevo emprendimiento. La joven dijo que Ivo le enviaba una planilla de Excel para consultarle a las personas que allí figuraban qué iban a hacer con la plata, si la retiraban o la reinvertían.
Una vez que todos los clientes le respondían, tenía que ir a la oficina de Núñez, ubicada en Avenida Libertador, cerca del estadio de River Plate. Lo hacía una o dos veces por mes. Aseguró que, por esa tarea, los socios le pagaban 60 mil pesos mensuales. Dijo, además, que trabajó para Money Shelter hasta que, a principios del 2022, su hermano le dijo que había un problema y le pidió que le enviara el siguiente mensaje a los clientes:
“Por la nueva resolución de la empresa, bajan los pagos mensuales debido a los cambios de los algoritmos que se están trabajando. Se bajan los riesgos, pero genera bajas ganancias, sobre todo también, se trata de bajar los riesgos al mínimo, por el tema de la guerra que no impacte fuerte en los resultados.”
Luego, se suspendieron los pagos. “La gente me preguntaba qué había pasado con la empresa, con los pagos y no sabía qué responder. Agarré el celular que me dio mi hermano de la empresa para hablar y se lo devolví. No me metí más. No sabía. No era un problema mío lo que estaba pasando”, señaló en su declaración.
Sin embargo, para Urrutia, la hermana de Ivo no habría sido una mera secretaria. La fiscal considera que tuvo una participación activa en la maniobra y en los negocios de la banda. “La imputada no solo cumplió con una función de secretaria, sino que estaba además relacionada al asesoramiento y la captación de nuevas víctimas”, indicó la fiscal en el petitorio en el que, además, subrayó una conducta recurrente de borrar mensajes.
Así, la fiscal pidió que sea condenada, en un juicio abreviado, a tres años de prisión en suspenso y el cumplimiento de reglas de conductas durante cuatro años, un pacto que deberá homologar el tribunal a cargo del proceso.
Además, solicitó que le pague a los damnificados el 10 por ciento del total defraudado, en concepto de reparación simbólica, en el escrito en el que dejó abierta la posibilidad de un nuevo imputado en la trama.