Expediente Loan: los misterios que dejó la Justicia de Corrientes y que busca responder la jueza Pozzer Penzo

La Justicia de Corrientes tuvo en sus manos el caso Loan durante once días. Aunque en proporción es menor al tiempo de la intervención del fuero federal, que ya lleva 31 días, los primeros instantes son los más importantes en una investigación. La causa, inicialmente a cargo de Juan Carlos Castillo y Gustavo Barry, fue aceptada por la jueza Cristina Pozzer Penzo con varios puntos inconclusos.

Como si se tratara de una ironía, el expediente de la Justicia provincial presenta un error desde la carátula: en el casillero de “imputados” alguien escribió “Mónica del Carmen Cardozo” en lugar de Mónica del Carmen Millapi. Lo remendaron con una tachadura.

Las fojas judiciales denotan que Castillo, el primer fiscal que tuvo el caso a su cargo, se cerró en una sola hipótesis durante varios días: la de “Loan perdido en el monte”, tal como lo sugirieron todos los presentes en el almuerzo del 13 de junio, en la casa de Catalina Peña, su abuela, en el paraje “El Algarrobal”.

La cámara Gesell realizada a los menores que acompañaron al chicos de 5 años a buscar naranjas fue el principal sustento de esa línea investigativa, alimentada por el hallazgo del botín plantado y otros “indicios” encontrados en el rastrillaje como supuestos restos de vómito, materia fecal humana y una naranja pelada con una precisión inusual para un chico de cinco.

Castillo incluyó en el expediente el testimonio de uno de ellos: “Nos fuimos a comer naranjas y Loan comió una y después se perdió”, dijo el nene. Luego, ordenó detener a Millapi, a su esposo Daniel “Fierrito” Ramírez y a Antonio Benítez e imputarlos por abandono de persona. Esa fue la primera hipótesis.

Investigadores que trabajan en el caso consideran que esas aprehensiones también complicaron el esclarecimiento de la sustracción de Loan, debido a que el fiscal no contó con evidencias previas.

“Si un papá o una mamá pierde a su hijo en un shopping, nadie ordenaría detenerlos. Quizás el fiscal tuvo un dato o sospecha sobre ellos que no trascendió”, indicaron.

En las últimas horas, Pozzer Penzo solicitó conocer si los chicos que acompañaron a Loan pueden volver a declarar, de forma urgente.

La segunda área gris es la figura del comisario Walter Maciel, hoy preso en una cárcel federal como parte del plan, quien estuvo a cargo de las principales actuaciones y la coordinación de los rastrillajes, desde el día 1. Incluso, el uniformado solicitó medidas por indicación del funcionario judicial y los informes sobre los distintos rastrillajes fueron dirigidos a su nombre. El 22 de junio, pidieron su detención.

Además, la comisaría del pueblo se convirtió en la sede donde se tomaron gran parte y las principales declaraciones. Las testimoniales fueron registradas por oficiales y no por el fiscal del caso que permaneció en su despacho de Goya. Para colmo, la mayoría de las actas aparecen manuscritas, un aspecto que dificulta la comprensión. También fue el lugar donde se resguardaron las evidencias: hisopados, ropa y elementos encontrados en durante la búsqueda

Cuando las sospechas en torno al rol del ex comisario crecieron, su rúbrica fue reemplazada por la de Eduardo Torres, el segundo a cargo en la policía local, quien había acompañado las actuaciones desde el inicio del proceso.

Según informó el ahora ex jefe policial, 459 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad federales, provinciales y el Ejército, rastrillaron, con la ayuda de 80 vehículos, 73 motos, 10 drones, 6 canes y 12 caballos, incluso parapentes, en un área de 25 mil hectáreas.

Todos esos recursos miraron solo a un sector del campo de 9 de Julio, entre la casa de Catalina y la ruta 123, dejando varias zonas sin recorrer. Recién el 1 de julio cesó la búsqueda centralizada en la llamada zona 0. Todas esas tareas de búsqueda están ahora cuestionadas y la jueza autorizó a la querella a volver a rastrillar con canes el camino desde la casa de la abuela Catalina al naranjal.

Ahora bien, si el comisario algo tuvo algo que ver, su desplazamiento llegó demasiado tarde. Para ese entonces, ya se había sumado el fiscal Guillermo Barry al caso, quien colaboró para encastrar las piezas que permitieron cambiar las imputaciones a captación de persona para fines de explotación. Es decir, la segunda hipótesis.

La prueba más firme que presentaron los fiscales en ese sentido fue la pericia odorológica, que dio positivo en el Ford Ka y en la camioneta Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, realiada el 19 de junio. Aunque es una pista fuerte, no es determinante. Fue suficiente, sin embargo, para pedir que la Justicia Federal se haga cargo del expediente.

En el medio, quedaron cabos sueltos plasmados en testimoniales tomadas entre el 15 y 17 de junio, como aquella que develó el paso a toda velocidad de una camioneta blanca durante la noche hacia la zona de la desaparición o la del ambulanciero que aseguró escuchar los gritos de un niño.

Nadie reparo en las contradicciones de los involucrados, entre ellas, las evidentes inconsistencias de Laudelina, quien fue señalada expresamente por Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan, en una declaración espontánea en la comisaría, en la que también se preguntó por qué Camila no estaba detenida.

A la vez, hubo una marcada demora en el pedido de secuestros y allanamientos, y pericias inconclusas, como la pericia bioquímica que solicitó Maciel el 16 de junio sobre la ropa de los detenidos y otras evidencias recolectadas en los rastrillajes.

Ahora bien, ¿por qué los fiscales no profundizaron en el informe preliminar entregado el 17 de junio por el Centro de Análisis Criminal de la Policía de Corrientes sobre los celulares, en el que los peritos marcan “indicadores interesantes para tomar en cuenta” en el entrecruzamiento de llamados y mensajes de texto hallados?

Es más, ¿por qué se tomó en cuenta el luminol positivo del 21 de junio realizado por la misma fuerza de seguridad en el auto incautado a Ramírez y a Millapi y en la Ford Ranger y el Ford Ka de Carlos Pérez y Victoria Caillava?

¿Por qué secuestraron siete días más tarde la moto de Antonio Benítez, el marido de Laudelina? ¿Por qué no se reparó en la declaración del 17 de junio, en la que Laudelina dijo haber escuchado, en la madrugada de la desaparición, decir a los policías en la comisaría que habían encontrado a Loan en una tapera? “Lo encontramos, está asustado”, fue la frase que rememoró en su testimonial.

Hay, por otro lado, un misterio sin resolver, un poco básico: ¿quién alertó a la Policía ese 13 de junio y a qué hora? El primer cuerpo del expediente abre con actuaciones del 14 de junio.

El acta policial, firmada por Torres y Maciel, fue realizada a las 15.09 del 14 de junio, según el registro. Allí relatan que el día anterior, “siendo las 16.05 se tomó conocimiento que el Paraje Algarrobal se habría perdido un menor de 5 años de edad. Motivo por el cual de forma inmediata sale una comisión policial (...) a fines de constatar dicho llamado”.

En ese primer contacto, los policías entrevistaron a María Luisa Noguera, la mamá de Loan. Según el parte, la mujer dijo que su hijo se fue al monte a las 14, aproximadamente, en compañía de otros menores y dos mayores (Benítez y Ramírez). Media hora más tarde, cuando se disponían a volver, se percataron que Loan no estaba.

Los policías realizaron una búsqueda con resultado negativo, por lo que escalaron la denuncia a la Comisaría Departamental. Se realizó un rastrillaje mayor con familiares y vecinos. Sin noticias de Loan, se dio aviso al Director de Unidad II de Goya y así se sumaron otras dependencias de la zona, los Bomberos, drones y Prefectura Naval a la búsqueda. “Realizaron un amplio e intensivo rastrillaje por la zona, ya que es inhóspita, con frondosa vegetación y caminos sinuosos, con zona de bañados y cangrejales”, informan Maciel y Torres como novedad a 24 horas de la desaparición.

El detalle: el mismo documento policial hace referencia la hora en la que dan aviso al fiscal: a las 15.09 del 13 de junio.

A 42 días, investigadores consultados por Infobae están convencidos de que, por el momento, no hay elementos o evidencias que puedan sostener en el tiempo la nueva figura con la que la jueza Pozzer Penzo imputó a Millapi, Ramírez, Benítez, Maciel, Laudelina, Pérez, Caillava: la coautoría de la sustracción y ocultamiento de Loan. La magistrada también deberá definir la situación del ex policía Francisco Méndez, el último y octavo detenido.

Por lo pronto, este 22 de julio, la jueza cruzó al fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, en una dura resolución en la que remarcó que está a cargo de la investigación “hace 7 días”. Una forma de marcar el tiempo perdido, con una cuarta hipótesis y la primera muestra pública de una relación que incluyó roces desde el principio.